La Fiscalía recibió el testimonio del papá de Micaela y procura acreditar la instigación al suicidio

Tras las fuertes y sensibles repercusiones sobre el deceso de Micaela Alba, la joven madre de tres hijos que se quitó la vida, no sin “gritar” en las redes sociales el calvario padecido en lo que se presenta como violencia psicológica y hostigamiento de su expareja, la fiscalía temática en violencia de género ya inició una instrucción penal preparatoria para investigar la posible comisión del delito de “instigación al suicidio”, figura penal contemplada en el Código.

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Mientras ayer en las calles de la ciudad y el país el colectivo de mujeres se movilizaba y alzaba sus demandas acerca de la violencia de género y demás postergaciones como vulneraciones que hacen a la temática feminista, apuntando sus críticas a la dirigencia política como judicial, los agentes judiciales se hacían eco de la información vertida en éstas páginas sobre el trágico desenlace de Micaela y apura un expediente que primeramente estaba concluido con la carátula de suicidio pero que ahora, bajo la órbita de la fiscalía temática, se procesarán elementos de prueba, se recogerán testimonios, en pos de determinar si aquel acoso denunciado por la víctima en las redes sociales de parte de la expareja tuvieron que ver con su drástica decisión.

En ese tren, ayer por la mañana el padre de la joven madre fallecida, mantuvo una primera entrevista con el fiscal Guillermo Vaticano, quien tomó vista de los elementos acercados por el progenitor, acerca de las imágenes, mensajes y cartas que el señalado envió a su hija, en pos de sustanciarlo como material probatorio en procura de investigar la comisión del delito citado.

Se confió que el padre fue citado para mañana, cuando formalmente se le dará forma a la ampliación de la denuncia en pos de iniciar la pesquisa, que se sumará a los antecedentes que ya constaban en la historia judicial.

Como se informó, a partir de la conmovedora noticia del deceso y las repercusiones en las redes sociales que daban cuenta precisamente de lo que Micaela había padecido con su expareja, este Diario pudo confirmar que efectivamente la justicia había intervenido. Más precisamente se labró una IPP de noviembre de 2020, con despachos realizados en enero de 2020 para que la Comisaría de la Mujer le tomara declaración a Micaela y eventuales testigos porque lo que hasta ahí constaba en la justicia penal era una denuncia de ella en la que planteaba que el denunciado violaba la restricción perimetral dictada por el Juzgado de Familia 1.

Por lo que consta en aquella causa que ahora se sumará a la nueva, concretamente el acusado incumplió con la restricción (a través de mensajes y comunicaciones informáticas -vía internet-). A partir de allí la fiscalía aguardaba por el testimonio de Micaela para corroborar cómo había sido el modo en el que se había violado la orden restricción de acercamiento.

A propósito de las denuncias previas, desde la sede judicial penal se confirmó que más allá de lo que había expuesto Micaela en los posteos de Facebook, no se contaba con ninguna denuncia anterior de amenazas u otro tipo de delito de dicha naturaleza, con lo cual lo que hasta aquí consta en la historia procesal del caso era una violación al artículo 1 de la ley contra la violencia a la mujer, que alude a que cuando hay situaciones violentas contra las mujeres pero no configuran delito (amenaza, lesiones), se da intervención al Juzgado de Familia, desde donde se dispuso una restricción de acercamiento por cualquier medio. Por lo denunciado por la víctima, el señalado habría violado dicha restricción y esa es la única denuncia penal de Micaela que consta en fiscalía, consustanciada por “desobediencia”.