Medioambiente y género, los alcances y desafíos del Acuerdo de Escazú en materia de derechos para las mujeres

A lo largo de abril 12 países de América Latina y el Caribe, entre los que se incluye Argentina, debatieron y aprobaron las Reglas de Funcionamiento de la Conferencia de las Partes (COP) y del Comité de Aplicación y cumplimiento del Acuerdo de Escazú.  

La acción se dio precisamente al cumplirse un año de la entrada en vigor de este primer acuerdo ambiental de América Latina y el Caribe, y el primero en el mundo en adoptar garantías para la protección integral de las personas defensoras del ambiente y derechos humanos.

El evento se propuso ser un espacio de debate regional con participación de mujeres de América Latina y el Caribe a fin de identificar puntos de entrada para que en el marco de Escazú se tomen decisiones que contribuyan a la progresividad de los derechos de acceso de las mujeres, con enfoque intercultural e intergeneracional.

En ese contexto, representantes de los distintos países involucrados ahondaron en temáticas como la violencia de género en el sector ambiental; el acceso a la información, a la participación y a la justicia. 

Es importante repasar que el 4 de marzo de 2018 América Latina y el Caribe celebraron en Escazú, Costa Rica, el “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe” o mejor conocido como “Acuerdo de Escazú”.

En su momento, desde “Hábitat y Conciencia” dimos a conocer los detalles de este tratado, del cual Argentina ratificó ser “Estado parte del acuerdo”. 

Cuestiones de mujeres

En el marco de la Conferencia de debate que se dio recientemente, se profundizó en algunas cuestiones imprescindibles para dar reglamentación y funcionalidad al Acuerdo de Escazú, entre esas hubo un abordaje puntilloso sobre las claves en materia de género, sus retos y oportunidades.

El objetivo fue identificar puntos de entrada para que se tomen decisiones que contribuyan a la progresividad de los derechos de acceso de las mujeres, con enfoque intercultural e intergeneracional. A grandes rasgos se buscó responder a tres preguntas: ¿qué retos enfrentan las mujeres para ejercer cada derecho de acceso? ¿Qué cambios se deben hacer para eliminar estas barreras? y ¿qué capacidades se tienen que crear o fortalecer para que eso suceda? 

De esta manera, panelistas de México, Argentina, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Paraguay y Brasil canalizaron un intercambio de temáticas enriquecedoras mediante el cual arribaron a la conclusión de que el Acuerdo de Escazú va a beneficiarlas para poder tener la información ambiental precisa para defender los recursos naturales. 

Violencia de Género y medioambiente

En la suma de exposiciones, es importante hacer foco sobre la que abordó la mexicana Itzá Castañeda en cuanto a violencia de género y medioambiente, el cual destacaron tuvo principal relevancia a ser abordado desde el enfoque de género.

“La naturaleza de la violencia compleja, en términos de esta violencia de género, se da en contextos de acceso y control sobre los recursos naturales, sobre presiones y amenazas como el cambio climático, los desastres naturales, y también lo que llamamos la acción ambiental para defender y conservar los ecosistemas y los recursos”, conceptualizó al iniciar la charla.

En un reporte con casos de estudio de distintas partes del mundo sobre medio ambiente y violencia de género realizado en 2020, previo a la adopción del Acuerdo de Escazú, se identificaron denominadores comunes en este tema, pese a los diferentes contextos sociales, económicos, políticos y religiosos. 

Un denominador común es que la desigualdad de género es omnipresente en todos estos contextos. Otro denominador es que las leyes nacionales y consuetudinarias, las normas sociales y los roles tradicionales de género dictan justamente quién puede acceder y controlar los recursos y, a menudo, esto resulta en la marginación de las mujeres en comparación con los hombres.

En América Latina y el Caribe (LAC) la desigualdad estructural en el acceso a los recursos está dada principalmente por la tenencia de la tierra, y cuando vemos los tipos de violencia de género vinculados a la tenencia de la tierra y al acceso de los recursos, no están plenamente entendidos y documentados. 

Desigualdad post pandemia

Hace apenas unos días se conmemoró un nuevo “Ni una Menos” en todo el país con masivas movilizaciones en contra de la violencia por cuestiones de género. También en el contexto de este debate en torno a la función del Acuerdo de Escazú destacaron que “hay violencias de distinto tipo”, no únicamente la física, sino también la económica, social y cultural que se dan a partir de este eje estructurante, que es el acceso a los recursos a partir de la tenencia.

“En LAC la violencia de género es un medio de control sistemático para hacer cumplir y proteger los privilegios existentes en torno a los recursos naturales. Esto hace que se mantengan los desequilibrios de poder, y esto se da desde los niveles macro, comunitarios, hasta en el hogar”, precisó Castañedas.

En ese sentido, reconoció que a estas desigualdades de género las llaman “la violencia de la desigualdad”, ya que ratificó que “la desigualdad en sí misma es violenta”. Desde la realización del estudio mencionado arriba, desafortunadamente se ha documentado el incremento de ataques a mujeres. 

“La desigualdad se ha incrementado a partir del Covid”, aseveraron y no únicamente en términos de pobreza, sino en relación al medioambiente, que incluyó una mayor degradación de los recursos naturales (bosques, agua); y también en relación a la migración climática que no está reconocida ni tiene marco legal para atender las violencias que las mujeres sufren por el desplazamiento de grandes masas de personas por el cambio climático.

Allí la mexicana planteó que la violencia contra las defensoras incluye intimidación, vigilancia, violencia sexual y criminalización. Además, contó que se ha documentado mayor violencia contra población indígena. 

Acusó la desaparición de fondos para la protección de personas defensoras de derechos humanos, de reparación y asistencia integral y otros relacionados, no sólo contraviene las obligaciones en materia de protección de los derechos humanos ambientales y su defensa como lo menciona el Acuerdo de Escazú, sino que se traducen en que se eliminan los recursos financieros que hacen el sustento del Estado para cumplir con estas obligaciones.

“No podemos leer el Acuerdo de Escazú de manera aislada de los otros marcos de derechos humanos de las mujeres. Tenemos que leerlos en su conjunto”, enfatizó y concluyó advirtiendo que la violencia de género se manifiesta en absolutamente todos los temas ambientales. “Tenemos que empoderar el Acuerdo de Escazú, que sea un ancla para poder avanzar”, cerró.

Información, participación y justicia

Entre las demás temáticas, la argentina Valeria Berros refirió al derecho de Acceso a la información, planteando en primer medida la desigualdad existente en términos de sufrimiento ambiental, de desigualdades territoriales, de activismos que están cruzados por la perspectiva de género. “Escazú se convierte en un espacio importante para empezar a fortalecer y robustecer los distintos accesos”, dijo.

Así, consideró necesario preguntarse cuál va a ser la voz de las mujeres en los diseños institucionales que, necesariamente se tienen que robustecer de cara a la implementación del Acuerdo. “Tenemos la cuestión de producir información con perspectiva de género”, afirmó. 

Por otro lado, en materia de Acceso a la Justicia la colombiana Vanessa Torres precisó que el Acuerdo de Escazú reconoce la necesidad de que los Estados garanticen el acceso a instancias judiciales y administrativas en materia ambiental. 

“Las barreras de las mujeres de acceder a la justicia ambiental pueden verse reflejadas en la identificación de los impactos que conflictos sociales y ambientales tienen sobre las mujeres, y que muchas veces no son evidenciados desde un escenario judicial”, consideró.

El Tratado en cuestión habla de la importancia de la generación de pruebas del daño ambiental, medidas cautelares y otras figuras judiciales, para proteger los derechos fundamentales. En ese sentido, manifestó que las mujeres tienen roles importantes a nivel comunitario que muchas veces dificultan que sean ellas quienes lideren estas acciones de activismo judicial.

Finalmente, Belén Paez de Ecuador compartió su conclusión sobre la participación. “Confiamos que en el horizonte de los próximos 5 a10 años, el Acuerdo de Escazú y otras políticas relacionadas pueden ser herramientas poderosas para la región, para fortalecer la participación de las mujeres, en la medida en que los movimientos sociales y grupos de mujeres rurales e indígenas puedan participar con mayor amplitud en las comunidades y ciudades, en la política pública”.