A cinco meses de su sanción, no se avanzó en las capacitaciones que exige la Ley Micaela
El Concejo Deliberante adhirió en marzo a la legislación que promueve la obligatoriedad de la capacitación en género a los agentes estatales en todos sus niveles. El Municipio articuló con la Unicen para el diseño y la implementación de las tareas de formación, pero no hay ninguna propuesta de trabajo aún. La normativa otorga un plazo de un año para su cumplimiento.
El pasado 7 de marzo, en vísperas al Día de la Mujer, el Concejo Deliberante aprobó por unanimidad la adhesión del Municipio de Tandil a la Ley Micaela (Ley Nacional 27.499), que establece la obligatoriedad de la capacitación en género a las personas que integran los tres poderes del Estado.
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La normativa sancionada establece “la capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en el ámbito público municipal, en todas sus funciones y jerarquías, referido a los poderes Ejecutivo y Legislativo del Municipio de Tandil”. Además, determinó que la autoridad de aplicación será la Dirección de Políticas de Género y Diversidad Sexual, que deberá establecer convenios y articular el trabajo con el Instituto Nacional de las Mujeres.
Según se dispuso, la formación comenzará dentro del año de entrada en vigencia de la ordenanza local y deberá difundirse el avance en cada área.
A fines de mayo, la Comisión de Seguridad, Garantías y Derechos Humanos del Concejo Deliberante, con la participación de concejales de todos los bloques, recibió a los dirigentes del Sindicato de Trabajadores Municipales Cecilia Soto y David Marconi, y a los directores de Políticas de Género y Diversidad Sexual Andrea Rosetti y de Recursos Humanos Mauricio Baldovino para acordar aspectos sobre la implementación de la legislación en cuestiones y reglamentar la ordenanza. En ese entonces, se estimó que las capacitaciones podrían comenzar en el segundo semestre del año, para cumplimentar con los tiempos establecidos en el texto legal.
La intervención de la Unicen
Hasta la fecha no hubo avances en el delineado de acciones tendientes a diseñar y realizar estas capacitaciones. A estos efectos, el Departamento Ejecutivo y el cuerpo Legislativo iniciaron una articulación con la Universidad Nacional del Centro para poner en marcha los engranajes de implementación de la norma.
La Unicen cuenta con un Programa de Abordaje Integral contra la Violencia y Discriminación por razones de Género a cargo de Gisela Giamberardino y con un Protocolo de Actuación frente a Situaciones de Violencia de Género, además de tener recursos humanos altamente especializados entre sus filas para llevar adelante la tarea de formación.
Consultada por El Eco de Tandil, la decana de la Facultad de Ciencias Humanas Alicia Spinello, responsable por la Unicen, afirmó que aún no se han sentado a trabajar para elaborar los proyectos de formación correspondientes a los diferentes niveles de la Administración Pública.
Según informó, hasta el momento se celebró una reunión en la que se trabajaron los lineamientos que guiarán la labor y la institución educativa quedó a la espera de información que el Municipio deberá suministrar, cuestiones necesarias para poder pensar alguna propuesta que permita progresar en la implementación de las capacitaciones.
“Concretamente no hemos hecho nada aún pero seguramente vamos a avanzar, estamos en una etapa muy incipiente, no quiere decir que más adelante no tengamos más certezas, podríamos decir que estamos en el inicio”, señaló Spinello.
Cambio cultural
La autoridad universitaria dejó de manifiesto que desde la casa de estudios existe una fuerte convicción de que debe trabajarse en la aplicación de la legislación mediante procesos de construcción conjunta con todos los estamentos del Estado.
Como se mencionó, la ley está pensada para que todos los agentes estatales puedan formarse con una perspectiva que aborde desde lo cotidiano las cuestiones de género y los temas vinculados a la no violencia, y esto implica un cambio cultural que requiere de procesos de formación abarcativos que lleguen a todos los niveles.
“Es sumamente importante que estos procesos se den, hay que construirlos en forma conjunta y estar convencidos de hacerlo, ese es el camino”, aseguró.
Lineamientos legales para la formación
La Ley Nacional 27.499 fomenta que las oficinas de capacitación de cada organismo llevarán adelante la construcción de materiales y programas nuevos, o podrán adaptar los existentes, de acuerdo a la normativa establecida por “las convenciones vinculadas a la temática de género y violencia contra las mujeres suscriptas por el país”.
El INAM controlará la calidad de esos materiales y las capacitaciones en sintonía con el cumplimiento la Ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, y propone la participación de las áreas, programas u oficinas de género, y las organizaciones sindicales como responsables de garantizar la implementación de las capacitaciones.
A los fines de su certificación por parte del INAM, en cumplimiento de la Ley Micaela, las instituciones interesadas pueden presentar proyectos para la realización de un único curso o, en cambio, para la realización de un conjunto de ellos.
Si eligen la última opción deben presentar un plan de capacitaciones que contemple el desarrollo de varios cursos, conforme a diferentes niveles de profundización de los contenidos relativos a género y violencia de género.
La presentación de planes de capacitación se valorará especialmente por su posibilidad de abarcar el abanico amplio de necesidades que en tal sentido tienen los/as agentes de la Administración Pública Nacional, quienes reconocen distintos grados de familiaridad con la temática y poseen además perfiles laborales muy heterogéneos.
En el mismo sentido, se tendrá particular consideración por las experiencias de aquellos organismos del Estado nacional que vienen desarrollando capacitaciones en la materia.
