Presuntas incompatibilidades
Aclararon que el funcionario comunal está desvinculado de la firma que armaría la web Destino Tandil
El concurso de precios para desarrollar la página web demoró la adjudicación por presuntas incompatibilidades, al resultar favorecida una empresa propiedad del director de Industria municipal. El funcionario cedió en 2017 sus derechos societarios sobre la firma “Media and Dev S.R.L”, que pertenece a su hermano. La compañía ya comenzó a trabajar en el nuevo sitio aunque el concurso aún no se adjudicó oficialmente.
Ayer se publicó la novedad de la reactivación del portal Destino Tandil y, en la misma línea, la participación en el concurso de precios de una empresa vinculada a un funcionario municipal de la Secretaría de Desarrollo Productivo, el director de Industria, Comercio y Fomento de Negocios de la comuna, Martín Fernández.
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En consecuencia, el titular de la firma en cuestión, “Media and Dev SRL”, Diego Fernández, aclaró que su hermano Martín se desvinculó en 2017 de la compañía familiar y que entonces no habría ningún conflicto de intereses en torno al tema.
En comunicación con El Eco de Tandil, Fernández explicó que hace cinco años su hermano cedió las cuotas societarias que lo desligan del negocio familiar y que la documentación respaldatoria se encuentra en el Municipio para su evaluación.
El concurso
Como se informó oportunamente, la Dirección de Turismo y la Secretaría de Desarrollo Productivo municipal trabajan en el reimpulso del portal web Destino Tandil, dado de baja en febrero de 2021. De este modo, pretenden relanzar el sitio como motor de búsqueda de alojamientos y de información turística local.
Para ello se lanzó un concurso de precios bajo el número 100-03-2022 para la "Adquisición del servicio de desarrollo de portal web Destino Tandil", con un presupuesto oficial de 1.052.700 pesos, y la propuesta ganadora resultó la de la empresa mencionada.
Pero la instancia de adjudicación se demoró porque en la administración comunal solicitaron verificar la documentación pertinente presentada por la empresa con el fin de corrobar o no “posibles incompatibilidades para contratar con el Municipio", de acuerdo a un informe remitido a la Dirección de Compras y Suministros municipales.
Asimismo, aunque el concurso aún no fue adjudicado formalmente, la empresa ya comenzó a realizar el desarrollo web porque entienden que está “todo en regla”.
Al respecto, Diego Fernández expuso en detalle que “somos proveedores del Municipio desde hace mucho, hicimos dos cosas, no más que eso, y mi hermano es funcionario hace poco. La verdad es que somos especialistas en la materia y de los concursantes somos los que más expertise tenemos en el área. Además, se trata de un proyecto importante que queremos hacer bien y entendemos que las cosas no deberían pararse porque están bien hechas y prolijas, cumplimos al pie de la letra”.
De hecho, Fernández prestó algunos servicios en relación a las redes del perfil Destino Tandil en su momento y algunas acciones de marketing y publicidad en el área de Turismo.
Así, subrayó que “ganamos por competencias propias contra colegas que nos felicitaron y no hay discrepancias en eso”.
Ley de Ética
El marco regulatorio del referido concurso de precios impide que participen de los mismos quienes “revistieren el carácter de funcionarios, empleados, contratados o cualquier otra naturaleza de relación de empleo con el Estado en el orden nacional, provincial o municipal". No obstante, no existe ninguna prohibición para que lo hagan familiares o amigos.
La Ley 25.188, denominada de Ética Pública, normatiza el conflicto de intereses, es decir, aquellas situaciones en las que se produce una contraposición entre los intereses particulares del funcionario (ya sean personales, laborales, económicos, profesionales) con los públicos que, desde su función, debe tutelar.
El modo más estricto y directo de evitar conflictos de intereses en las adquisiciones del Estado es impedir que participen como oferentes las personas y las empresas que, ya sea por sus antecedentes o por su vinculación con funcionarios o empleados públicos, puede presumirse que podrían poner en riesgo la transparencia, la imparcialidad o la competencia del procedimiento, pero no se excluye expresamente a las sociedades de los parientes de funcionarios y empleados públicos.