Integrantes de la toma de La Movediza se cruzaron con Marcieri y exigieron respuestas en el Municipio

La toma de lotes en La Movediza abrió un nuevo capítulo en la jornada de ayer, con la presencia de los acampantes en la Municipalidad para exigir respuestas por parte del Ejecutivo a la problemática habitacional. 

En tanto, en horas de la mañana, mientras en el Salón Blanco se desarrollaba el encuentro “Las ciudades intermedias como territorio de talento”, en el interior del edificio decenas de manifestantes expresaron su disconformidad con el desalojo firmado por el juez Moragas el pasado miércoles –que los intimó a abandonar el predio en 45 días- y ratificaron la necesidad de contar con el “derecho a una casa propia”. 

Con cánticos y carteles, las familias con hijos se hicieron oír y algunos grupos protagonizaron un tenso cruce con Alejandra Marcieri, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat de Tandil. Si bien los vecinos no fueron recibidos en el momento por el intendente Miguel Lunghi ni por los funcionarios, entregaron un petitorio a la gestión local y Marcieri acordó celebrar mañana a primera hora una reunión en la dependencia a su cargo para dialogar al respecto. 

En esta línea, los integrantes de la toma pidieron concretamente "acceder a un terreno en el cual construir nuestras viviendas" y elevaron una serie de propuestas, como "pagar los terrenos si se nos posibilita una financiación en cuotas, que podrán ser del valor de un alquiler modesto; asumir el compromiso de edificar nuestras viviendas; asumir el pago de impuestos y servicios; legitimar la propiedad a través de escrituras".

La intervención municipal 

En contacto con El Eco Multimedios, Alejandra Marcieri ratificó lo que expuso ante la Justicia en el marco de la aplicación del Protocolo de la Suprema Corte provincial: que los ocupantes del predio serán evaluados por Desarrollo Humano luego de desalojar el lugar. 

“La Justicia dictaminó que se trata de un predio privado y les otorgó 45 días para irse. A partir de que vayan desalojando, si se acercan a pedir acompañamiento serán citados en los centros comunitarios del barrio para evaluar la situación y ver si les corresponde algún programa del área”, señaló la funcionaria. 

En contrapartida, este posicionamiento fue cuestionado por la Defensoría Oficial y por otros integrantes de la mesa de relevamiento, por no ser propositivo y vincular una eventual ayuda al desalojo, en lugar de ofrecer soluciones encuadradas en el marco de actuación que se activó antes de proceder al desalojo compulsivo. 

En febrero, tras la denuncia del ciudadano que se presentó ante la Justicia como el dueño de las tierras, se tramitó una causa penal por “Usurpación” en la UFI 3 y el Poder Judicial inició una serie de acciones legales tendientes a desactivar el conflicto, que incluyó la convocatoria de instituciones como la Unicen, las Defensorías del Pueblo, la Defensoría Penal, organismos provinciales y demás actores, para efectuar un informe acerca de las condiciones obrantes en la toma. 

El compás de negociación se abrió a mediados de marzo y la semana pasada, el fiscal Piotti dio por agotadas las instancias del Protocolo y solicitó al Juzgado de Garantías el desalojo compulsivo del espacio. Seguidamente, el juez José Alberto Moragas hizo lugar al pedido y ordenó la expulsión por la vía policial de los acampantes si en 45 días no abandonan el predio por sus propios medios. Las fecha límite es el 8 de julio, pero las familias persiguen una solución previa para que “no los vuelvan a dejar en la calle”. 

En torno a la implementación del Protocolo, cabe recordar que el Municipio decidió exponer sus propias conclusiones sobre el censo realizado por diversas instituciones el 17 de abril pasado y efectuó una valoración diferente de la situación de vulnerabilidad de los distintos grupos presentes en el acampe masivo. 

Tenso cruce

En simultáneo, mientras se dirigía a las oficinas comunales y dialogaba con la prensa, los ánimos se caldearon y Marcieri fue increpada por una de las vecinas presentes, que le recriminó que haya llamado “delincuentes” a los ocupantes del macizo en litigio. 

Frente a ello, la funcionaria retrucó: “Una respuesta de nosotros no van a tener porque es un predio privado y toda persona que toma una propiedad privada está cometiendo un delito. Esté alambrado o no, si el juez determina que hay propiedad privada, cualquier persona que se apodera de algo que no es suyo está cometiendo un delito. El Estado municipal está abierto con distintas puertas”. 

Además, los vecinos también la cuestionaran por no acercarse a conocer la realidad de la ocupación y no dar cuenta del apremiante estado de situación de algunas personas que se encuentran allí. En paralelo, la secretaria de Desarrollo Humano afirmó que “es difícil interactuar si no podemos abordar las situaciones en particular” y reiteró que “quienes vayan dejando el predio pacíficamente, se recibirá familia por familia para ver el acompañamiento, pero sepan que una solución definitiva no le vamos a encontrar por parte del Municipio”.

Los petitorios entregados

A comienzos de mayo, un grupo de vecinos que se encuentran haciendo uso del mencionado predio, enviaron una carta al Concejo Deliberante con el fin de relatar su situación y dar a conocer los motivos que los llevaron a ocupar el terreno, para contrarrestar ciertas versiones que vinculaban la usurpación a una problemática política. 

“Nos dirigimos a este recinto mediante escrito para presentarnos, porque somos integrantes de las familias que hacen posesión de un macizo de tierra ubicado Piccirilli al 1000 entre las calles Misiones y Formosa”, comenzaba la misiva dirigida al presidente del cuerpo, Juan Pablo Frolik, que ayer entregaron también en todos los bloques Legislativos y en Secretaría Privada de la Intendencia. 

En el texto relataron que fue un grupo de 14 madres de familia quienes comenzaron a ingresar de forma gradual al espacio en disputa. A través de los comentarios entre vecinos, explicaron que “fueron individualmente tomando la decisión de sumarse”.  

“Teniendo conocimiento de no haber incurrido en el delito de Usurpación dado que el lugar no contaba con delimitación alguna, edificación existente o árboles, el ingreso fue sin romper, ni violentar o modificar nada sobre el lugar. Fue de manera gradual, voluntariamente, por diversas familias y a plena luz del día, a cara descubierta y sin incurrir en el delito de Usurpación, nos encontramos haciendo posesión del lugar”, precisaron en el texto. 

Según la carta presentada al Concejo, esto se debió a que los mismos habitantes del barrio estaban cansados de que el descampado “sea un aguantadero delictivo donde se escondían delincuentes que acechaban al barrio, depositando en el lugar lo robado a los propios vecinos”. 

A su vez, sostuvieron que “nadie se hacía cargo del lugar”, y que “hoy el reclamante, el señor Moauro, en su momento, y en diferentes años y épocas, al recibir el reclamo de los vecinos creyendo que él era el responsable del lugar, se desligaba de responsabilidades sobre el espacio”. 

La carta concluye planteando que hasta la fecha los vecinos desconocen que el lugar pertenezca a un particular privado, y “teniendo en cuenta que somos vecinos apoyados por vecinos”, piden por “su intervención (la del Municipio) para garantizar los derechos que por ley nos ampara de la misma manera”. 

Plegarias no atendidas 

Por otra parte, Verónica, una madre soltera con dos niñas que forma parte de la ocupación desde el principio, en contacto con este Diario indicó que hace casi un mes entregaron un petitorio y que volvieron a presentarlo en la fecha ante la falta de respuestas. La mujer se lamentó por el devenir de los acontecimientos y en tal sentido, criticó que la comuna no se haya acercado a la toma para saber más de las familias.  

“No vinieron a nosotros, no se acercaron. Le pedimos al Intendente que nos escuche, él se desentendió del tema y nunca dio la cara. Queremos que nos dé una cita para hablar con todas las familias de la toma. Pedimos un turno y no nos dan”, reclamó. No obstante, recapituló que su situación particular antes de la ocupación masiva era “de calle” y sostuvo que “no podía pagar más un alquiler, o pagás el alquiler o comés”.  

Por su lado, en tanto, aseguró que en varias oportunidades se acercó al área que dirige Marcieri pero que nunca obtuvo contestación ni acompañamiento alguno. “Somos trabajadores, no delincuentes, Marcieri nos trató de delincuentes. No somos unos vagos como ellos dicen”, enfatizó, y aclaró que tiene trabajo pero no registrado. 

Por último, Verónica aseveró que de no mediar respuestas esta semana, cortarán la Ruta 226 en señal de protesta para intentar obtener soluciones puntuales y apuntaron a reunirse con el propio jefe comunal para destrabar la creciente conflictividad.