¿Cómo quedan las jubilaciones tras los aumentos anunciados?
El Gobierno nacional decidió recientemente que las jubilaciones y pensiones del sistema gestionado por la Anses subirán en marzo según una fórmula que implica, en primer lugar, aplicar un aumento de 2,3 por ciento y luego la adición de un monto fijo de 1500 pesos.
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Esto significa que, en el caso del haber mínimo, que cobran unos 2,8 millones de beneficiarios (aproximadamente la mitad del total), el incremento será de 12,96 por ciento. Ese ingreso pasará de 14.067 pesos, la cifra que estuvo vigente entre diciembre y este mes en curso, a 15.891 pesos.
Para quienes cobren ingresos mayores a la mínima, el porcentaje será menor y se irá reduciendo a medida que se eleve el nivel de ingresos. En el caso de quienes perciben el haber máximo previsto por el sistema, actualmente de 103.064 pesos, la recomposición será de 3,75 por ciento y la cifra será, desde marzo, de 106.934 pesos.
Para la mayoría de estos jubilados y pensionados, la recomposición estará por debajo de 11,6 por ciento, que es el ajuste que debió haberse dado en caso de no estar suspendida la fórmula de movilidad aprobada por ley a fines de 2017.Para ejemplificar, para un haber actual de 20.000 pesos, el aumento efectivo será de 9,8 por ciento, ya que se cobrará un ingreso mensual de 21.960 pesos. Si se trata de un ingreso de 30.000 pesos, en marzo se percibirán 32.190 pesos, lo que significa una recomposición de 7,3 por ciento.
El comunicado de la Anses enfatiza que con el anuncio “el 75% del universo previsional recibirá un incremento igual o mayor al 11,56 por ciento, que hubiesen percibido con la fórmula anterior, lo que alcanzará a 6,2 millones de jubilaciones y pensiones”. El texto oficial también destaca que, “al igual que en jubilaciones y pensiones, el incremento quedará incorporado al haber de los 4,1 millones de beneficiarios de la AUH y a las 3,2 millones de asignaciones familiares”.
La mejora es de 197 pesos por mes, o 591 pesos para el completo trimestre de aplicación del anuncio, pues el gobierno se comprometió a enviar al Congreso un nuevo proyecto de ley, instituyendo un mecanismo de ajuste diferente al anterior para cumplir la exigencia de la Corte Suprema de Justicia de que debe haber un mecanismo de ajuste establecido por ley.
