El activismo VIH-SIDA propone una mirada integral para poner fin a la discriminación y violencia

En las vísperas del Día Mundial de Lucha contra el VIH-SIDA -que se conmemora el 1 de diciembre- urge todavía delinear acciones concretas de prevención, y jerarquizar en Nación y Provincia diferentes programas y servicios orientados a tratar la problemática de salud pública.

Carlos Rodríguez es el coordinador del grupo interdisciplinario CHESida de la Facultad de Ciencias Sociales de la Unicen y Marcela Alsina es la  fundadora de la Red Bonaerense de Personas viviendo con VIH en Argentina y a nivel regional coordinó por 10 años el Movimiento Latinoamericano y del Caribe de Mujeres Positivas, del cual ahora es asesora. 

Hace algunas semanas estuvieron en Tandil para grabar una entrevista en Abra TV y ofrecer una charla en el Centro Cultural La Compañía sobre la necesidad de obtener una mirada integral acerca de la temática y las vulneraciones que sufren, sobre todo, las mujeres y disidencias VIH positivas. De este modo, con el conversatorio “Mujeres, activismos y violencias” se propusieron reflexiones en torno al abordaje sociocomunitario para pensar acciones que contribuyan a poner fin a la discriminación y la violencia. 

Las demandas que persisten 

Bajo esta perspectiva, Carlos Rodríguez, en conversación con El Eco de Tandil, refirió que “en pandemia pasamos a la virtualidad y empezamos a pensar acciones en conjunto a nivel regional con el Programa de Género para la problemática del VIH-SIDA y sus dimensiones sociales y política, no sólo la biomédica”.

De esta manera, se pretende instalar en la agenda regional la temática del acceso a la salud sexual y  derechos sexuales reproductivos y no reproductivos de las mujeres y disidencias. En este marco, las personas con VIH son especialmente vulneradas y víctimas de un sinfín de erosiones de sus derechos y posibilidades de acceso a mejores condiciones de vida. 

“Empezamos a indagar qué situaciones las hacen más vulnerables al portar VIH y entre ellas aparece la violencia. Falta mucho todavía en todos los niveles. Hemos retrocedido a nivel nacional en torno a las campañas de prevención y la pandemia de alguna manera invisibilizó y puso obstáculos a la continuidad de los tratamientos.”, explicó Rodríguez.

En tanto, expuso que en la Provincia se registra la mayor cantidad de personas viviendo con VIH y más del 60 por ciento se atiende en el sistema público, un matiz que refuerza la importancia de pensar políticas públicas integrales. Además, las estadísticas señalan que más del 50 por ciento de las personas infectadas con el virus no lo saben y cuando fallan las políticas de prevención y diagnóstico, los pacientes  llegan en estado de enfermedad a los centros de salud y hospitales. 

La vida con VIH

Por su parte, Marcela Alsina contó que hace 31 años vive con VIH y que sus dos hermanas fallecieron de complicaciones vinculadas al SIDA. Hoy la carga viral en su cuerpo es indetectable gracias al tratamiento, lo que significa que en esas condiciones el virus es  intransmisible. 

Al respecto, compartió que su activismo nació desde su experiencia y “desde el dolor, de situaciones que atravesaron mi vida,  la muerte de mis hermanas” y agregó que “eso me potenció, me cruzó de vereda porque  o esperaba la muerte, o desarrollaba alguna defensa y esa fue la del activismo”.

“Cuando yo me infecté te decían que te ibas a morir a los seis meses y no sólo pasaba es, sino que te morías. Esas realidades y tratar de entender lo que ocasionó la enfermedad  en tantos años nos hizo pararnos y ver qué estaba pasando. Las personas morían en la soledad y el secreto, en  la mentira de no decir lo que les pasaba y muchas eran mujeres. Me involucré con las mujeres en esa época”, se explayó Marcela.

A partir de su militancia y su trabajo, el año pasado empezaron con las organizaciones a relevar que les pasaba a las mujeres con VIH, si accedían a los tratamientos o no, si tenían sus necesidades básicas cubiertas y en medio de ese acercamiento surgió el tópico de la violencia, que acecha como un factor más de vulnerabilidad en contextos ya de por sí pauperizados en diversos sentidos.

Mujeres y VIH

Sobre todo en el AMBA – Alsina reside en Merlo- empezaron a detectar varias situaciones complicadas y a trasladar a mujeres  a lugares de contención, porque el Estado no respondía rápidamente.

En este sentido, detalló que  como ONG iniciaron  campaña para erradicar la violencia con el VIH como eslogan, para habilitar también la puesta en palabras de las experiencias y dar voz a las silenciadas, con la premisa de desnaturalizar las múltiples violencias que emergen de todas partes.

En esta línea, detalló que acompañaron y produjeron una incidencia política a nivel regional en base a la que se confeccionó  un capítulo completo en Naciones Unidas  sobre violencia en las mujeres viviendo en VIH; más del 58 por ciento de las mujeres VIH positivas de la provincia de Buenos Aires declararon que fueron víctimas de violencia de género

“Hay un peso ahí, hay que abogar por políticas de cuidado porque sino sus propias vulneraciones no les permiten desarrollarse y hablar de lo que les pasa”, sostuvo. 

Por una nueva ley 

El 6 de octubre pasado la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados nacional dio dictamen favorable al proyecto de ley de respuesta integral al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, que corría riesgo de perder estado parlamentario por tercera vez y siguió su curso legislativo. 

La nueva normativa propuesta busca actualizar la actual Ley Nacional de SIDA (23.798), vigente desde 1990. Se trata de una propuesta elaborada por organizaciones de la sociedad civil y redes de personas con VIH y Hepatitis virales, junto con el Ministerio de Salud y las sociedades académicas y científicas, que durante los últimos años han estado trabajando de manera colectiva para darle a esta legislación un abordaje integral, desde un enfoque de Derechos Humanos, que considera no sólo los aspectos biomédicos, sino también los determinantes sociales de la salud.

En la iniciativa se trabajó de acuerdo con las metas fijadas por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para controlar la expansión de esta enfermedad, incorpora las hepatitis virales, infecciones de transmisión sexual (ETS) y tuberculosis, y establece que las personas que padezcan estas enfermedades pueden jubilarse a los 50 años de edad y acceder a pensiones no contributivas, en caso de percibir remuneraciones por debajo del salario mínimo vital y móvil, aunque tengan trabajos en relación de dependencia.