Por unanimidad, el Concejo aprobó la ordenanza que prevé multas por violar las medidas sanitarias
En una hora de sesión extraordinaria, los bloques políticos acompañaron con su voto la propuesta elevada por el Ejecutivo. Las negociaciones previas permitieron un texto consensuado y un rápido avance en el recinto. Oficialismo y oposición destacaron la importancia de contar con la herramienta y repasaron algunos de las modificaciones incorporadas. Hoy entraría en vigencia.
Como cierre de una semana de intensas negociaciones, el Concejo Deliberante sesionó ayer al mediodía y aprobó, por unanimidad, el Régimen Contravencional de Emergencia Sanitaria Tandil (Covid-19), una herramienta propuesta por el Departamento Ejecutivo que prevé sanciones para los casos en los que se transgredan las normas sanitarias vigentes en el marco de la pandemia por el coronavirus.
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En un tratamiento exprés, que fue posible gracias a las discusiones que tuvieron lugar durante los últimos siete días, oficialismo y oposición coincidieron en dotar a la administración de Miguel Lunghi de un esquema que establece multas para quienes incumplan las reglas que rigen durante la emergencia sanitaria. Tras su promulgación, se publicará en el Boletín Oficial y se prevé su entrada en vigencia a partir de hoy.
En una sesión sin debate, los oradores fueron los presidentes de los tres espacios políticos. Sin extenderse demasiado, expusieron sus miradas en torno a la propuesta, con especial hincapié en las negociaciones que permitieron avanzar en la redacción de un texto consensuado. Para finalizar, se sumó la voz del concejal Luciano Grasso (Juntos por el Cambio), quien aportó una reflexión basada en la importancia de la salud mental durante este contexto.
En ese sentido, la oposición realizó un repaso sobre las sugerencias que finalmente quedaron reflejadas en el documento aprobado. En detalle, se incorporó el encuadre normativo nacional, provincial y municipal vigente para que el régimen tenga sustento jurídico, se definieron los sujetos a los cuales alcanza a la vez que se eliminó el artículo cuarto, apartado tercero, que planteaba multas para los comercios que incumplieran con el uso de aplicaciones móviles y demás herramientas tecnológicas dispuestas por la autoridad de aplicación.
La ordenanza tiene como objeto establecer un régimen contravencional aplicable en el Partido de Tandil “a las conductas típicas que en la misma se establecen y en virtud de las normas obligatorias y vigentes dispuestas por el Estado nacional, provincial y municipal en razón del coronavirus y que se verifiquen ocurridas durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada”.
La autoridad de aplicación de este régimen “excepcional” y “de emergencia” será el Departamento Ejecutivo, a través de las dependencias con competencia técnica y funcional en la materia. En efecto, como autoridad de juzgamiento serán competentes los Juzgados de Faltas municipales y será aplicable en forma supletoria el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires.
Trabajo, debate y acuerdo
El encuentro legislativo comenzó con la exposición del Mario Civalleri. El presidente del bloque de Juntos por el Cambio realizó un repaso sobre el debate que se inició hace una semana luego de la convocatoria que realizó el jefe de Gabinete, Oscar Teruggi, para exponer los principales lineamientos de un proyecto con el que pretendían atender una de las problemáticas actuales frente al contexto sanitario actual.
Destacó la actitud del arco opositor que compartió la idea “sin caer en falsos debates” y en pos de “tutelar un bien mayor, que es el bienestar general y de la salud pública”.
En su argumentación, se enfocó en estas “conductas individuales” que “ponen en riesgo la salud de otros y repercuten en un marco global”, y que, en este momento, “vuelven a poner en jaque el sistema de salud y la capacidad de respuesta de los vecinos”.
“Es imperioso en ese caso que asumamos que debemos hacernos cargo de una situación que tiene que ser controlada en todo sentido”, justificó el concejal del oficialismo.
A ese planteo, sumó la importancia de sostener la estructura económica de la ciudad, la cual atravesó circunstancias complejas durante la fase más estricta de la cuarentena.
Bajo ese esquema, la propuesta del Ejecutivo busca poner “blanco sobre negro” y atender a ambos universos: las actividades habilitadas y las no habilitadas y que “ponen en jaque a todo un andamiaje sanitario y económico”.
En su lectura política, Civalleri apuntó que hubo que recorrer un proceso de “diálogo fuerte” entre los bloques y con el Ejecutivo para lograr la mejor norma posible.
“Lo que estamos diciendo con esta ordenanza es que sigamos cuidándonos y promoviendo culturas responsables en el tratamiento de una situación que escapa a la lógica de vida a la que estamos acostumbrados”, reflexionó y destacó el mensaje de unidad que se brinda a la sociedad.
Celebró el acuerdo y aprovechó la oportunidad para valorar que el Gobierno resignó “temas importantes” para avanzar.
Por último, Civalleri deseó que la norma “se use poco” y que tenga la “suficiente fuerza para disuadir a la población, que es un momento de cautela y cuidado y que lo que está en juego es la salud de nuestros vecinos”.
Cómo llevarlo a la práctica
El segundo orador fue el titular del bloque del Frente de Todos, Rogelio Iparraguirre, que volvió sobre las cuestiones centrales que lograron modificarse e hizo una mención especial en las conductas de la sociedad frente a los ejemplos que se observan a diario. “No sabemos en qué lugar de nuestra historia la sociedad ha ido perdiendo su carácter comunitario”, sostuvo.
Pero además reclamó diálogo al Ejecutivo para abordar aspectos vinculados a la capacidad para controlar estas actividades tipificadas en la ordenanza. “La norma es importante pero si no hay posibilidad de llevarla a la práctica es papel pintado”, alertó y dijo que “debe haber un plan, queremos que nos cuenten cómo se hará y qué le vamos a comunicar a los vecinos de Tandil”.
En primer término, consideró importante dotar al Municipio de una herramienta “de carácter punible que tenga la función de prevenir las conductas que están prohibidas y lo que no se logre persuadir, le caiga un castigo”.
En el proceso de negociación, Iparraguirre reconoció la postura “receptiva” que mostró el Ejecutivo y “lo celebro porque hemos sido muy críticos de la actitud contraria”.
Entre los puntos observados y que finalmente quedaron reflejados en el documento, señaló que carecía del marco normativo y fue considerado para que la norma tenga fortaleza desde lo jurídico, y tampoco estaba definido el sujeto alcanzado y ahora “tenemos mayor claridad y los vecinos sabrán de quiénes estamos hablando”.
El otro punto era la aplicación móvil, que directamente se removió del articulado. “A la aplicación le falta desarrollo; queremos que se mejore y tienen nuestro acompañamiento para hacerlo”, agregó.
“La salud estaba en juego”
“Querer es poder y nosotros estábamos de acuerdo y teníamos necesidad de tener esta norma para que el Ejecutivo pudiera hacer uso de ella”, valoró Nilda Fernández, del bloque Integrar.
En su alocución, destacó el trabajo “contrarreloj” durante siete días, en medio de reuniones y un intercambio que calificó de “muy bueno”.
“Fuimos escuchados por el Ejecutivo, me llena de satisfacción porque con el aporte de todos pudimos enriquecer esta ordenanza”, elogió.
A raíz de las sugerencias, algunas de las cuales tuvieron coincidencia con las del Frente de Todos, se cambió el destino de lo recaudado por las multas, que será invertido en el Sistema Integrado de Salud Pública específicamente y se creó un registro que contemple a los infractores.
“Estoy convencida que la ordenanza es buena porque la salud de la población estaba en juego”, opinó y llamó a generar una fuerte campaña de comunicación para difundir los alcances de la ordenanza para que “todos tomen conocimiento de esta situación”.
El texto definitivo de la ordenanza
El objeto de la ordenanza es instituir un régimen contravencional aplicable en el Partido de Tandil “a las conductas típicas que en la misma se establecen y en virtud de las normas obligatorias y vigentes dispuestas por el Estado nacional, provincial y municipal en razón del coronavirus y que se verifiquen ocurridas durante la vigencia de la emergencia sanitaria declarada”.
Los sujetos alcanzados, según el artículo tercero, son “toda persona humana y/o jurídica, residente o no en el Partido de Tandil, que incurra en una o más conductas típicas de las definidas en los artículos siguientes”.
El artículo cuarto establece que las conductas típicas que se definen en el marco de la ordenanza serán sancionadas de conformidad con las disposiciones establecidas (sanciones de multa y/o clausura del establecimiento), que se verán agravadas en caso de verificarse reincidencia del infractor.
El primer inciso refiere que, ante el incumplimiento de aislamiento obligatorio, la persona será sancionada con multa de entre cinco y 30 salarios mínimos vitales y móviles (SMVM).
Los que organicen o realicen reuniones no permitidas serán sancionados con multas de entre 20 y 100 SMVM, lo mismo para quien difunda su celebración con ostensible propósito de convocar mayor concurrencia.
En tanto, cuando alguna de las actividades descriptas en el párrafo anterior se lleven a cabo en un inmueble de propiedad privada, el propietario será sancionado con la misma pena establecida para el organizador.
Si el organizador y el dueño es la misma persona, “la multa aplicable será de entre 35 y 100 SMVM”.
Ante el incumplimiento de las medidas de prevención establecidas para las actividades económicas, deportivas, artísticas, culturales, religiosas, sociales y de carácter análogo se aplicará una multa de entre 10 y 30 SMVM y clausura de hasta 60 días.
Y para los incumplimiento a las medidas de prevención y protocolos sanitarios y de funcionamiento para el desarrollo de la actividad comercial en restaurantes y bares y/o cualquier otra actividad similar permitida se multará con entre cinco y 50 SMVM y la clausura de hasta 90 días.
Las multas se graduarán en función del Salario Mínimo Vital y Móvil municipal de referencia), equivaliendo cada unidad a un salario bruto correspondiente a un trabajador municipal ingresante de agrupamiento administrativo, categoría 4, régimen de 30 horas semanales.
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De acuerdo al artículo sexto, el Ejecutivo, a través de las dependencias con competencia, “designará a los agentes responsables de constatar las infracciones”, que “podrán requerir directamente el auxilio de la fuerza pública, cuando ello resulte necesario”.
En caso de constatar la infracción, se labrará el acta correspondiente, que será remitida dentro de las 48 horas, a la Justicia de Faltas para su tratamiento.
En el siguiente punto, indica que los agentes podrán clausurar preventivamente aquellos establecimientos, locales, comercios o inmuebles en general en los que se haya detectado la infracción.
En cuanto a las denuncias, de acuerdo a lo que refleja el artículo séptimo, podrán ser verbales o por escrito “ante cualquiera de las dependencias responsables de la constatación o por los mecanismos dispuestos por la autoridad pública”.
“Las denuncias cuyo origen respondan a trascendidos o rumores, de los cuales el denunciante no pueda dar certeza de su existencia, no obligarán a la autoridad de aplicación ni a las dependencias o agentes responsables de su constatación, a verificar las mismas”, agregó.
Para el juzgamiento de las infracciones dispuestas tendrán competencia los Juzgados de Faltas municipales
En el artículo décimo señala que el producido de las multas será destinado al financiamiento del Sistema Integrado de Salud Pública, mientras que en el decimoprimero crea el Registro del Régimen Contravencional de Emergencia Sanitaria Tandil en el ámbito de la Jefatura de Gabinete, a los fines de “inscribir a las personas que posean condena firme como consecuencia de alguna de las conductas tipificadas y expedir los informes que las áreas municipales pertinentes requieran”.
