A tres meses de la tragedia de Moreno, volvieron a reclamar por mejoras en la infraestructura escolar

El Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que agrupa a los sindicatos FEB, Suteba, Udocba, AMET, Sadop, elevó ayer un petitorio al titular de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Sánchez Zinny, solicitándole fondos específicos para la infraestructura escolar y la realización de un plan anual de prevención destinado al mantenimiento de los establecimientos educativos. El texto presentado contempla  12 puntos específicos-elaborados en una paritaria del año 2011-  que plantean los requerimientos básicos para garantizar la seguridad de las escuelas y quienes concurren a diario a ellas.

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En declaraciones públicas, Hugo González, secretario general de Suteba Tandil y María Ganderaz, de la Unión de Educadores de Tandil (FEB), explicaron los motivos del pedido, efectuado en todo el ámbito de la Provincia al cumplirse 90 días  del fallecimiento de la docente Sandra Calamano y el auxiliar Rubén Rodríguez en trágicas circunstancias en la Escuela 49 de Moreno.

“Esto ha sido expuesto siempre en la mesa paritaria,  veníamos de un debate profundo  con la DGCyE pero sin respuesta a esta problemática. Lo hacemos al cumplirse 90 días de la muerte de Sandra y Rubén por desidia y no cumplir con lo que exigimos y se necesita; que los  edificios sean seguros y dignos para poder enseñar”, señaló González.

Los representantes gremiales locales focalizaron en que los puntos esgrimidos en el escrito son básicos y corresponden a problemáticas evitables, y añadieron que “hay cosas que la Provincia debe ver, no se puede trabajar en estas condiciones”.

El dirigente de Suteba aludió la falta de recursos que alega la cartera educativa provincial para no afrontar los costos presupuestarios y fue determinante al indicar que ese es un argumento falso, “tienen los recursos y hay una subejecución del presupuesto educativo”, dijo. Además, precisó que el año próximo será aún más complejo que cumplan  con los requisitos exigidos porque el ajuste es de gran alcance y se sentirá en el área de educación.

Desde el frente gremial, a partir de esta presentación, aguardan  acciones concretas por parte de las autoridades, que puedan traducirse, por ejemplo, en la declaración de la emergencia edilicia. También apuntaron a revisar el funcionamiento  de la DPI (Dirección Provincial de Infraestructura) y a que puedan analizarse todas las situaciones de cada distrito. “Tenemos elementos de sobra para  mostrar indicadores que permitan evidenciar cómo es la situación de la Provincia, hay más de 500 escuelas en situación de riesgo y 150 establecimientos clausurados”, destacó González.

La transferencia de responsabilidades al Municipio

Desde el frente que nuclea a los maestros bonaerenses, denunciaron que la Provincia quiere transferir la responsabilidad de la infraestructura a los municipios, con la finalidad de comenzar un proceso de municipalización de la educación, alternativa que definieron como “peligrosa” al afirmar que la rechazan categóricamente.

“Los municipios tienen fondos, Tandil tiene el Fondo de Financiamiento Educativo, pero la Provincia no se puede correr. El Estado  municipal sí va a tener que atender las emergencias que tenemos, porque algún nivel  tiene que hacerlo para garantizar el derecho social a la educación”, sostuvieron, advirtiendo que la problemática es una ecuación compleja orientada al deterioro y achicamiento de un derecho fundamental.

Como en otras oportunidades, continúan reclamando por la posibilidad de crear un espacio estratégico para poder avanzar  en un programa organizado y unificado con toda la comunidad educativa, que permita consensuar la utilización de los montos asignados al Fondo.

Requeridos sobre el destino y la ejecución actual del dinero del Fondo de financiamiento que administra el Ejecutivo local, González aseguró que no tienen información al respecto y que tampoco conocen los números de las partidas presupuestarias  ejecutadas en los periodos anteriores. “Sabemos algunas cosas por diálogos que hemos tenido, pero no sabemos qué se ejecutó y qué no. Tampoco sabemos sobre los montos que se han colocado en plazos fijos, como ha reconocido públicamente el Gobierno”, expuso.

Los casos de Tandil

Como es sabido, tres instituciones educativas de distintos niveles se convirtieron en paradigmas de la temática a nivel local por sufrir las consecuencias del abandono estatal en sus dependencias, evidenciando la crisis de infraestructura escolar que padece el territorio al mando de María Eugenia Vidal, pero que no es privativo de esta gestión, si no el resultado de décadas de desidia.

En primer lugar, se halla el Conservatorio de Música Isaías Orbe, cuyo viejo edificio de Maipú y Alem –casona centenaria que el Estado provincial alquila todavía- fue clausurado de forma permanente luego de que el último 30 de agosto el cielorraso de un aula se desplomara, tras haberse vertido múltiples advertencias sobre las deficitarias condiciones edilicias reinantes. Luego de suspender las clases durante casi un mes, los directivos del establecimiento tuvieron que apañárselas para que los estudiantes pudieran retomar el ciclo lectivo en 9 espacios diferentes. Posteriormente, consiguieron alquilar un edificio antiguo sito en Belgrano 745, que el Municipio arrendó hasta el 31 de diciembre, para que después se haga cargo la DGCyE, hasta tanto pueda hacerse efectiva la construcción de la sede propia. El acuerdo fue rubricado hace dos semanas y la directora del Conservatorio, Annele Moroder, en comunicación con El Eco de Tandil, informó que esta semana comenzaron a mudar los elementos que se encuentran “desparramados” por los diferentes lugares usados para el dictado de clases y que la dirección ya está completamente instalada.

“Nos quedamos acá a partir del lunes y vamos a mantener la Escuela 1 y la Iglesia Reformada en la calle Alberdi, que tiene dos materias populosas y el lugar viene bien. Ya traemos todo de los otros sitios y el dueño está mudando todo para desocupar la casa en su totalidad a la brevedad”, refirió la docente. En los días venideros iniciarán el traslado del mobiliario, archivo y pianos que aún permanecen en la viaje sede y corresponde a la parte más dura de la mudanza.

Por otro lado, el Instituto del Profesorado de Arte 4 (IPAT), que funcionaba junto a la Escuela Polivalente de Arte en las instalaciones de un antiguo edificio emplazado en Pinto y Alem, y atravesó un largo periplo para conseguir espacios físicos aptos para el desarrollo de las actividades pedagógicas, está reacondicionando  las instalaciones de la estación de trenes, que les fueron cedidas en comodato. Además, continúan usando la sede anexa de la institución ubicada en Alem 448 y comparte lugar con  la Escuela Primaria 37.

En tercer lugar, el Polivalente de Arte aún no tiene la satisfacción de ver finalizada la legendaria obra de Sarmiento y 4 de abril, situación que generó diversos inconvenientes en el último tiempo, inclusive la toma del edifico por parte de los alumnos para demandar respuestas certeras sobre la ejecución completa de la misma. Para subsanar esta situación y hacer frente a la contingencia, el Municipio asumió los gastos de alquiler de las dependencias de la Universidad Fasta y puso a disposición la Casa del Deporte municipal para distribuir a los alumnos, cuya matrícula completa no entra en la parte habilitada del nuevo edificio.  “La obra marcha muy lenta, estamos observando que no se  va a llegar a los tiempos establecidos para que en marzo inicien el ciclo lectivo 2019 con el edificio nuevo terminado. El contrato de  alquiler que el municipio suscribió con la universidad Fasta y la Casa del Deporte es hasta el 7 de diciembre y estamos preocupados, en ese sentido hemos pedido al Municipio que sea garante  para que la obra no se pare y pueda finalizarse”, detallaron los referentes gremiales durante la conferencia. En una entrevista concedida a El Eco multimedios, la directora de la escuela, Nancy Mazza, relató que los obreros “están rellenando algunos espacios, terminando de pintar, colocando algunas partes del cielo raso”, aunque destacó que “aún no vi el tema de los sanitarios porque no empezaron por esa parte. Van avanzando, no demasiado rápido, pero hay más movimiento de lo que teníamos”.

Además, Mazza resaltó que la obra fue supervisada en dos ocasiones por el supervisor regional de la DPI, el arquitecto José Alustiza, tal cual había prometido en el Acta Acuerdo firmada el 11 de octubre.