Con balance positivo, la OMIC intervino en alrededor de 100 denuncias por mes a lo largo del año

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) se encamina a cerrar un año con balance positivo, un significativo número de actuaciones y asesoramientos, crecimiento de las conciliaciones acordadas y una mayor celeridad en la solución de los conflictos.

“Estamos contentos con el trabajo que estamos llevando adelante. Hemos notado que las empresas están cumpliendo más, no quiero atribuirlo a nosotros, pero en base a lo que vemos, hay un aumento en lo que es el cumplimiento de acuerdos conciliatorios. Y si bien existen todavía reclamos de consumidores y usuarios, cada vez se solucionan más rápido en audiencias de conciliación”, expresó Juan Cruz Eguibegui, quien recordó además que el ente funciona como receptor de reclamos, pero también como espacio disponible para el asesoramiento previo a la realización de una compra o a la firma de un contrato.

El abogado se encuentra al frente del organismo municipal desde principios de octubre pasado, cuando asumió en su cargo. En diálogo con El Eco de Tandil, brindó detalles del trabajo realizado desde la oficina, así como porcentajes de los principales sectores sobre los cuales recibieron demandas.

“El total de denuncias ingresadas a la fecha es de 1027”, informó Eguibegui en referencia a las estadísticas registradas hasta el 12 de diciembre pasado. El titular aclaró que se trata de reclamos sobre los cuales se abrieron procedimientos administrativos, no así de aquellos asesoramientos realizados.

Explicó a su vez que a partir de que un consumidor realiza un reclamo y el mismo genera un expediente administrativo, se suceden una serie de etapas, dependiendo de si se avanzó a una solución o no. La primera, precisó, “es la etapa de conciliación, que es la que más le sirve al consumidor porque es la que le soluciona el problema. En esa instancia, verificada la identidad de la persona, lo que hacemos nosotros es chequear que la persona sea un consumidor a los fines de la ley, que la empresa a la cual está denunciando sea un proveedor de bienes y servicios y que exista una regulación de consumo entre las partes”.

Verificado dichos pasos, agregó que "se vuelca todo en un expediente, se trae una cierta cantidad de documentación y se cita a la empresa a que venga a una audiencia de conciliación”. Esa instancia la lleva adelante el audiencista a cargo. En el caso de no llegar a un acuerdo, el expediente administrativo pasa a una instancia de sumario . Y de verificar el incumplimiento, se sanciona a la empresa.

“Es una sanción que está contemplada en las leyes nacionales de Defensa del Consumidor, y la sanción más común es una multa dineraria, pero puede ser clausura de establecimiento, decomiso de mercadería”, observó.

“Hemos llegado a cobrar multas. Esa multa ingresa a lo que sin las rentas, toda la dirección de rentas del Estado es un fondo creado de información y educación al consumidor. Es plata que se usa, por ejemplo, cuando hay que hacer alguna campaña de difusión”, aclaró, en referencia a la penalización dineraria regulada con montos que inician en el valor de un salario mínimo vital y móvil y pueden llegar 5 mil salarios mínimos vitales y móviles.

“La empresa cuando recibe, tiene 5 días para contestar esa multa. Cuando un expediente ingresa y no hay acuerdo, alrededor del 80 al 85 por ciento de todos estos expedientes se resuelve en etapa de conciliatoria . Y mucho de ese 15 ó 20 por ciento que pasa a sumario se termina resolviendo también. Es raro que una empresa no resuelva. Casi siempre lo que pasa es que se hace la auto de imputación y al pagar la multa, resuelve el problema. O sea que del 15 por ciento que pasa sumario un 10, 11 por ciento se resuelve con la imputación. Y un 4 o un 3 por ciento son las empresas que no cumplen”, detalló.

Los rubros con mayor índice de denuncia de los consumidores

En vistas de analizar en profundidad los números de la oficina, Eguibegui dio cuenta de que de las 1027 denuncias iniciadas, alrededor de 400 -casi un 38 por ciento- fueron contra entidades bancarias públicas o privadas y empresas privadas no bancarias que prestan servicios de tarjeta. 

“Se llevan la mayor cantidad o el mayor caudal de denuncias. Y los reclamos básicamente se ofrecen sobre desconocimiento de compras, o baja de servicio”, sostuvo para luego agregar que también se trata de casos referidos a cuestiones de “ingeniería social”, técnicas ilegítimas de manipulación para la obtención de datos que muchas veces terminan en estafas.

En segundo lugar, hubo también un significativo número de denuncias hacia empresas de electrodomésticos, por productos nunca entregados, diferencias en las condiciones de recepción de los mismos, mal funcionamiento o falta de respuestas.

En tercer lugar, precisó que se encuentran los reclamos elevados contra los planes de ahorro -en particular contra las empresas de mayor caudal de ventas- por demoras en entregas, o falta de información con respecto a los contratos de adhesión.

“Luego tenemos comunicaciones, es un 11,78 por ciento de las denuncias. Son cuestiones de servicios de telefonía, servicios de internet, servicios de televisión. Y básicamente las consultas que más versan es por el aumento del servicio, o por no respetar las promociones contratadas”, explicó.

Siguiendo dicho orden, señaló Eguibegui, se encuentran los reclamos elevados contra empresas de salud. “Es en un menor porcentaje, un 7 por ciento contra entidades de prepagas, generalmente por falta de cobertura”, indicó. Por último, especificó que las aseguradoras tuvieron un 5,8 por ciento de los reclamos, las de construcción y vivienda un 3 por ciento y las de indumentaria un 2 por ciento.

El funcionario concluyó recordando que la OMIC “no sólo es una oficina para efectuar reclamos cuando está hecho el daño, sino también para prevenirlo. Por eso, instar a la gente a que venga, que se acerque, que consulte, que es una oficina pública, que es gratuita, y que defiende los derechos de los consumidores”.