Qué dice la Guía de Implementación del Parto Respetado
El Gobierno bonaerense aprobó una Guía de Implementación del Parto Respetado para su aplicación en los establecimientos de salud de los diferentes niveles de atención en el marco de la Ley Nacional No 25.929, según se publicó en el Boletín Oficial provincial.
Recibí las noticias en tu email
Lo hizo a partir de la resolución que establece que junto a los gobiernos municipales, el IOMA, las obras sociales, el subsector privado, asociaciones de profesionales y organizaciones sociales, se coordinarán campañas de sensibilización, promoción y acciones de formación.
También, se trabajará para elaborar mecanismos y herramientas de orientación comunitaria “para garantizar el ejercicio pleno del derecho a las personas gestantes y recién nacidas, durante el proceso de embarazo, parto, nacimiento y puerperio”.
En los fundamentos de la medida, se explicitó que la Ley Nacional de Parto Respetado, sancionada en 2004, “implicó un importante avance en materia de derechos reproductivos y tiene por objeto establecer los derechos que tiene toda persona gestante en relación al embarazo, parto y puerperio, como así también para la persona recién nacida”.
Se recordó que esa norma es de aplicación en los establecimientos de salud de gestión pública, privada y de la seguridad social y establece que toda persona tiene que ser tratada con respeto, en modo individual y personalizado.
Asimismo, garantiza el derecho a la intimidad durante todo el proceso asistencial, respeto por sus pautas culturales y a recibir información adecuada y comprensible.
A la vez, se recordó que la Ley nacional de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres complementa a la de Parto Respetado al incorporar la definición de violencia obstétrica como la que “ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.
La provincia de Buenos Aires, por medio de la Ley 15.188, sancionada el año pasado, adhirió a la “Ley de Parto Respetado”, pese a lo cual “se observan aún importantes desafíos para su plena implementación”, se señaló en la resolución.
Soberanía sobre el cuerpo
Según detalla el primer ítem del marco conceptual de la Guía, en la Argentina existe un amplio marco de derechos de las mujeres y el colectivo de la diversidad sexual, que aplican en relación a la temática de esta Guía. Entre ellos se destacan la Ley Nacional N° 25.673 de Salud Sexual y Procreación Responsable (2002) y las Leyes provinciales N°13.066 y 14.738 de creación del programa de salud sexual y reproductiva en la provincia de Buenos Aires; la Ley Nacional N° 26.061 que crea el Sistema de Protección Integral de los derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2005); la Ley Nacional Nº 26.485 que crea el Sistema de Protección Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar las Violencias Contra las Mujeres en el ámbito que desarrollen sus relaciones interpersonales (2009); la Ley Nacional N° 26.529 de Derechos del Paciente (2009), la Ley Nacional N° 26.657 de Protección de la Salud Mental promulgada (2010), la Ley Nacional N° 26.618 de Matrimonio Civil o conocida como “Ley de Matrimonio Igualitario” (2010), la Ley Nacional N° 26.743 de Identidad de Género (2012), la Ley Nacional N° 26.862 de Fertilización Asistida (2013), la aprobación del Nuevo Código Civil y Comercial (2015), entre otras normas.
La Guía además resalta: “Es importante que nos preguntemos: ¿Qué conocimiento tenemos sobre estas leyes?
¿Organizan de alguna manera nuestras prácticas? ¿Las conocen las personas en proceso de embarazo, parto y puerperio? ¿Se las informamos de un modo activo? Estas y otras preguntas son las que invitamos a hacernos para construir colectivamente el proceso de transformación que necesitamos”.
En este marco de reconocimientos de derechos se inscribe el hito fundacional que inaugura la Ley Nacional N° 27.610 de acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y la Ley Nacional N° 27.611 de Atención y Cuidado Integral de la Salud durante el Embarazo y la Primera Infancia, conocida como “Ley de los 1000 días”, sancionadas el 30 de diciembre del año 2020.
La Ley de IVE, continúa explicando la Guía, se erige como la expresión legal de un proceso cultural más amplio que rompe el mandato que asocia a las mujeres al destino “natural” de gestar, como un “deber”, generando así un antes y un después en la historia de la maternidad en Argentina, para reconocer el derecho a decidir, anclado en el deseo de las mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar.
“La soberanía sobre el propio cuerpo es un derecho humano de todas las personas. El acompañamiento médico e institucional puede limitar y restringir la soberanía de las personas gestantes si no se realiza de manera crítica, reflexionando sobre nuestra práctica instituida y cotidiana. El proceso de embarazo, parto y puerperio se ve atravesado por una serie de prácticas sanitarias rutinarias que ponen a las personas gestantes en una situación de exposición a las violencias. La violencia obstétrica es una modalidad de violencia por razones de
género, pero además es un problema de salud pública”, detalló además la Guía.
