Desde Tandil se sumaron al pedido de Agrupaciones cannábicas unidas por la necesidad de una ley provincial

En el texto, dado a conocer por quienes reclaman, explicaron que son integrantes de diferentes agrupaciones cannábicas y clubes de cultivo de la provincia de Buenos Aires, conformados por cultivadores, usuarios, profesionales de la salud, abogados y científicos, unidos “para formar una voz activa en las discusiones de los proyectos de ley presentados para su tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados de la provincia, y que de obtener media sanción pasaría a la Cámara de Senadores”.

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Recordaron allí, que el país cuenta desde el 2017 con la Ley Nacional 27.350 de investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de Cannabis y sus derivados y su decreto reglamentario 738/2017. La misma aprueba la prescripción médica de aceite de cannabis para personas que sufren epilepsia refractaria y que promueve la investigación científica en el tema. Sin embargo, “la escueta reglamentación actual” excluye a un gran número de pacientes que, motivados por encontrar un tratamiento a sus síntomas y mejorar su calidad de vida, eligen consumir cannabis aun cuando está penalizado en la mayoría de las patologías y dolencias, llevandolos a un estado de ilegalidad y de abandono por parte del estado, agravado además por la falta de conocimiento del personal de salud.

Debido a esto, las agrupaciones cannábicas y cultivadores revelaron que “formaron” a lo largo de décadas a una innumerable cantidad de usuarios, quienes “desesperados por encontrar un paliativo” decidieron hacer uso del cannabis. Tal como advirtieron, en algunos casos “la desinformación y el difícil acceso” ha generado un panorama incierto, llevando a muchos a recurrir a la compra ilegal de productos, sin saber su procedencia, trazabilidad, composición, concentración y propiedades.

Lograr una ley amplia

En cuanto a la Ley Nacional 27.350 consideraron que en breve entrará en vigencia una nueva reglamentación. “A partir de un trabajo del Ministerio de Salud de Nación junto a diferentes actores de la comunidad cannábica y científica, muchos de los cuales integramos este frente por una ley provincial en Buenos Aires, y que también buscamos avanzar en una nueva ley nacional, más amplia, contemplando un uso integral de la planta”, señalaron los agrupados, entre ellos las organizaciones locales como Cannabis Medicinal Tandil y Cultivadores Agrupados por sus Derechos (CADE), quienes a través de sus redes sociales hicieron visible la urgencia de permitir el autocultivo de la planta.

En el caso de la provincia de Buenos Aires, se tiene previsto, así como ya lo hicieron muchas provincias del país con sus legislaciones, avanzar hacia una nueva ley que modifique la actual 14.924, que adhiere a la ley nacional 27.350, y que luego los municipios bonaerenses puedan sumarse a través de sus ordenanzas. En algunas localidades ya se cuenta con legislación sobre el tema, impulsada por distintas agrupaciones, que amplían significativamente los derechos de les usuarios, como el caso de Hurlingham, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Rivadavia, Castelli, General La Madrid y Lomas de Zamora.

Informaron que la Cámara de Diputados bonaerense está trabajando en diferentes proyectos de ley de los diferentes bloques, como el proyecto presentado por el Diputado Emiliano Balbín, de Juntos por el Cambio, y el presentado por la Diputada María Laura Ramírez, del bloque del Frente de Todos, que ya tienen estado parlamentario, por lo que ya se están tratando en distintas comisiones de las que no participaron.

“Consideramos que solo podremos tener una ley justa que vele por las necesidades de les usuarios de cannabis, si es elaborada tomando los conocimientos, reclamos, aportes y observaciones que venimos realizando las organizaciones cannábicas de la provincia, que somos no solo quienes venimos acompañando a familiares y usuarios, sino que además somos quienes hemos puesto a disposición todo nuestro conocimiento a quienes hoy son nuestros representantes en las diferentes cámaras legislativas, ejecutivas y judiciales”, aseveraron.

Dicho esto, buscaron dejar en claro que su único objetivo es  lograr una ley amplia para todos los bonaerenses, que contemple todas las visiones y aportes que desde hace meses vienen presentando a diferentes representantes políticos. Solicitaron también su incorporación al debate en las comisiones designadas, y la conformación de un “consejo consultivo” donde estén representados por compañeros de ese frente, pero lamentaron que hasta el momento no han recibido respuesta alguna, lo que los llevó justamente a visibilizar la situación.

Las exigencias de una reglamentación 

Ponga fin a la persecución y criminalización de usuarios y cultivadores.

Contemple el cannabis para todos sus usos y sus derivados y sea incluido en el sistema público de salud de la provincia.

Incluya todas las patologías y el número de plantas y derivados sea de acuerdo con cada necesidad y patología.

Garantice el acceso al cannabis y sus derivados, mediante un registro de usuario bajo normas de confidencialidad que permita el acceso fácil y rápido solo con la presentación de una declaración jurada y/o prescripción del equipo interdisciplinario y profesionales de la salud que trabajen con dicha terapia.

Cree equipos interdisciplinarios de salud (médicos, enfermeros, psicólogos, trabajadores sociales, colectivos cultivadores, tengan o no personería jurídica) para prescribir, aconsejar y acompañar el uso de la terapia cannábica, sin una burocracia que limite su accesibilidad, ya sea por el estado o garantizado por las obras sociales y empresas de medicina prepaga.

Contemple autocultivo o autoabastecimiento como forma más segura de acceso al cannabis.

Contemple el abastecimiento a terceros para quienes por alguna razón no puedan cultivar, así como el cultivo en red, cultivo solidario, cooperativo, asociativo y clubes de cultivo o cualquier forma de organización contemplada en el Instituto Nacional de Economía Social (INAES).

Proteja la salud de los usuarios de la planta y sus derivados desde los espacios e instancias de Atención Primaria de la Salud en todos los barrios de la provincia (especialmente los más vulnerables) con perspectiva de salud pública y acompañamiento.

Garantice la legalidad de toda la cadena de valor desde la siembra, cosecha, transporte a lugares de acopio y distribución mediante una credencial que permita diferentes cantidades de materia vegetal y derivado, de acuerdo con el permiso que tenga cada uno.

Contemple la producción estatal, tanto de plantas para uso terapéutico como cáñamo para uso industrial, promoviendo y protegiendo las formas cooperativas, el desarrollo de los actores de la economía social y las economías regionales.

Reglamente el financiamiento con especificidad, que permita entre otras cosas, poder acceder a realizar análisis composicionales y controles de calidad (microorganismos, pesticidas, metales pesados, solventes, patógenos), de la planta y sus derivados, así como de la calidad y bioseguridad del suelo. Que las mismas sean gratuitas para agrupaciones cannábicas y solidarias, tengan o no personería jurídica, y usuarios en general y que se garantice el acceso a la tierra en la producción a escala. A su vez, que permita a las asociaciones civiles conformarse formalmente sin costo.

Garantice la excelencia de productos a través de las Universidades Nacionales. INTA, INTI, INASE, SENASA, y la asistencia técnica para sostener y mantener genéticas.

Promueva la formación de cooperativas de cannabicultores, clubes de cultivo y asociaciones civiles para producir a escala todas las genéticas y proveer a farmacias y laboratorios del estado que formen parte de la red del ANLAP.

Permita y fomente avances en investigación básica y aplicada.

Permita y propicie generar nuevos convenios entre instituciones y otros actores sociales.

Contemple capacitaciones obligatorias para trabajadores del sistema de salud, fuerzas de seguridad, representantes del poder judicial, abogados, DDHH, etc. Las mismas deberán ser dictadas con certificados de las universidades y dictadas en conjunto con representantes de ONGs de cada distrito.

Incorpore a todas las mesas de trabajo que hubiere en cada municipio a las organizaciones conformadas en cada uno de ellos, tengan o no personería jurídica, usuarios y cultivadores, y otorgarles todos los medios necesarios para poder seguir desarrollándose, capacitando y acompañando en el territorio.

Evite el monopolio de la comercialización de empresas extranjeras que hagan inaccesible los productos por su alto costo.