La Junta Vecinal exigió a los concejales que “cumplan con el estado de derecho vigente”
Desde la Junta Vecinal por un Ambiente Saludable en Tandil pusieron en valor la responsabilidad normativa que rige en Argentina, que establece que es competencia de los representantes garantizar en el caso de los llamados derechos fundamentales el principio de progresividad y no regresividad. De esta forma, el Estado garantiza que en materia de derechos humanos y ambientales el cumplimiento del derecho se dé en manera gradual y progresiva, siempre ampliando la protección y los derechos, sin generar retrocesos.
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Por esto, la organización vecinal exigió a los concejales que están discutiendo la ordenanza de regulación de agrotóxicos, que cumplan con el estado de derecho vigente, y que amplíen la protección de derechos, “especialmente considerando a los niños, atendiendo al riesgo que genera la presencia de agroquímicos en su centro de vida”.
“La presencia de agrotóxicos en Tandil es una constante y ha sido constatada”, aseveraron. Recordaron que las poblaciones rurales de Iraola, María Ignacia (Vela) y Gardey denuncian fumigaciones sistemáticas en sus espacios de vida. Además, fue ratificado por la Justicia para el caso de La Porteña, donde se probó que la fumigación llegó al límite de la escuela, que además dio lugar a la actual cautelar. También ha sido probada por el estudio realizado por la Unicen, que muestra la presencia de más de 16 agroquímicos en 15 escuelas rurales del partido.
“Vemos con especial preocupación la insistente actitud de nuestros ediles de minimizar la importancia y de mostrarse indiferentes ante las investigaciones científicas existentes”, exclamaron. Por un lado, memoraron la publicación del Informe sobre Agroquímicos Plaguicidas en Escuelas Rurales del Partido de Tandil, realizado por Graciela Canziani de la Unicen; y los “más de mil estudios” científicos avalados por las instituciones más prestigiosas del sistema científico nacional e internacional que constatan los daños que sustancias como el glifosato generan en el ambiente y la salud.
Tales investigaciones, que señalaron como realizadas sin conflicto de intereses por profesionales del más alto nivel de formación académica de nuestro país (y del mundo), aseveraron que constatan impactos del creciente uso de agroquímicos en la salud, como disruptores endócrinos, como causantes de daño del material genético, de desórdenes reproductivos tales como abortos espontáneos y malformaciones congénitas, trastornos respiratorios y epidérmicos, alergias, deficits neurológicos y neurocognitivos. A la vez, advirtieron sobre la asociación a altos índices de cáncer; como su presencia y persistencia en suelos, cuencas y cursos de agua y la incontrolabilidad de las derivas.
“Hemos puesto a disposición de nuestros ediles esta información en incontables ocasiones, y lo seguiremos haciendo”, expresaron.
Tal como determinaron, los datos “están, existen y son fruto del incansable esfuerzo de investigadores”, muchos en el contexto de instituciones como INTA, el Conicet y de universidades nacionales, aunque también por fuera de ellas. Daños que igualmente conocen personalmente, porque aseveraron sufrirlos en forma creciente en sus propios cuerpos.
A sabiendas de los estudios existentes, reafirmaron que no les cabe a las poblaciones afectadas la responsabilidad de constatar los daños al ambiente y la salud. “En materia de derecho ambiental, nuestro estado de derecho establece que la carga de la prueba se invierte y se aplicará la precaución y prevención como principio (Ley General del Ambiente 26.675)”, asentaron.
Así, para ellos, son suficientes las evidencias existentes para dar cuenta del riesgo al que las personas están expuestas diariamente. Por otra parte, también consideraron que es tarea del Estado generar las estadísticas necesarias para tomar decisiones en materia de salud y de protección ambiental.
“Es responsabilidad de nuestros ediles garantizar los derechos humanos, el derecho a la salud, a un ambiente sano y la protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes (Ley 26.061; Ley 25.675 y Constitución Nacional art. 41 y 75 Inc. 22). Las fumigaciones aéreas y terrestres con agrotóxicos constituyen una violación constante a nuestros derechos y a los de las generaciones futuras”, enfatizaron.
“Queremos un Tandil saludable”, exigieron y solicitaron a los representantes de la población en el Concejo Deliberante que estén “a la altura de garantizarlo”, ampliando la garantía a nuestros derechos. Reafirmaron, por último, la necesidad de buscar soluciones que garanticen el derecho al ambiente sano y la salud sin vulnerar otros derechos como el trabajo digno. Aquí, proclamaron que no hay conflicto de intereses, porque la salud es para bien de toda la comunidad. “Se trata de proteger la vida poniendo límites al uso y la presencia de tóxicos en nuestro entorno, y de estimular las actividades productivas”, respaldaron.
Finalmente, desde la Junta reiteraron su apoyo al Anteproyecto de Ordenanza para la Regulación de Agroquímicos en Tandil presentado el 15 de agosto de 2019 desde la Banca 21. Apuntaron que el desafío es pensar integralmente para el logro de un Tandil próspero y saludable, y asignaron que hay muchas herramientas que han sido puestas a disposición para ello.
“Estamos a disposición y esperamos el mejor desempeño por parte de nuestros representantes, es decir, que la nueva ordenanza que se genere sea un avance en la protección de nuestros derechos fundamentales, aumentando las restricciones al uso de agrotóxicos en el partido”, comprometieron al concluir.
