Ley en acción: tres deudores alimentarios identificados en el Superclásico no pudieron ingresar
La medida, impulsada por los ministerios de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, forma parte de un operativo que ya bloqueó el acceso a diez personas en diferentes partidos desde su implementación.

Durante el Superclásico entre River y Boca, disputado el domingo ante 85.000 hinchas en el estadio Monumental, tres personas fueron impedidas de ingresar por estar registradas como deudores alimentarios morosos. La medida, impulsada por los ministerios de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, forma parte de un operativo que ya bloqueó el acceso a diez personas en diferentes partidos desde su implementación.
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Accedé a las últimas noticias desde tu emailSegún informaron las autoridades, las personas detectadas provenían de San Martín, La Matanza y la propia Ciudad. La prohibición de ingreso se ampara en la Ley N.º 6.771, sancionada en diciembre de 2024, que busca “no castigar, sino reparar” mediante sanciones sociales a quienes no cumplen con la cuota alimentaria.
El megaoperativo de seguridad en el estadio incluyó además el despliegue de más de mil efectivos policiales, tres anillos de control con chequeo de DNI, QR y reconocimiento facial. En paralelo, se detuvo a 55 "trapitos", se desactivaron intentos de reventa de entradas y se incautaron armas blancas, estupefacientes y más de 60 bengalas y artículos de pirotecnia.
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El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, defendió la medida: “Trabajamos para que alguien que le debe plata a sus hijos no pueda gastar esa plata en un partido. Es una inmoralidad”.
Actualmente, hay 11.597 personas en el Registro de Deudores Alimentarios en todo el país, de las cuales 2.988 tienen causas radicadas en la Ciudad. Quienes figuran en esa lista no pueden ingresar a estadios porteños, acceder a cargos públicos, obtener licencias de conducir o ser adjudicatarios de viviendas sociales, entre otras restricciones.
Facundo Del Gaiso, legislador de la Coalición Cívica y uno de los autores de la ley, remarcó que se trata de una política pública “justa” que “pone en evidencia a quienes incumplen con sus obligaciones como padres”.
Las autoridades porteñas planean integrar este registro a la base de datos de “Tribuna Segura”, con el objetivo de ampliar el control a todos los accesos de estadios de la Ciudad.