“Somos profesionales esenciales en la protección contra las injusticias”

El 29 de agosto de 1810 nació Juan Bautista Alberdi, jurista, político y autor de "Bases y Puntos de Partida para la Organización Política de la República Argentina", uno de los cimientos sobre los que se escribió nuestra Constitución Nacional de 1853. Desde 1958, la fecha fue instituida para celebrar el Día del Abogado y la Abogada, una profesión que, como la mayoría del universo profesional, ha ido transformándose a la par del mundo, sus demandas y necesidades.

Gastón Argeri es el presidente del Colegio de Abogados del Departamento Judicial de Azul; la institución casi centenaria comprende un extenso territorio de 11 localidades: General Alvear, Azul, General La Madrid, Laprida, Las Flores, Benito Juárez, Tapalqué, Tandil, Olavarría, Bolívar y Rauch. “Los desafíos que nos ha impuesto un territorio tan extenso son múltiples porque siempre hemos querido garantizar la presencia institucional real en todos los matriculados y matriculadas que integran el Departamento Judicial. Pero, sin dudas, la irrupción del nuevo escenario sanitario que impuso el Covid 19 aceleró algunos procesos y nos obligó a pensar en más y mejores estrategias para que esta cercanía no se vea vulnerada”, sostiene el abogado.

-Dentro de las grandes transformaciones que experimentó la comunidad jurídica en el último año y medio, ¿Cuáles son los aspectos claves para entender el escenario actual del ejercicio profesional?

Durante el último año y medio se ha visibilizado aún más una realidad que muchas veces marcábamos en cuanto al servicio de justicia vigente. La irrupción definitiva de la tecnología, la virtualidad en el trabajo diario y la forma de vincularnos también invitan a replantearnos sobre las nuevas necesidades y caminos a desarrollar a futuro, con estrategias diferentes y válidas para lograr que los profesionales, y principalmente la comunidad, cuenten con un real y eficiente servicio de justicia.

Cuando hablamos de innovación, nos referimos tanto al estudio de temas jurídicos novedosos o conflictivos que requieren de un criterio de firma, como a la adopción de soluciones tecnológicas innovadoras para eliminar tareas o procesos que no generen aportes sostenibles. Si bien la dimensión práctica de las abogadas y abogados es parte constitutiva y constituyente del ethos profesional –aspecto esencial e inseparable que le da su razón de ser- el “ejercicio profesional” no sólo comprende estos aspectos sino que también advertimos otros, los que definen la dinámica propia de nuestra profesión. Somos abogados en la esfera individual y colectiva y es en el ámbito comunitario donde nos tenemos que erigir como actores principales en la defensa y promoción de derechos.  Por esa razón, creo que la incumbencia profesional trasciende lo que pasa puertas adentro de nuestros despachos, estudios o cuando litigamos, siempre que seamos capaces de permanecer abiertos a nuevas formas de atravesar, interpelar y redefinir cuando haga falta, el propio ejercicio de la abogacía.

La dimensión del rol profesional

-Independientemente de los principios estrictamente profesionales, ¿cuál es la función social de la abogacía en la sociedad argentina actual?

-Debemos tener en cuenta que el avance hacia una sociedad cada vez más digital –y que crece de manera exponencial- ha suscitado nuevas problemáticas, nuevos derechos a reclamar. Si analizamos la aparición de nuevos delitos, como las estafas digitales por sólo mencionar un ejemplo, queda claro que deberíamos repensar en una reeducación social para los nuevos paradigmas que surgen y con los cuales ya convivimos. Nuestro rol en la comunidad sigue siendo único e inigualable: no sólo brindamos asesoramiento para preservar y proteger el ejercicio pleno y efectivo de todos los derechos y garantías consagrados en nuestro plexo normativo sino que, además, somos agentes esenciales de protección ante las injusticias y situaciones perjudiciales para los más vulnerables. Los nuevos tiempos son buenos en muchos aspectos pero también configuran nuevos daños y, sobre todo, otros sectores expuestos a ellos. El Derecho del siglo XXI tiene que mirarlos, escucharlos y construir el andamiaje protectorio que haga falta para garantizar igualdad genuina ante la ley.

-El rol de los abogados en la comunidad en que se desempeñan, como todos los roles, es una construcción social y cultural: ¿Cómo lo definirías: como “escuderos” del Estado de Derecho, como el defensor de los vulnerables en su lucha por obtener justicia, o como una combinación de ambos?

-Los abogados constituyen un eslabón fundamental en el Estado de Derecho. Con nuestro trabajo, contribuimos a la construcción de una sociedad más justa y equitativa. La misión de las y los profesionales de la abogacía no se limita al cumplimiento estricto de la norma: también velan por el valor Justicia y la equidad entre todos sus pares. Creo firmemente en el potencial de la tecnología legal aplicada con sentido común. La mayor parte de nuestro quehacer profesional no es automatizable, es obvio, pero más allá de todas las dificultades que ha generado esta época de transformaciones y reacomodamientos, hemos dedicado nuestro mayor tiempo y esfuerzo a asesorar y representar a nuestros clientes. Seguramente, somos una combinación de “escuderos” del Estado de Derecho y defensores de los más vulnerables en su lucha por obtener justicia. 

Filosofía institucional y Valores del Colegio

-¿Cuáles son los atributos asociados a una sociedad más justa que defiende el C.A.A.?

-Por sobre cualquier otro, la defensa de una sociedad más justa y equitativa, a través de los siguientes atributos: incumbencias de la abogacía, la promoción y defensa de los derechos de la ciudadanía, un servicio de justicia eficiente, la representación de las matriculadas y matriculados que integran nuestro Colegio de Abogados Departamental y una constante formación académica y profesional actualizada, entre tantos otros.

Abordar los nuevos retos y desafíos de estos tiempos resulta fundamental y para ello tenemos que contar con herramientas de trabajo actualizadas. Es lo mejor que podemos hacer por nuestros matriculados y matriculadas: sostener el compromiso institucional de formación y capacitación permanente para fortalecer, de manera colectiva, nuestro Estado Democrático de Derecho.