Los bancarios no operarán plataformas virtuales hasta que se analice su regulación
El sindicato de trabajadores bancarios volvió a exigir al parlamento que estudie de forma urgente las normas que abren las puertas “a un sistema financiero abierto, con los graves riesgos que ello acarrea”, y reclamó que “suspenda” hasta que ello ocurra todas “las habilitaciones a las plataformas para impedir que realicen esas operaciones”.
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A través de un comunicado, la Asociación gremial La Bancaria se refirió a la falta de regulación que están percibiendo en el pago de Jubilaciones y Asignaciones Universales por Hijo (AUH), y cómo esto afecta en el sistema económico del país. En consecuencia no operarán con las plataformas virtuales, hasta que el Congreso de la Nación no revise las resoluciones que hacen al servicio público.
“Desde hace años y particularmente desde que, a fines de 2015, comenzó el brutal proceso de desregulación, venimos advirtiendo sobre los graves riesgos que supone un sistema financiero abierto y sin normas tanto para la economía nacional, como para los usuarios”, apuntó la información acercada por Juan Manuel Carri, el secretario general del gremio en Tandil.
En el documento también se refieren a que han alertado sobre que ese mismo proceso está potenciado por la dinámica de la innovación tecnológica, la digitalización, sistemas de inteligencia artificial avanzados, constitución de grandes bases de datos y la falta de control sobre entidades o plataformas que no están bajo control del Banco Central o, si lo están, es en un esquema extremadamente liberalizado. Entre las entidades sin control enumeradas se encuentran, entre otras, grandes tiendas, cadenas de supermercados o plataformas virtuales digitales como a la que ahora, Mercado Libre /Mercado Pago, se asigna el pago a una cantidad aún indeterminada de jubilados y beneficiarios de AUH. “Este tipo de plataformas comerciales tiene por actividad principal la financiera, y es un auténtico agujero negro, propicio para la evasión tributaria, el lavado de dinero, fraudes de todo tipo, e incluso afecta a la seguridad física y del patrimonio de las personas, pues expone innumerables datos acerca incluso de sus hábitos y movimientos diarios”, aseveraron, remarcando que a medida que se van expandiendo, imponen mayores costos financieros a los consumidores.
Aseguran que estos mismos medios virtuales a los que hacen referencia se propagan gracias a irresponsables exenciones tributarias y de contribuciones a la seguridad social, inclusive del 50 por ciento del Impuesto a las Ganancias que, como impuesto al salario, pagan a los trabajadores en forma íntegra.
Por otro lado, se lo atribuyen a la comisión de fraudes laborales, incluyendo el desconocimiento como bancarios de trabajadores que realizan permanentemente operaciones financieras; y particularmente en este caso, en detrimento del Banco Nación y de toda la banca pública que está desarrollando también un sistema digitalizado de pagos como la billetera electrónica, y sustrayéndole importantes flujos de dinero pertenecientes a los trabajadores que debiera administrar para, también, promover el trabajo argentino. Asimismo, sostienen que al operar sin ningún control, son vía de ingreso y financiación de bienes y servicios, inclusive financieros, originados en otros países, en detrimento de la producción nacional. A la vez que “el Estado sigue haciendo concesiones gratuitamente, sin contrapartida y sin control de la actividad financiera, que constituye un servicio público, pues a través de ella se multiplica, e inclusive se suplanta, la emisión de moneda”.
“Por lo expuesto, volvemos a exigir que el Congreso de la Nación revise urgentemente estas resoluciones que hacen a un servicio público y, hasta tanto ello suceda, se suspendan las habilitaciones a esas plataformas para realizar las operaciones mencionadas”, dictaminaron.
