Advierten que la extensión del DNU que congela los precios de los alquileres podría acarrear inconvenientes para los inquilinos
En el marco de la emergencia sanitaria por el coronavirus, y luego de extender la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio, el Poder Ejecutivo Nacional prorrogó el pasado viernes el decreto que establece la prohibición de los desalojos por falta de pago y el congelamiento de los precios de alquileres, como así también la imposibilidad de modificar el valor de las cuotas de los créditos hipotecarios.
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A través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 766/2020, el Gobierno estiró hasta el 31 de enero de 2021 la suspensión de los desalojos, el plazo de vigencia de los contratos y el congelamiento de los precios de los alquileres.
Cabe recordar que esta iniciativa, que se había promovido en marzo y que fijaba el 30 de septiembre como fecha límite, tenía como objetivo que durante seis meses los inquilinos no tuvieran que afrontar los aumentos del canon locativo pactado con anterioridad, teniendo en cuenta que los trabajos de muchos de ellos se vieron afectados por las medidas restrictivas aplicadas a fin de evitar la propagación del Covid-19.
Así, la diferencia de precios entre el monto fijado en el contrato y el que se pagaba mes a mes debía ser abonada a partir de octubre en un mínimo de tres y un máximo de seis cuotas mensuales, iguales y consecutivas. Empero, con esta nueva prórroga, se comenzarán a pagar desde febrero.
Al respecto, el titular de la Oficina de Atención al Inquilino de Tandil, Matías Martínez Marini, refirió que esta extensión tiene sus pros y sus contras.
En diálogo con el programa Cosas que Pasan, que se emite por Eco TV y Tandil Fm 104.1, analizó la situación y sostuvo que es una medida de vital importancia para todos aquellos que “no pudieron hacer pie” en medio de este contexto excepcional e imprevisible que estamos atravesando, pero que, por otro lado, también generará un conflicto en el futuro.
“Les sirve a las personas para seguir estando en el lugar que alquilan sin que los puedan desalojar y sin tener que pagar los aumentos previstos con anterioridad. Pero me parece que se puede llegar a generar una deuda mayor que se deberá comenzar a pagar desde febrero”, sostuvo.
Agregó que el año próximo el compromiso del inquilino con el locador será mucho mayor y que, llegado el momento de tener que empezar a cumplir, el monto podría llegar a ser muy elevado y podrían no tener la posibilidad de afrontarlo: “Porque después van a tener que hacer frente al pago del mes en curso más la cuota que indefectiblemente aumenta si ya vienen adheridos al DNU”.