A dos meses de la toma, el dueño del predio ocupado en La Movediza cuestionó que dilaten el desalojo

Casi 60 días después de que un grupo de personas tomara posesión de un descampado en la calle Piccirilli al 1000, los propietarios del terreno aguardan que se efectivice el desalojo. 

Previamente, la Justicia ordenó activar el Protocolo de la Suprema Corte de la Nación para intentar encontrar una salida pacífica al conflicto. Así, el 17 de marzo, el juez de Garantías 1 José Alberto Moragas, dispuso que se agoten todas las instancias antes de llegar al desalojo compulsivo del predio, estableció por 60 días la prohibición de efectuar innovaciones en el lugar en disputa y obturó el ingreso de otras personas a la toma. 

En ese marco, a fines del mes pasado la comuna censó a las personas que acampan en el terreno, pero ahora la Defensoría Oficial notificó que diferentes organismos provinciales y locales realizarán un nuevo relevamiento en el lugar a partir del próximo lunes. 

Asimismo, Nicolás Moauro, uno de los titulares del predio, habló con El Eco Multimedios y criticó las demoras para resolver el problema. El hombre y su familia residen en el sector adyacente y tienen allí su vivero, razón por la cual deben convivir con los protagonistas de la toma a diario. 

“Estamos muy cerca, al principio lo vivimos con mucha intranquilidad porque no sabíamos cómo actuar y optamos ir por lo legal, que es lo que corresponde, aunque podríamos haber tomado medidas más rápidas y correr otros riesgos. Fuimos por la vía legal, pero no pensamos que iba a haber tanta demora. Cuatro horas después de la toma acreditamos la titularidad de las tierras y ahora hay demora para todo”, explicó. 

Por su parte, apuntó a la vulneración del derecho a la propiedad privada y puso en tela de juicio el respeto a “la democracia y la Constitución Nacional”.

Nuevo censo y demoras

Días atrás la Defensoría mantuvo una reunión con diferentes organismos provinciales y locales, y tomaron la decisión de hacer un nuevo relevamiento en el territorio, más completo que el anterior, presentado por el Municipio.

De este modo, se prevé que el instrumento informe en qué situación y en qué punto de desidia está cada vecino a nivel habitacional, económico y social dentro del barrio, para que la Justicia evalúe estos datos en pos de tomar las mejores decisiones para solucionar el conflicto.

En tanto, Moauro sostuvo que “está faltando vocación y valentía por parte de la gente que tiene que embarrarse las manos y tomar el control de la situación”, y refirió que desconoce por qué se va a realizar un nuevo censo. En tal sentido, expuso que tras comunicarse con agentes municipales, no obtuvo más respuestas sobre el asunto. 

“Sé que van a hacer un nuevo censo y no sabemos cómo va a seguir todo. Son situaciones que te ponen agresivo, porque yo te voy a poner en el patio de tu casa o enfrente 50 carpas con chicos, en situaciones que no son las que nosotros estamos acostumbrados, tirando basura, haciendo humo y gritando, con un tránsito de vehículos todo el tiempo. Esta gente no conoce la propiedad privada ni la Constitución, no son nacionales”, lanzó. 

Y si bien aseguró que no sabe con exactitud si se agregó más gente o no a la usurpación, exhibió que se percibe un movimiento constante en el predio y que por ello se vio obligado a cercar con un alambre de dos metros de altura el perímetro de su casa y el espacio que usa su familia. El cerramiento tiene 300 metros y lo cubrieron con una tela verde para tener privacidad y escapar de la mirada ajena.

Con visible molestia concluyó que “ahora estamos más aislados, porque nosotros vivimos acá y tenemos nuestro negocio, pero la verdad es que nos sentimos desprotegidos e invadidos”.