La Cámara Federal de Casación Penal resolvió el recurso interpuesto en el marco de la denuncia presentada por el extenista Guillermo Pérez Roldán contra su padre, Raúl Pérez Roldán, por trata de personas y otros delitos a raíz de los presuntos castigos brutales y golpizas.

En el fallo, que se conoció en las últimas horas, los jueces rechazaron por mayoría la prescripción de los hechos denunciados, ocurridos en las décadas del ‘70 y ‘80 en Tandil, etapa en las que el imputado se desempeñó como instructor, y un recurso de la defensa del acusado contra la decisión que la causa penal tramite en el fuero federal.

Guillermo Pérez Roldán, quien actualmente tiene 53 años y reside en Chile, el año pasado contó su historia en un documental transmitido por una plataforma internacional, y en paralelo realizó la presentación judicial pertinente.

La denuncia

El reconocido extenista tandilense que llegó al puesto 13 a nivel mundial y ganó nueve torneos internacionales, no solamente acusó a su padre por los maltratos que le imponía sino también por lavado de dinero, pues denunció que parte de la fortuna que hizo durante su carrera le fue apropiada por su progenitor.

En agosto de 2022 el Poder Judicial recepcionó los testimonios de Guillermo Pérez Roldán y Graciela Pérez contra el exentrenador. La mujer lo acusó de violación y posteriormente la fiscalía encuadró los términos de la causa tras un fallo de la Cámara Federal de Mar del Plata.

En febrero pasado, la Cámara marplatense confirmó que los delitos no están prescriptos pese a que ocurrieron entre los años ‘80 y ’90, y solicitó que se avanzara sobre las figuras de lavado de activos y trata de personas, delitos de competencia federal.

Seguidamente, el juez Gabriel Di Giulio, titular del Juzgado Federal 1 con asiento en Azul, dispuso que se investigue a Raúl Pérez Roldán por los delitos de lesiones leves y graves, privación ilegal de la libertad agravada y violación contra Graciela Pérez, y por lesiones calificadas, reducción a la servidumbre contra su hijo, y también por administración fraudulenta y lavado de activos por apropiarse del dinero que ganó en los torneos en los que participó.

En este marco, ante las acusaciones en su contra, meses atrás la Justicia Federal le prohibió a Raúl Pérez Roldán salir del país y ordenó que se le coloque una tobillera electrónica para evitar una eventual fuga, además de impedirle ausentarse por más de 72 horas de su domicilio sin notificarlo.

En ese sentido, Casación confirmó la decisión de revocar las medidas de vigilancia, considerándolas excesivas y dejó vigente así la decisión de la Cámara Federal de Mar del Plata, que ya las había revocado.

Raúl Pérez Roldán no sólo se encargaba de entrenar a su hijo para exhibirse en una cancha, además había sido avalado por la Asociación Argentina de Tenis para llevar adelante el centro de entrenamiento de menores en Tandil que, según las terribles denuncias, se basaba en un sistema de violencia física y psicológica que sus víctimas se animaron a revelar casi 40 años después.

El proceso

La acusación de la víctima formó parte de la presentación realizada el 24 de agosto de 2022, en conjunto con el extenista, ante el Juzgado Federal de Azul. El primer avance que había tenido la causa fue la confirmación por parte del fiscal federal de Azul, Santiago Eyherabide, y el juez federal de Azul, Gabriel Di Giulio, de que la acción penal se encontraba vigente, es decir, que “los hechos no se encontraban prescriptos”.

El segundo avance se dio cuando la Cámara Federal de Mar del Plata resolvió que toda la causa sea tramitada en el fuero federal, evitando así que se divida en dos partes, lo que obligaría a las víctimas a pasar por dos procesos judiciales: uno en la justicia local y otro en la nacional, y haciendo lugar al pedido de las víctimas y del fiscal general de Mar del Plata, Daniel Adler, que habían solicitado que la causa no se dividiera.

Los jueces del tribunal de Casación rechazaron el recurso de casación deducido por la defensa particular, “debiendo continuar la causa según su estado”.

Entre los argumentos los magistrados plantearon que teniendo especialmente en cuenta la naturaleza de los hechos denunciados y el avance procesal de la causa, “la declinación del fuero federal resulta, hasta tanto no haya sido al menos descartada la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, lavado de activos y trata de personas, prematura e inconveniente”.

Respecto a la separación de los delitos a la que alude la defensa, expresó que “el delito de lavado de activos aquí denunciado puede tener su causa ya sea en las ganancias obtenidas por Guillermo Pérez Roldán mientras se encontraba en un estado de sujeción (reducción a la servidumbre) o bien como consecuencia del producto de la administración infiel de los bienes realizada por el imputado, de allí que se torne necesario tramitar, aunque sea en esta primera etapa, la pesquisa de modo conjunto para que estas cuestiones puedan ser correctamente dilucidadas”.

Agregó que, en caso de dividir y por lo tanto duplicar la investigación pretendida, “se vulnera el artículo 10 de la ley 27.372 que consagra los derechos y garantías de las personas víctimas de delitos” y además resulta “contraria a las reglas de mejor administración de justicia y economía procesal”.

Y solicitó que “no se haga lugar al recurso de la defensa y se convalide la resolución impugnada”.

Por otro lado, y en relación a los fundamentos vinculados con la prescripción de la acción, planteó “un exceso por parte de los sentenciantes al delimitar el encuadre del caso cuando aún no se han recabado los elementos probatorios necesarios para esclarecer los estándares alegados por los acusadores ni se ha avanzado con la investigación de manera suficiente para establecer aquella conclusión”.

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