Continúa la polémica por la construcción en Villa del Lago y desde Legales analizan el marco normativo
Luego de que la Asamblea por la Preservación de las Sierras publicara una nueva carta acusando irregularidades del Municipio en torno a la ocupación de la zona de Villa del Lago, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Roberto Guadagna, dialogó con El Eco de Tandil y contó que es un tema delicado que está siendo tratado en la Secretaría de Asuntos Legales ya que presenta un doble estándar normativo.
La construcción y la quema de terrenos en la zona de Villa del Lago siguen dando lugar a comentarios cruzados y encontronazos entre quienes sostienen que es ilegal edificar en aquel lugar y quienes explican que los dueños de los lotes son legítimos propietarios.
Recibí las noticias en tu email
Accedé a las últimas noticias desde tu emailSi bien el tema viene siendo discutido desde hace ya mucho tiempo, en el corto plazo se destaca una carta que enviaron desde la Asamblea por la Preservación de las Sierras de Tandil al intendente Miguel Lunghi, con copia a los concejales, reclamando medidas urgentes para ponerle un freno definitivo al asunto.
“Es un lugar inadecuado para construir debido a que, según la ley madre de ordenamiento, que es del año 1977, no se puede construir donde no hay agua ni control de efluentes. Y basta con darse una vuelta para ver que todas las casas que están ahí tienen dos o tres cisternas, porque el Municipio les lleva el agua. Es un problema que está totalmente comprobado”, había manifestado Ana Fernández, integrante de la Asamblea, en diálogo con El Eco de Tandil.
Ante tales reclamos, el presidente del Honorable Concejo Deliberante, Juan Pablo Frolik, reconoció que se interiorizó en el tema y que quienes están construyendo son legítimos propietarios.
“Tras la quiebra de Tandilia SRL –empresa que loteó el lugar-, la gente que tenía boletos de compraventa de los lotes obtuvo la escrituración a través del juez; el juzgado firmó las escrituras y esas personas son legítimas propietarias”, indicó Frolik.
La postura del presidente del HCD despertó nuevamente el disgusto de los integrantes de la Asamblea, que publicaron una nueva misiva en sus redes sociales, a la cual titularon “Usos ilegítimos”.
En la misma destacaron que “es lamentable que se insista en una posición que es un gran contrasentido” y remarcaron que “no se puede construir donde no hay agua y posibilidad de garantizar un adecuado tratamiento de efluentes”.
“La celeridad para justificar algunas ocupaciones y construcciones contrastan con la falta de disposición y la lentitud para atender las advertencias sobre los impactos en la calidad del agua que recarga el acuífero del que se abastece la ciudad, en el cambio de escorrentía y aumento de riesgo de inundaciones, en pérdida de biodiversidad, en degradación del paisaje y afectación a los ciudadanos al derecho a transitar por las Sierras, las cuales son de acceso público según la ley de paisaje Protegido ¡Por favor: no sigan diciendo que cuidan las Sierras si no están dispuestos a hacer lo que corresponde!”, exclamaron.
Asimismo, exigieron que “no instalen la idea de que un propietario legítimo sólo tiene derechos” porque si la mayoría de los tandilenses obrara en consecuencia, “la ciudad perdería la calidad ambiental de la cual la dotó la naturaleza, sería un caos, y encima carísimo”.
“¿Quién se hará cargo de los problemas generados por decisiones individuales que contrarían el ordenamiento? Le recordamos que cada casa que se hace en Villa del Lago tiene varios tanques para que la municipalidad les suba el agua”, completaron.
“Hay una situación irregular”
Simón Vanini, integrante de la Asamblea por la Preservación de las Sierras
Simón Vanini, integrante de la Asamblea por la Preservación de las Sierras, dialogó con El Eco Multimedios y señaló que si bien reconocen que son terrenos privados, “hay una situación irregular en cuanto a que no se puede construir en ese lugar” aduciendo que no hay servicios.
Citó una ley provincial para justificar su postura y agregó que esto no es una cuestión de ideas, sino algo práctico: “Si no hay servicios, el costo se eleva y la ciudadanía debe afrontar algo irregular en pos de garantizar el negocio de unos pocos”.
Mediante los comunicados que efectuaron y las cartas que elevaron al oficialismo procuran “proteger lo más posible” una zona que consideran que debería estar enmarcada en el Plan de Desarrollo Territorial pero que reconocen que ya está antropizada.
“Estamos esperando ahora que tomen cartas en el asunto, porque para nosotros es algo muy irregular. Es un debate que se debe dar en el Concejo. La clave es proteger el lugar de aquí en adelante”, declaró Vanini.
Recordó el representante de la Asamblea una situación acontecida tiempo atrás, cuando se detuvo una construcción en la zona por no respetar la normativa vigente: “Es decir que si hay voluntad política, judicial y de todo tipo, se puede realizar la prevención de las sierras”.
Por lo pronto, desde la agrupación esperan que se actúe cuanto antes para resguardar “un valor que es de todos” y para que “haya mayor equidad en torno a la ley”.
La situación se estudia en el área de Asuntos Legales
Roberto Guadagna, secretario de Planeamiento y Obras Públicas
El secretario de Planeamiento y Obras Públicas, Roberto Guadagna, dialogó con este medio y afirmó que es una situación compleja que en este momento está siendo tratada en el ámbito de la Secretaría de Asuntos Legales ya que presenta un doble estándar normativo.
“El plan de desarrollo territorial no es solo una ordenanza municipal, tiene decretos ratificatorios del Gobierno de la Provincia; no es más que una adecuación a la Ley provincial 8912 de ordenamiento territorial y suelo”, explicó.
Desde el punto de vista de los instrumentos de planificación legales, lo que establece es que, ante la ausencia de servicios, se tiene que resolver la factibilidad de los mismos. En ese aspecto, y respondiendo a los integrantes de la Asamblea que sostienen que el Municipio abastece a los residentes de aquella zona, Guadagna aseguró que “no es así” y que los vecinos resuelven la situación comprando agua. “De hecho, del otro lado está la defensora del Pueblo pidiendo que se abastezca, y en realidad es acotado a los iniciales, que son contados con la mano” argumentó.
Por otra parte está la ley de Paisaje Protegido, que habla de la prohibición de todo uso en área de sierra. Empero, cabe aclarar que las dos normas son posteriores al loteo, “entonces ahí hay un tema de legalidad que según del lado que se mire”.
¿El problema es la ocupación o la polución visual?
Continuando con su razonamiento, preguntó retóricamente ¿cuál es el problema? ¿La ocupación de las sierras o la polución visual por la ocupación?
Si bien es cierto que parecen dos cuestiones similares, la realidad es que son muy distintas: una ley prohíbe la ocupación para la preservación de las sierras mientras que la otra habla sobre la factibilidad de los servicios.
“Quiere decir que si vos tornás factibles los servicios, lo siguiente es que podés construir. Pero por otro lado te dicen que no se puede ocupar. Entonces hay un doble estándar sobre el cual hay que trabajar y adecuar la ley, o ver por cuál de las dos se va”, advirtió y completó: “Son dos leyes: una actúa a modo de instrumento de planificación y la otra es restrictiva”.
“Basta de ocupar las sierras”
Bajo su punto de vista, y coincidiendo en esta postura con los integrantes de la Asamblea por la Preservación, “digo basta de ocupar las sierras”. Entiende Guadagna que es un tema exclusivamente de consciencia y que no se puede vivir de la misma manera que en la ciudad, aparte de la responsabilidad de conservación ambiental.
“Coincido en la cuestión de frenar las ocupaciones, pero hay que entender que el derecho asiste a todos, entonces hay que ver cuál es la respuesta adecuada para que el Municipio no se exponga a una demanda judicial”, esbozó.
El tema, entonces, ya es de índole legal y trasciende los instrumentos de planificación. En cuanto a los tiempos, el secretario de Planeamiento y Obras Públicas se mostró expectante de que pudiera estar resuelto ya para fin de año.
Otro inconveniente que surgió fue que los propietarios de los terrenos pidieron que si no pueden construir se los expropien. Pero el problema entonces pasaría por la columna presupuestaria y por saber quién financiaría esa expropiación.
“Es un tema difícil, pero no por difícil inabordable. Está en un debate legal para poder discernir cuál de las herramientas, que son leyes, prevalece”, resumió y cerró: “La ilegalidad está del lado que se mire la ley”.