El déficit habitacional, el conflicto de intereses y un cuello de botella que cada vez ahorca más

Las conclusiones desprendidas de ambos informes presentan dos abordajes diametralmente opuestos y la problemática no se agota en el delito denunciado -Usurpación- sino que se trata de un asunto multifactorial con imbricaciones profundamente estructurales e inclusive, ideológicas. 

La falsa dicotomía propiedad privada vs. déficit habitacional, soslaya el problema de base y obtura el debate, porque ancla la cuestión en una mirada netamente punitivista, estigmatizante, mientras las soluciones habitacionales no llegan y los precios del mercado inmobiliario se disparan. Asimismo, una eventual presión de movimientos políticos ejercida a través de una facción de la toma, no excluye que haya quienes bregan por otro tipo de respuestas. 

En tanto, si se piensa que la pronunciada caída del poder adquisitivo del sector asalariado y la clase media complejiza la trama porque no pueden acceder a una vivienda, el panorama para las clases bajas o populares es aún más crítico. Y aunque existen mecanismo normativos de acceso justo al hábitat, los engranajes van en desventaja ante la creciente demanda y las promesas de un Estado de bienestar que tiene muchos palos en la rueda. 

Por su parte, las instituciones convocadas para el cumplimiento del protocolo -Defensoría del Pueblo de Tandil, Defensoría del Pueblo bonaerense, Unicen, Secretaría de Hábitat provincial, Defensoría Oficial, Defensoría General de Azul y el Instituto Provincial de la Vivienda- se inclinaron por intentar comprender cabalmente el escenario desplegado y dar respuestas a las familias más vulneradas. 

Bajo este parámetro, el censo realizado el 17 de abril por los mencionados actores, señaló que el 94,1 por ciento de los ocupantes del terreno son tandilenses. Asimismo, se expuso que la gran mayoría de los hogares eran inquilinos antes de instalarse en el predio, que un 38,1 por ciento de los hogares asentados se encuentran en situación de indigencia y que el 33,6 se halla en situación de pobreza.

Además, fuentes ligadas a algunos de los organismos participantes, apuntaron contra la falta de políticas públicas habitacionales del Estado local y la reticencia a ser parte de los espacios de diálogo para ensayar soluciones colectivas. Al respecto, entre varias opciones, en dichos encuentros se plantearon eventuales relocalizaciones para los casos más comprometidos y sentar a la mesa de trabajo al particular damnificado con miras a que la Provincia se haga cargo del problema con alguna propuesta. 

No obstante, la postura municipal de no actuar hasta que no se produzca la expulsión o retiro voluntario de los ocupantes, también fue considerada como “desafortunada” por no ser propositiva ni cumplir con el espíritu del Protocolo, que exhorta a resolver el conflicto in situ, justamente para desactivar la conflictividad sin recurrir a la desocupación por la vía policial. 

Déficit habitacional

De hecho, los últimos datos publicados por el Indec del Censo 2022, dejaron al descubierto que Tandil es el distrito de la provincia –junto a Pinamar- con menos familias propietarias, circunstancia que evidencia a las claras el problema en el acceso a la tierra y la vivienda, una arista ampliamente mediatizada. 

La cifra oficial relevó que apenas el 57,8 por ciento de los hogares de Tandil cuenta con casa propia  y el porcentaje se encuentra incluso por debajo de la media nacional y provincial, que en ambos casos supera el 60 por ciento. 

En paralelo, el conflicto social se territorializó y los barrios populares empezaron a ver aún más resquebrajado su tejido. De acuerdo a datos oficiales de Nación, en 2016 había en Tandil  905 familias instaladas en tres barrios populares y para 2022 la cifra trepó a 1.788, localizadas en 10 asentamientos. Se trata de urbanizaciones con grandes déficits de infraestructura, pese al crecimiento exponencial del último tiempo y, sin ánimos de hacer juicio de valor, originadas al calor de las ocupaciones como metodología no excluyente, pero sí preponderante. 

Este cuello de botella es un tópico que la comuna parecería no estar dispuesta a debatir en estos términos y en contrapartida, el reporte de Desarrollo Humano y Hábitat se trató más bien de una pesquisa de datos y antecedentes para armar el rompecabezas de la toma. Vale reseñar también que en las primeras semanas posteriores a la ocupación, la comuna comunicó de manera oficial su postura al respecto y vinculó la toma a intereses políticos. 

De esta forma, amparándose en la “falta” de datos certeros para evaluar la situación socioambiental de las personas que forman parte de la ocupación de los lotes, desde Desarrollo Humano y Hábitat evitaron hablar de los cuadros de vulnerabilidad de los agrupamientos instalados en el asentamiento de Piccirilli y las eventuales responsabilidades estatales en su acompañamiento.  

En otras ocasiones, la secretaría municipal ha remarcado que brinda acompañamiento a un universo de 2500 familias y que presta alrededor de 500 ayudas en concepto de alquileres, además de contar con un registro de demanda habitacional con más de tres mil inscriptos. 

Puja de intereses 

Sin embargo, un detalle no menor es que en una entrevista concedida a este medio, Alejandra Marcieri declaró: “Sé que hay una persona que los organiza y esto está verificado”. 

Huelga recordar que el mismo intendente Miguel Lunghi en una conferencia de prensa habló de intereses políticos en épocas electorales y en un comunicado oficial con fecha del 25 de febrero, el Municipio expresó su “total rechazo a la toma  ilegal e ilegítima de terrenos”.

“Ninguna situación justifica que se pueda violar la propiedad privada de ningún vecino y lamentablemente estos hechos se producen sistemática y metódicamente en años electorales, repitiendo un fenómeno que suele producirse en distintos lugares del país”, sostuvo la gestión local, que cerró el texto exhortando a la ciudadanía a “no perder de vista que en situaciones como éstas no hay lugar para oportunismos mezquinos”. 

El camino para zanjar las tensiones parece ser repensar la agenda urbana, en general, y la cuestión de la vivienda, en particular, desde la perspectiva de los derechos humanos. Sin una agenda urbana que priorice la perspectiva de derechos, el hilo pareciera cortarse siempre por el lugar más débil, en detrimento de las poblaciones que luchan por dar respuesta a una problemática apremiante. 

Parafraseando a Eduardo Galeano: “¿Qué tal si clavamos los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible?”.