El gobierno nacional anunció el envío al Congreso de una normativa para eliminar las PASO

El gobierno nacional anunció en la tarde del viernes que enviará al Congreso de la Nación un proyecto de Ley para eliminar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) y avanzar en profundas modificaciones en el sistema de partidos políticos en el país.

"Desde su creación las PASO han funcionado como una encuesta millonaria al servicio sólo de la política y en detrimento de la economía y el tiempo de los argentinos", con un costo solo en el año 2023 de $45,445 millones de pesos y la obligación para los argentinos de "tener que ir a votar el año pasado tres veces". Además, desde su implementación en 2011, "hubo sólo 10 agrupaciones políticas que dirimieron internas para las elecciones presidenciales, de las cuales el 40% no logró siquiera alcanzar el umbral de 1.5% para poder después participar de las elecciones generales", detalló el Vocero.

Por otro lado, se modificará la Ley Orgánica de partidos políticos con el objetivo de mejorar su representatividad. De esta manera, las agrupaciones deberán contar con 0,5% de afiliados sobre el padrón electoral y tener un piso mínimo de 3% de los votos en dos elecciones consecutivas.  En el caso de los partidos nacionales se les exigirá presencia en al menos diez distritos (hoy se requieren cinco jurisdicciones). También se va a presentar una plataforma digital para gestionar afiliaciones y revalidaciones, y las agrupaciones tendrán hasta el año 2026 como plazo para adecuarse a esta nueva normativa.

La modificación del sistema de financiamiento de los partidos políticos busca "reducir el gasto público y transparentar los recursos que reciben los partidos", indicó el Vocero y mencionó entre las medidas a implementar el aumento de topes de aportes privados, la eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios, la eliminación del financiamiento público para las campañas (quedará vigente un único aporte por año proporcional a los resultados electorales), la reducción de encuestas de 8 días a 3 días anteriores a cada elección, y la creación de la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral.