La causa por las estafas con las entradas truchas de la selección quedó en manos de un fiscal de Alvear

Tras la masiva excusación de los fiscales tandilenses, desde Azul se resolvió que el expediente por la denuncia de estafas contra Marcos Carrillo, quede en manos de la UFI 20 de General Alvear, a cargo del agente fiscal Cristian Roberto Cittero. 

La decisión del fiscal general Alejandro Sobrino ocurrió días pasados, y los damnificados como el denunciado ya fueron notificados oficialmente de la designación de quien estará a cargo ahora de la investigación que permitirá avanzar en la causa y determinar las eventuales responsabilidades penales que le cabrían al hasta aquí único imputado, Marcos Carrillo. 

Como oportunamente se informó, tras confirmarse el listado de damnificados por la maniobra defraudatoria en la venta de tickets para el partido del seleccionado nacional, el fiscal que encabezó la instrucción hasta aquí, como sus pares de las otro cuatro UFI, pidieron apartarse del expediente para mantener el principio de objetividad. Los funcionarios reconocieron tener relaciones con parte de los vecinos que se presentaron como víctimas. 

Mientras los damnificados se han encargado de sostener la acusación por las redes sociales contra el hasta aquí único señalado por el delito, Marcos Carrillo, el expediente judicial aguardaba por definiciones en torno a quién llevaría adelante la investigación, tras conocerse que el fiscal Damián Borean se excusó de seguir interviniendo. Decisión que siguieron los otros cuatro fiscales de la ciudad. 

La decisión había sido aceptada por el Juzgado de Garantías 2, a cargo de la jueza Stella Maris Aracil, quien remitió las actuaciones al fiscal general con asiento en Azul, doctor Marcelo Sobrino, quien ahora trasladó el expediente a un instructor por fuera de la ciudad y que no tenga relación previa con las víctimas y victimarios.

Precisamente, las razones esgrimidas para la excusación de los funcionarios judiciales locales versaron sobre relaciones personales que tenían con alguno de los tantos damnificados presentados en el expediente. Amigos, padres de amigos de los hijos, formaron parte de los componentes que argumentaron los agentes, situaciones que pondrían en riesgo la objetividad que el Ministerio Público debe contar a la hora de encabezar una pesquisa. 

Respecto a las últimas diligencias que sí realizó el fiscal Borean antes de excusarse, a propósito del allanamiento en la casa del acusado y el secuestro de celulares y computadoras, allí se tuvo en cuenta la necesidad de tener celeridad en la pesquisa en procura de no perder prueba que podrá resultar clave para la instrucción, considerando que incluso ya se había “perdido” tiempo habida cuenta que la maniobra fraudulenta empezó a ocurrir a principios de marzo y recién la denuncia se hizo a las horas de detectarse en las puertas del estadio que los tickets eran truchos.

Como se informó, por orden del Juzgado de Garantías 2, la DDI realizó un allanamiento en la casa de Marcos Carrillo, el hasta aquí único imputado por la venta de entradas apócrifas para el partido de la selección en el Monumental, maniobra por la que resultaron víctimas más de dos centenares de vecinos.

A partir de la denuncia formal en la fiscalía por parte del letrado –también damnificado- Paolo Lamoure, el fiscal solicitó una serie de medidas las cuales fueron analizadas y respondidas por la jueza de Garantías, Stella Maris Aracil. 

Consecuentemente, se avaló las diligencias que redundaron en un allanamiento en la propiedad del acusado, quien fue notificado de la causa en curso y aceptó el ingreso del personal de la DDI para la consiguiente consigna, que versó sobre la requisa en su casa, recogimiento de elementos de interés para la pesquisa.   

A más precisiones, por lo que trascendió de la diligencia, los efectivos secuestraron celulares, CPU con memorias y el registro del auto del imputado.