El Gobierno busca ponerle tope al aumento de las prepagas

Las cuotas de la medicina prepaga fueron las que más subieron en el 2024, muy por encima de la inflación, por lo que el Gobierno busca ponerle un tope a esos ajustes, que causaron estragos en los presupuestos de los sectores medios y los jubilados.

El año pasado, las prepagas subieron sus cuotas un 124 por ciento, apenas por debajo del costo de vida, que fue del 127,8.

Tras el dato de inflación de enero, que marcó una desaceleración al 2,2 por ciento, en la administración libertaria buscan cómo evitar que las empresas de medicina privada sigan remarcando sin cesar.

Lo curioso es que fue el propio Gobierno de Javier Milei el que le dio vía libre a los aumentos del sector financiador de servicios de salud a poco de asumir, cuando liberó sus precios.

Según trascendió, el Gobierno analiza un decreto que limitará hacia adelante los aumentos de las empresas de medicina prepaga.

La idea es que los aumentos ya no podrán ser generalizados para todos los afiliados de una misma compañía, sino que se deberá discriminar por planes.

Para los adultos mayores, no podrán superar el triple del valor que se les cobre a los más jóvenes.

Las prepagas anunciaron subas en enero de entre 3 y 3,9 por ciento según el plan, es decir casi el doble del IPC general.

Para justificar los índices de ajuste, los representantes del sector de las prepagas argumentan que el costo de la salud es más alto que el promedio de precios.

Al menos cinco grandes firmas le informaron a sus afiliados cuáles son los nuevos valores de los aranceles correspondientes a enero, con un máximo del 4 por ciento.

El Gobierno anunció a mediados de diciembre último la imputación por supuesta cartelización a las empresas de medicina prepaga. Se trata de las firmas Galeno, Hospital Británico, Hospital Alemán, Medifé, Swiss Medical, Omint y OSDE. También fue imputada la Unión Argentina de Salud (UAS) y Claudio Belocopitt.

Desde la Secretaría de Industria y Comercio detallaron que la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) fijará un plazo que no podrá ser mayor a 90 días hábiles para que se produzca la prueba concedida, pero de ser necesario se podrá presentar una prórroga por 90 días hábiles más.

Una vez concluido este período, las partes imputadas tendrán seis días hábiles para presentar sus alegatos (NA).