Con el Oído Agudo

LA FIRMA QUE NO IBA

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La ajetreada y extensa última sesión del año del Concejo Deliberante dejó mucha tela para cortar. En el recinto se trataron temas muy importantes, como la aprobación del Presupuesto 2021, la prórroga de la concesión del servicio de transporte público de pasajeros y la prolongación de la Emergencia Sanitaria hasta el 31 de marzo, lo que generó todo tipo de cruces y debates.

Justamente el abordaje de la Emergencia dio lugar a una especie de paso de comedia debido a una confusión. Es que el bloque del Frente de Todos no acompañó con sus votos la sanción de la prórroga -que igual salió por mayoría con el apoyo del oficialismo y del bloque Integrar- pero el dictamen de Comisión estaba, curiosamente, avalado por la firma de la concejal opositora Silvia Nosei.

A dicho detalle aludieron algunos ediles de Juntos por el Cambio, que evidenciaron su sorpresa por la firma. Ante este extrañamiento, la concejal Nosei se vio obligada a pedir el uso de la palabra para aclarar la situación y ofrecer disculpas por estampar su rúbrica “sin querer”, motivo por el cual tuvo que rectificar la signatura.

“Sobre mi firma puse ‘no va’ y no voy a esquivar mi responsabilidad. La rendición de cuentas es un papelito que carece de todo valor y no voy a firmar algo que sigue siendo igual”, explicó.

“La situación que es la segunda vez que me pasa, que quedan cosas para firmar en el escritorio, algún colaborador pone un sello y cuando veo mi sello, firmo. Ayer (por el lunes) en la Comisión de Labor Parlamentaria manifesté que no estaba de acuerdo y anulé la firma. Pido disculpas a todos mis compañeros y colegas concejales porque es una desprolijidad. Está en mi honestidad haberlo dicho en la comisión y decirlo ahora públicamente; cuando se cometen errores está bueno reconocerlos y pedir disculpas”, se excusó la edil.

Hace un mes también hubo un inconveniente por un tema parecido, que el radical Bernardo Weber se encargó de ventilar en una sesión. En esa oportunidad el dirigente estudiantil le apuntó a Daiana Esnaola, del Frente de Todos, por el derrotero en la Comisión de Cultura y Educación del expediente sobre la resolución en apoyo al grupo de padres que le pide a la Provincia el regreso a clases presenciales.

Tras varias amenazas de su par Cristian Cisneros, el presidente de la Federación Universitaria Argentina (FUA) anticipó que iba a contar lo ocurrido en la comisión, ya que en la sesión anterior lo habían acusado de quebrar acuerdos, en referencia a la decisión adoptada por los presidentes de bloques de no llevar al recinto resoluciones en apoyo a proyectos provinciales o nacionales. Fue durante el tratamiento de adhesión a la iniciativa de descontar del Impuesto a las Ganancias los gastos en educación, que el bloque opositor no acompañó.

Así, Weber se despachó con acusaciones a la joven Esnaola y entre otros conceptos fuertes, le achacó que no tenía palabra, porque había pedido un tiempo para consultar la postura de su bloque y luego había desconocido que el expediente tenía acordado dictamen de mayoría.

Por lo pronto, pareciera que más de un representante del pueblo tiene que afinar el ojo y la atención para ver dónde pone el “gancho”, porque quizás terminen firmando cualquier cosa sin darse cuenta…

EL “FRACASO” DE ALERTA TANDIL

Bajo el título “El fracaso que pagamos todos los vecinos”, el concejal del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, reeditó sus cuestionamientos en torno a una de las herramientas implementadas desde la Secretaría de Protección Ciudadana, cuyo éxito ya fue puesto en duda y en debate en varias oportunidades.

El presidente de la bancada publicó en su página de Facebook un descargo sobre el funcionamiento de Alerta Tandil, que resume una de las intervenciones que realizó en el recinto, en la última sesión del año del Concejo Deliberante.

Durante el encuentro legislativo, el oficialismo aprobó el contrato para que Alerta Tandil siga funcionando. Se trata de la aplicación que se implementó “para mejorar la seguridad de la ciudad, pero que, hasta el momento, es un fracaso”.

Al fundamentar su planteo, Iparraguirre expuso que “en dos años sólo la descargaron 1.800 dispositivos móviles, o sea que ni siquiera podemos decir que la usaron 1.800 personas”.

A pesar de los “grandes esfuerzos del Gobierno municipal y de la Secretaría de Protección Ciudadana para difundir esta herramienta, el uso de Alerta Tandil parece nulo”.

Sin embargo, el concejal observó que la dependencia a cargo de Atilio Della Maggiora “volverá a invertir cinco millones de pesos en Alerta Tandil;  una herramienta con magros resultados volverá a contar con una gran cantidad de recursos económicos”.

Luego, citó un “simple dato: el dinero que se utilizará para sostener la aplicación es mayor que la inversión que realizó la Secretaría de Desarrollo Productivo para sostener a los que trabajan y generan trabajo durante la pandemia. Las prioridades del Gobierno municipal son, al menos, raras”.

Al “fracaso” de Alerta Tandil y a la “impresionante inversión”, el legislador sumó “la falta de información sobre el contrato y la aplicación en general: al día de hoy no sabemos por qué el Municipio insiste con sostener esta política pública, pero tampoco sabemos en qué lugar están alojados los servidores y qué pasa con los datos de los usuarios”.

Por todo esto, “creemos que la aprobación del contrato para sostener Alerta Tandil por parte del oficialismo no tiene ningún tipo de fundamento: esperamos que la Secretaría de Protección Ciudadana brinde las respuestas necesarias que se merecen todos los vecinos; también deseamos que las prioridades del Gobierno sean las de acompañar a todos los ciudadanos en los momentos difíciles”, concluyó Iparraguirre en el posteo que publicó un día después de la sesión.

LA INTERNA RADICAL

Superado el 2020, año que quedará marcado por la irrupción de la pandemia, los espacios políticos comienzan a definir las estrategias con el objetivo puesto en las elecciones de medio término que se celebrarán este año.

Bajo ese esquema, en el radicalismo surgió una nueva agrupación que apunta a coordinar el armado dentro del sector que se encolumna detrás de la figura del intendente Miguel Lunghi, con miras a posicionar al candidato que buscará sucederlo en el sillón de Duffau.

Según pudo saber este Oído, el espacio nació hace algunos meses y se constituyó con el nombre La 14 de Septiembre, en referencia al primer triunfo electoral del pediatra.

En él confluyen los principales hombres del lunghismo, que forman parte del equipo de Gobierno desde 2003, quienes serán los encargados de llevar adelante el posicionamiento de los candidatos y las decisiones del armado político, frente a lo que podría ser un nuevo capítulo de la interna radical con el sector que representa Marcos Nicolini.

DE POSICIONAMIENTOS Y CIERTO FASTIDIO

En esa carrera por la sucesión, algunos se anotan. Sin decirlo a boca de jarro, la actitud de Luciano Grasso pone de manifiesto que quiere ser. En las mesas de café o en la rosca –como dice el mundillo político-, lo posicionan como el lunghista que tiene el perfil personal más parecido a Marcos Nicolini, aunque ambos estén distanciados en aspectos ideológicos respecto de algunos temas.

Luego de su gestión en el Ministerio de Salud de la Nación durante el gobierno de Mauricio Macri, volvió al Concejo Deliberante –tenía licencia-, donde encarnó un rol activo en cuanto a las intervenciones en los debates. Esa misma actitud mantuvo en el último encuentro legislativo del año, durante el tratamiento del presupuesto.

Si bien la concejal relatora del oficialismo era Maridé Condino, una vez que la presidenta de Economía terminó su exposición que abarcó los principales aspectos para 2021, Grasso tomó la palabra y habló largo y tendido sobre el presupuesto proyectado para el Sistema Integrado de Salud Pública.

La intervención del profesional de la Salud Mental provocó cierto fastidio en su compañera de bancada, a quien le resulta bastante difícil disimular sus expresiones cuando alguna actitud le molesta. La situación no pasó inadvertida en el recinto y aseveraron que no es la primera vez que ocurre.

Sabido es que en política no resulta sencillo asomar la cabeza y menos, en un año electoral.

TURISMO 

El dato es concreto y real: 12.930 personas tramitaron a lo largo de diciembre su permiso para ingresar a la ciudad a través de la aplicación Cuidar Verano, que el Gobierno nacional puso a disposición de la población durante la pandemia del coronavirus.

Ahora bien: ¿alguien pide el permiso? La respuesta, hasta el momento, es negativa. Según las autoridades de Turismo de la ciudad, el permiso sirve para mantener un control en una situación de emergencia como la que se está atravesando y poder trabajar a partir de los datos que brinda. Sin embargo,  no se han divisado, según explicaron a este medio, controles en rutas o lugares estratégicos de la ciudad donde se pida dicho permiso.

A pesar de que no se solicita el registro en cuestión, confiaron los funcionarios que el número de solicitudes se encuadra perfectamente en la capacidad que la ciudad puede ofrecer a turistas que arriban a Tandil. “Debe haber muy pocas personas que no lo hacen”, dijeron y señalaron además que la rigurosidad de los primeros meses en cuanto a los trámites a solicitar para viajar y trasladarse quedaron en el imaginario de las personas y por eso todos lo hacen, al menos para tenerlo.

Otro dato que habla por sí solo y que se desprende de lo que es la aplicación y los permisos es que la gran mayoría de las solicitudes es para ir a cabañas o casas particulares/prestadas, mientras que para los hoteles son escasos. “Estamos tratando de mostrarles a los visitantes que nuestros hoteles son diferentes a los de otras ciudades donde hay mayor aglomeración de gente”, dijeron preocupados desde Turismo al avizorar un problema en el sector.

LA “NUEVA” CAMARA GESELL

En medio de restricciones y cambios drásticos en lo que se conoce como la nueva normalidad, también la Justicia penal tuvo que aggiornarse a los tiempos de pandemia que corren. En ese tren, luego de un largo proceso de impedimentos a la hora de realizar audiencias presenciales, finalmente se logró concretar una cámara gesell, una de las instancias importantes que hacen a las causas de abusos y cuya hasta ayer imposible aplicación generaba un parate en los expedientes que preocupaban -y mucho- para causas de extrema sensibilidad.

Cerrando el atípico año, entonces, y utilizando las herramientas tecnológicas, los actores judiciales protagonizaron la primera experiencia de cámara gesell virtual, una modalidad que vino para quedarse por un largo tiempo, habida cuenta de la realidad sanitaria y el futuro cercano por venir en materia epidemiológica.

Fue así que finalmente se pudo realizar la entrevista entre el perito psicólogo y la víctima cara a cara (por un resonante caso que oportunamente se informará en estas páginas), mientras que las partes, léase juez de Garantías, fiscal, defensor, particular damnificado, acusado, siguieron la entrevista desde un sistema que aportó la Corte, similar al Zoom.

El magistrado coordinó las acciones a través de un grupo de Whatsapp, y a medida que se desarrollaba el interrogatorio del psicólogo a la menor, recibía las preguntas del acusador y de la defensa, las cuales “filtraba” y reenviaba al entrevistador para que se las transmitiera a la entrevistada.

Si bien como en otro tipo de actividades no es lo mismo que lo presencial, las partes se dijeron conformes con el mecanismo utilizado, que resultó bastante fluído,  sobre todo por el buen tino de los actores intervinientes y, en especial, por la experiencia del profesional que debía indagar a la menor y mantener una entrevista lo más amena posible en pos de no quitarle espontaneidad a lo conversado, en un intercambio de suma importancia como elemento probatorio a la hora de valorar lo que será el curso del expediente en cuestión.

QUEBRANTO DE PENA

A propósito de novedades judiciales, trascendió que una vez más la controvertida psicóloga Daniela Lezcano es protagonista de un expediente judicial penal que aguarda por definiciones.

Como oportunamente se informó, la profesional fue sancionada primero por el Colegio de Psicólogos en un resonante caso de abuso que también tuvo consecuencias penales, a partir de una condena de los tribunales locales que cobró firmeza el año pasado.

En medio del proceso de sanción penal surgió un testimonio que ameritó una nueva investigación en su contra, a partir de dilucidar si cometió el delito tipificado como “quebranto de pena”.

A más precisiones, se investiga si la psicóloga siguió ejerciendo cuando ya había sido condenada. De acuerdo a un testimonio surgido de otra pesquisa, efectivamente Lezcano habría realizado entrevistas y terapias cuando ya tenía la inhabilitación para ejercer, conforme la sentencia condenatoria en su contra. Empero, la discusión judicial se focalizó en lo que apeló la defensa de la nombrada, quien señaló que la pena impuesta ya corría con antelación a partir de lo que había resuelto el Colegio de Psicólogos (cuya sanción disciplinaria se efectuó antes de que quedara firme el fallo penal), por lo que los plazos no correrían a la hora de ser juzgada por el caso ahora investigado.

El entuerto judicial quedó en manos de la Cámara. Una vez que resuelva, la investigación proseguirá con una eventual imputación o deberá desecharse según el criterio de la defensa.