Con el informe habitacional, pactarán una audiencia para dar una salida pacífica a la toma

Pasados más de dos meses de que se inició la toma en La Movediza, se encauza el protocolo para buscar una salida amable al conflicto que se suscitó en el predio de Piccirilli al 1000 ocupado desde febrero por 120 familias. 

Así, el 17 de abril se llevó a cabo el censo ordenado por la Justicia en el marco de la causa por “Usurpación” que tramita la UFI 3, iniciada tras la denuncia que radicó el ciudadano que alegó ser el dueño de las tierras en disputa. Se trata de Nicolás Moauro, quien reside en las inmediaciones del lugar y expuso que el macizo le pertenece a su familia. 

En tanto, el trabajo en cuestión contó con la participación de todas las instituciones convocadas para el cumplimiento del protocolo elaborado por la Suprema Corte de Justicia. En concreto, prestaron colaboración la Defensoría del Pueblo de Tandil, la Defensoría del Pueblo bonaerense, la Unicen, la Secretaría de Hábitat provincial, la Defensoría Oficial, la Defensoría General de Azul y el Instituto Provincial de la Vivienda.

Cabe destacar que hacia fines de marzo, el Municipio censó a las personas que acampan en el terreno, pero la Defensoría Oficial a cargo de Diego Araujo notificó que diferentes organismos provinciales y locales debían efectuar un nuevo relevamiento en el lugar para conocer la cantidad de personas y abordar sus problemáticas habitacionales, entre otras variables de interés. 

Avances en la causa

Fuentes oficiales consultadas por El Eco de Tandil indicaron que los datos del relevamiento fueron recopilados por la Defensoría del Pueblo bonaerense y posteriormente entregados a la Secretaría de Hábitat de la Provincia para que confeccione un informe que categorice a los grupos instalados de acuerdo a sus niveles de vulnerabilidad. 

Según las estimaciones, el reporte deberá ser girado a Tandil esta semana y a partir de esa información, el juez que entiende la causa, José Alberto Moragas, titular del Juzgado de Garantías 1, deberá fijar -como suele hacerse en estos casos- una audiencia única con las partes y los organismos que han intervenido en el conflicto con el objeto de proponer una solución “amistosa". 

El mencionado protocolo se activó con el propósito de no proceder a un desalojo compulsivo sin agotar todas las instancia pacíficas posibles. De acuerdo a lo que conste en el informe, también podría identificarse la existencia de agrupamientos no calificados para acceder a las propuestas que surjan del abordaje de las diversas problemáticas. 

Además, ante la llegada del frío, desde la Defensoría Oficial solicitaron recientemente al magistrado que modifique la medida cautelar que impide innovaciones en el lugar. La orden judicial se dictó el 17 de marzo y tiene vigencia por 60 días, a fines de evitar que se levanten nuevas construcciones y que más personas se sumen a la toma.

En tal sentido, la Defensoría destacó que no se pretende de este modo afianzar la toma, sino lograr que quienes aguardan una solución “puedan hacerlo en mínimas condiciones de aceptabilidad”. Es decir, la medida busca que se habiliten las modificaciones estructurales para que los ocupantes -sobre todo las familias con menores- puedan hacer frente a las bajas temperaturas del otoño tandilense.