Para la Fiscalía Federal no hubo secuestro extorsivo y seguiría la investigación por otros delitos contra la falsa víctima
Las evidencias habrían acorralado al denunciante. La Fiscalía Federal remitió las actuaciones al Juzgado de Azul. Se presume que se declararía incompetente frente al delito para darle intervención a la Justicia bonaerense. De confirmarse este escenario, hay una trama por resolver en cuanto a lo sucedido en la madrugada del viernes y sus eventuales derivaciones. Para la falsa víctima le podría caber la imputación de privación ilegítima de la libertad (mantuvo en cautiverio a su propio sobrino) y la estafa dineraria a la familia.
La causa por el secuestro extorsivo de un empresario tandilense dio un drástico giro en las últimas horas. En principio, los elementos de prueba reunidos en el marco de la investigación que llevó adelante bajo estricto hermetismo la Fiscalía Federal de Tandil junto a efectivos de las fuerzas policiales nacional y provincial, habrían puesto en jaque la “dudosa” denuncia.
Recibí las noticias en tu email
En efecto, remitieron las actuaciones hacia el Juzgado Federal de Azul y se presume que la decisión tendría por objetivo solicitar la declaración de la incompetencia -dado que no habían podido constatar la hipótesis del secuestro extorsivo en virtud de la evidencia- para remitir las actuaciones a la Justicia bonaerense, desde donde se iniciaría una investigación frente a otros delitos que podrían derivar del suceso.
Así, en caso de confirmarse que no se trató de un delito federal como el denunciado, se abriría un nuevo escenario frente a una trama por dilucidar que deberá enfocarse en lo sucedido en la madrugada del viernes.
En ese sentido, trascendió que el menor efectivamente habría sido hallado en el interior de una casilla ubicada en la sede de la empresa por lo que se presume que estuvo cautivo hasta que fue rescatado por un familiar. Además resta resolver qué sucedió con el dinero solicitado como rescate y que la familia habría pagado.
Desde allí se sospecha que sería la Justicia bonaerense la que deberá tomar las actuaciones realizadas e investigar otros delitos, por caso, la privación ilegal de la libertad del menor y la estafa y/o extorsión sufrida por la familia Vizcay, en caso que el juez Bava declare la incompetencia.
El caso se registró este viernes por la madrugada cuando, según el testimonio del involucrado, tres delincuentes interceptaron a Mariano Vizcay (31), dueño de la empresa de venta de casillas rurales “El Yunque”, al salir del cine junto con su sobrino, a quienes mantuvieron cautivos tras el pago de una importante suma de dinero.
El comunicado
Ayer por la tarde la Fiscalía Federal de Tandil, interinamente a cargo de Hernán Castro, presionado por las versiones periodísticas que se ganaron la calle acerca del esclarecimiento del caso, emitió un comunicado en el que se desprende que habría tratado de un autosecuestro.
Si bien no lo indica abiertamente, se desprende que remitió las actuaciones al juzgado azuleño para declarar la incompetencia dado que, si se ratifica esta línea de acción, se estaría frente a delitos de injerencia provincial.
En primer término, a través del escrito la Fiscalía Federal informó que desde el momento de recepción de la denuncia se trabajó “sin pausa en el esclarecimiento de los hechos denunciados”, y que “el hombre cuya desaparición había sido denunciada se encuentra en buen estado de salud”.
Confirmó que ayer la causa fue remitida al Juzgado Federal de Azul a cargo de magistrado Martín Bava, “quien deberá resolver sobre los requerimientos realizados por el fiscal, por lo que no corresponde por el momento brindar mayores precisiones”.
“La cuestión se dilucidó con rapidez debido al trabajo realizado con la asistencia de distintas fuerzas especializadas de la Nación y de la Provincia de Buenos Aires. Se contó, además, con la colaboración de personas particulares y con funcionarios de la Justicia provincial, que se pusieron inmediatamente a disposición”, señaló en otro párrafo del breve comunicado.
Por último aclaró que la reserva de la información radica “no sólo en garantizar el éxito de la investigación sino la posibilidad de que deriven de este expediente otras investigaciones”, en alusión a las ramificaciones que podría tener el caso ante el fuero penal bonaerense.
El hecho denunciado
Pese a la prudencia con la que se trabajó el caso, el relato del damnificado ponía en escena un hecho ocurrido en las primeras horas del viernes, en momentos en que fue interceptado por tres delincuentes cuando salía del cine junto a su sobrino.
En un primer momento el relato indicaba que el hijo del hermano de la víctima había sido dejado en colectora Pugliese cuando se dirigían a la empresa, desde allí se comunicó con su padre, que alertó a las autoridades policiales.
Sin embargo, con el correr de las horas se supo que la denuncia advertía que ambos habían quedado cautivos en una modalidad delictiva que se desarrolló durante buena parte de la madrugada.
En principio, se indicaba que los delincuentes habían utilizado el auto en el que se movilizaba el empresario, un Ford Focus blanco, para dirigirse hacia la empresa ubicada en colectora sur 510.
Una vez allí, pidieron la entrega de dinero para liberar al sobrino, en una negociación con los familiares. La transacción para el pago de una importante suma en dólares se habría concretado en la zona del Lago del Fuerte, en cercanías al monumento a Juan Fugl.
Luego, y una vez dado a conocer el paradero del menor (estaba dentro de una de las casillas de la firma en Colectora Pugliese) los secuestradores habrían exigido otro monto por Vizcay, a quien finalmente liberaron en la zona del Parque Independencia alrededor de las 6.
El automóvil fue hallado abandonado en el camino rural que se dirige hacia El Solcito.
Las inconsistencias del relato
El grave hecho investigado (sin precedentes en la ciudad) desde un comienzo contó con ribetes complejos, a partir de una trama relatada por la presunta víctima que no cuajaba en los investigadores. Una vez recopilada la prueba sobre el eventual periplo “sufrido” por el denunciante se fue concluyendo en que la escena descripta por Vizcay no se correspondía con la evidencia de lo que hizo al análisis de los teléfonos celulares, cámaras de monitoreo y demás indicios recopilados.
Acorralado por dicha evidencia, no quedó margen para la presunta víctima para sostener lo que para los investigadores resultó una farsa. Empero, otras versiones suman el malestar del propio entorno familiar ante las circunstancias que debió atravesar el menor, más allá de la cuestión monetaria.
La futura pesquisa en la justicia provincial
Como se indicó, de confirmarse la incompetencia del Fuero Federal, el expediente pasará a manos de la justicia provincial, donde la fiscalía en turno deberá asumir el redireccionamiento de la causa, investigando el delito que habría cometido la falsa víctima.
A priori, se especula en los delitos contemplados en el Código Procesal Penal que aluden a la privación ilegal de libertad, agravada al tratarse de un familiar (el sobrino, incluso menor de edad), más la figura de estafa o hasta extorsión (la que habría sufrido la familia).
Puntualmente al artículo 142 del Código Penal reza: “Se aplicará prisión o reclusión de dos a seis años, al que privare a otro de su libertad personal, cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: Si el hecho se cometiere con violencias o amenazas o con fines religiosos o de venganza; Si el hecho se cometiere en la persona de un ascendiente, de un hermano, del cónyuge o de otro individuo a quien se deba respeto particular; Si resultare grave daño a la persona, a la salud o a los negocios del ofendido, siempre que el hecho no importare otro delito por el cual la ley imponga pena mayor; Si la privación de la libertad durare más de un mes”.
De todas maneras, hay antecedentes de que la Justicia Federal siguió interviniendo en el falso secuestro y, de hecho, procesó a los autores.(ver aparte), por lo que deberá aguardarse por la decisión del juez Bava.
———
EL ANTECEDENTE
Procesaron a una mujer acusada de simular su secuestro extorsivo y el de su hija menor de edad
A propósito del falso secuestro extorsivo en la ciudad, la Justicia Federal cuenta con antecedentes de similares características. De hecho recientemente se publicó en la página oficial del Ministerio Pública Fiscal Federal un suceso que mereció el reproche penal para con una mujer que simuló un secuestro.
A saber, la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, confirmó el procesamiento de tres mujeres con prisión preventiva, como coautoras del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por ser la víctima menor de edad y por haberse cometido con la intervención de tres o más personas.
El hecho tuvo lugar el 30 de mayo pasado cuando un comerciante de la capital mendocina recibió un llamado en el cual le aseguraban que tenían secuestrada a su hija y a su expareja, y le exigían el pago de 200 mil pesos, que debía entregar en las cercanías del centro comercial Mendoza Plaza Shopping. Para dar credibilidad a la amenaza, los supuestos captores le enviaron una fotografía de su expareja, atada de manos y arrodillada al lado de la hija de ambos, mientras ambas eran apuntadas con un arma de fuego.
Paralelamente a la comunicación con el hombre, los supuestos secuestradores llamaron a la madre de la mujer para presionarla con mensajes intimidatorios asegurando que tenían cautiva a su hija y exigiéndole que convenciera su ex yerno de pagar el rescate.
Así, el padre de la niña denunció el hecho ante la Fiscalía Federal 1 de Mendoza, quien requirió la colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (UFESE), que encabeza Santiago Marquevich.
Finalmente, se pactó un pago de 28 mil pesos, el que fue entregado en un barrio del Asentamiento Buena Nueva de Guaymallén, tras lo cual las víctimas fueron liberadas. De hecho, la misma expareja del hombre fue quien se comunicó con él y le avisó que ambas estaban bien.
A raíz de las intervenciones telefónicas dispuestas en la investigación, se logró identificar a otra de las imputadas, ya que se jactó de lo ocurrido en una comunicación telefónica. Finalmente, otras cuatro personas fueron detenidas por el hecho y, al ser indagadas, señalaron a la expareja del hombre, como la responsable de organizar el secuestro junto a una amiga.
Las tres mujeres fueron procesadas por el Juzgado Federal de Mendoza, como coautoras del delito de secuestro extorsivo agravado por haberse logrado el cobro del rescate, por ser la víctima menor de edad y por haberse cometido con la intervención de tres o más personas.
