A un año de la Ley, en el sistema público se realizaron 147 interrupciones del embarazo

Hoy se cumple un año desde que el Congreso nacional aprobó la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) tras muchos años de lucha de diversas organizaciones y colectivos feministas. Fue, sin dudas, un tema que dividió profundamente las aguas de la sociedad y originó múltiples debates y frenos judiciales. 

La conquista de este derecho se materializó a fines de 2020 tras el revés sufrido en 2018, la primera vez que el proyecto para legalizar el aborto tomó estado parlamentario y se trató en el recinto. En aquella oportunidad, la iniciativa obtuvo media sanción en Diputados pero rebotó en el Senado y la revancha llegó dos años después. 

Según los datos nacionales, durante el primer semestre de 2021, 25.894 niñas, adolescentes, mujeres y otras personas con capacidad de gestar accedieron a una IVE en los servicios de salud del sector público. En la ciudad, durante todo el 2021 se realizaron 147 intervenciones de esta índole de acuerdo al reporte oficial del Sistema Integrado de Salud Pública (SISP). 

IVE, ILE y Consejerías

Desde antes de que la legislación se aprobara en el Senado, ya se implementaba el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), una alternativa que permitía el aborto por causales. 

En tanto, tras la legalización de la interrupción voluntaria de la gestación, el pasado 30 de diciembre de 2020, se eliminaron las causales y se agilizó el acceso al proceso, que permite la interrupción de la gestación dentro de las 14 semanas inclusive, así como la atención postaborto. Transcurrido este tiempo, la interrupción se puede hacer si el embarazo es producto de una violación o si está en peligro la vida o la salud de la persona gestante. 

Además, desde hace casi seis años funciona en Tandil la Consejería en Salud Sexual Reproductiva y no Reproductiva, que presta servicios en el Hospital Santamarina. Se trata de un dispositivo que fue creado en el marco del Concejo Deliberante en 2015 y encuadrado, en ese entonces, en normativas provinciales. También tienen presencia en los centros de salud de los barrios Belgrano, Las Tunitas, San Cayetano, Villa Aguirre, La Movediza y Maggiori.

En este espacio se desempeñan médicas generalistas, psicólogas, trabajadoras sociales y promotoras de salud que canalizan las demandas y ofrecen información objetiva.

Es importante recalcar que no todas las consultas derivan en una IVE, y esa es también la función de asesoramiento e información sobre las opciones vigentes que cumple la Consejería, ajustándose a derecho. 

Desde el dispositivo, le comunicaron a este Diario que “las Consejerías en Salud Sexual del SISP son espacios donde obtener información sobre el cuidado de nuestros cuerpos en relación a la salud sexual reproductiva y no reproductiva. Se trata de brindar información clara, precisa, científica y actualizada para que las decisiones sean tomadas de manera autónoma y así poder elegir los distintos métodos anticonceptivos, acompañamiento a embarazos y ante situaciones de embarazos no planificados". 

Objeción de conciencia 

Por otra parte, con la premisa de dar curso al marco legal y garantizar el derecho, además del trabajo que llevan adelante las Consejerías, desde el Sistema de Salud contrataron a un profesional extra para que se encargue de aplicar la IVE y evitar complicaciones llegado el caso, debido a que todo el Servicio de Tocoginecología del Hospital Santamarina es objetor de conciencia. 

Esto se hizo para asegurar que en el segundo nivel de atención -las Consejerías funcionan en el primero-, haya un ginecólogo no objetor que garantice algunas cuestiones que no se pueden resolver en el nivel de atención primaria o por un médico de otra especialidad. 

De hecho, según pudo saber este Diario, los 38 médicos tocoginecólogos de Tandil son objetores y se amparan en esta figura para no recetar la medicación necesaria ni realizar las prácticas encuadradas en la normativa.

Pese a ello, por el momento, la implementación de la ley no presenta mayores problemas en la localidad, pero no es igual en todas las ciudades y provincias. En algunos distritos se han registrado algunos retrocesos en torno a la aplicación de la IVE y desde distintos sectores tratan de reimpulsar las demandas que todavía persisten alrededor de esta problemática. 

En este sentido, en base a un informe de Amnistía Internacional, uno de los desafíos que enfrentan las mujeres para acceder a este derecho en todo el país es la falta de información y en esa dirección están orientados los esfuerzos para el año próximo.