Bajo el lema “salvar vidas no es un delito” defendieron al médico acusado por negarse a hacer un aborto
Mediante una caravana que terminó en las puertas del Hospital municipal, tandilenses ProVida se manifestaron en contra del fallo que declara culpable a Leandro Rodríguez Lastra. El profesional rionegrino fue denunciado por incumplir los deberes de funcionario público. “Es una situación de injusticia en un país donde el aborto es ilegal”, enfatizaron.
Ayer a la tarde, tandilenses embanderados bajo la defensa de las dos vidas se acoplaron a la manifestación nacional en apoyo al médico rionegrino declarado culpable por negarse a realizar un aborto. La concentración tuvo lugar en la esquina de Sanatamarina y Belgrano a las 17, desde donde partieron en caravana por el centro de la ciudad y terminaron en las inmediaciones del Hospital Ramón Santamarina.
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El caso de Leandro Rodríguez Lastra, médico toco-ginecólogo del hospital Moguillansky de la ciudad de Cipolletti, es lo que dio origen a la movilización que se replicó en varias ciudades del país. De acuerdo a la explicación del grupo ProVida tandilense, este doctor fue acusado de incumplimiento de los deberes de funcionario público y declarado culpable en primera instancia en un juicio llevado a cabo el pasado 21 de mayo. A raíz de su caso todos los ginecólogos de Cipolletti se inscribieron como objetores de conciencia. Lo mismo hicieron sus colegas de todo el Alto Valle, Cinco Saltos, Catriel, Allen y Gral Roca.
Cerca de las 18 las bocinas se empezaron a oir por la calle Paz y la fila de autos decorados con banderas y globos celestes y blancos, encabezados por la médica clínica Soledad Saravia que los guió desde el inicio en bicicleta, arribó a la puerta del nosocomio local. Allí los manifestantes se agruparon y cantaron el Himno Nacional Argentino bajo el mensaje “Tandil defiende la vida” plasmado en una bandera y con volantes con la foto del médico acusado por no querer practicar un aborto en Cipoletti.
Como ya es un clásico, estas convocatorias atraen a familias enteras que a pesar del frío se acercaron hasta con sus hijos más pequeños. En esta oportunidad, alrededor de 50 personas se unieron en defensa del médico condenado por el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público” tras ser acusado de haber impedido un aborto no punible a una joven embarazada producto de una violación en 2017. Además, en la ocasión también hicieron hincapié en el apoyo a los doctores y profesionales de la salud quienes, “honrando su juramento hipocrático, rechazan la práctica del aborto y proponen otras vías para ayudar a la mujer”.
Preocupación como madre y médica
Para Soledad Saravia, médica clínica y mamá de Simona, una joven con síndrome de down, el tema del aborto es “tristísimo” y a nadie debería alegrar. “Como profesional me parece que no nos deberían obligar, entonces pedimos que no nos exijan ir contra nuestro juramento hipocrático que lo hemos hecho tan seriamente todos cuando nos recibimos”, apuntó.
Además, hizo referencia al caso del médico rionegrino advirtiendo que ahora se encuentran ante una situación que es política. “Es cierto que toda la vida la gente hizo abortos, como se hacen otras cosas que no son legales”, admitió, pero lo que no acepta es que todos deban hacer lo mismo si va en contra de sus convicciones personales.
En el caso que se efectivice la sentencia a Rodríguez Lastra, indicó que se profundizaría la situación de vulnerabilidad porque muchos trabajan en un sistema de salud estatal. “No puede ser así, además la Ley salió negativa el año pasado y a eso no lo podemos desconocer”, recordó.
Entonces, la preocupación de los grupos ProVida está girando en torno a que, en caso de que la condena quedara firme, los médicos objetores de conciencia de todo el país se verían obligados o bien a abandonar su cargo en el hospital público; o bien a tomar decisiones en su práctica profesional que ya no tengan que ver con salvar a sus pacientes, sino con el cumplimiento de leyes o protocolos aunque éstos pongan en grave riesgo la salud de las personas.
“Soy mamá de Simona, que tiene síndrome de down, que es una de las causas primordiales en todos los países donde se practican los abortos y eso me parece un horror. Después tuve dos hijos más y para mi tenerla es un placer”, enfatizó. Vale recordar que su hija forma parte de “Las Lionas”, el seleccionado de hockey inclusivo que hace poco estuvo visitando la ciudad gracias a sus gestiones, y para el año que viene planea realizar el encuentro de familias en Tandil.
“En este país el aborto es ilegal”
Por su parte, la referente del movimiento ProVida en la ciudad, Julieta Bosch, explicó que consideran que la causa no tiene ningún fundamento y que la única finalidad es amedrentar a los médicos para que no se declaren objetores de conciencia y se sientan obligados a realizar los abortos sí o sí.
“Lo que está pasando es un efecto totalmente contrario, porque a raíz de este juicio, todos los profesionales de la salud de la zona de Cipoletti se declararon objetores de conciencia”, aseveró. Asimismo, mencionó otro agravante, asegurando que estos mismos expertos han decidido dejar el sistema de salud público para pasarse al privado para no correr riesgos.
Según sus palabras, a raíz de este caso en una semana solamente en la provincia de San Juan 1600 médicos decidieron declararse objetores de conciencia, mientras que garantizó que en Tandil todos los trabajadores del departamento de ginecología y obstetricia lo son.
“El juez, en vez de sentenciar considerando lo que sabe el médico, pone por encima una ley provincial de dudosa legitimidad, sin priorizar la sabiduría del profesional que tomó una determinada decisión en dicho momento, que era imposible realizar un aborto”, explicó.
Por otro lado, la expectativa está puesta en que el fallo pueda reverse en segunda instancia logrando un “sentido común”, ya que si llegara a sentar precedente sería muy peligroso para todos.
Tal como describió, Rodriguez Lastra está con la matrícula bloqueada, cobrando la mitad de su sueldo y sin una sentencia firme. “Esta es una situación de injusticia total en un país donde el aborto es ilegal, así que resulta un disparate”, determinó.
Los hechos, el caso y la ley provincial
Leandro Rodríguez Lastra fue acusado de negarle un aborto no-punible contemplado por la ley provincial actual a una joven que había sido violada, por lo que fue declaro culpable del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público. La pena puede ser de hasta dos años de prisión en suspenso e inhabilitación para ejercer su profesión.
El caso produjo conmoción el año pasado mientras se debatía el proyecto de ley que buscaba legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (ILE). Comenzó en enero de 2017 cuando la joven, víctima de violación, se presentó en el hospital de la localidad rionegrina de Fernández Oro porque creía que estaba embarazada. Le dieron turno de análisis de sangre para fines de marzo, aunque ya en ese momento manifestaba su intención de abortar. Semanas después, el 2 de abril de 2017, la mujer fue derivada a la guardia del hospital de Cipolletti donde la atendió Rodríguez Lastra, que se desempeñaba como jefe del servicio de ginecología. Según contó el médico, la joven declaró que había ingerido una droga abortiva proporcionada por una ONG. En ese marco, le aplicó un medicamento para revertir el cuadro, fue internada y debió parir.
Según el detalle que brindó Julieta Bosch, Rodriguez Lastra y una junta médica determinaron que la práctica pondría en riesgo no solamente la vida del bebé sino de la madre, y decidieron no realizarla. Aseguró que en ese momento, no estaban al tanto de que la causa había sido una violación, por eso es que con el consentimiento de su madre, a la joven se le realizó una cesárea a las 35 semanas de gestación, el recién nacido fue dado en adopción y ella sigue un tratamiento psicológico.
Vale mencionar que el aborto no punible en Río Negro está garantizado por la ley 4796, sancionada en 2012. Las causales por las que se puede acceder son violación, peligro de vida o para la salud de la persona gestante, y atentado contra mujer idiota o demente. La ley lo permite hasta la semana 20, aunque tras la décimo segunda debe realizarse en un hospital con un determinado tipo de control.
