El juez Bava analiza las actuaciones para resolver la incompetencia sobre el falso secuestro extorsivo
El magistrado azuleño resuelve por estas horas si declara la incompetencia del fuero federal y remite las actuaciones a la justicia ordinaria para que investigue la comisión de delitos frente a lo que se considera un autosecuestro.
Desde la antevíspera, el expediente de la Fiscalía Federal está en mano del juez azuleño Martín Bava, quien analiza sobre las actuaciones y conclusiones arribadas por el Ministerio Público, acerca de que el suceso del empresario Mario Vizcay que conmovió a la ciudadanía y puso en vilo a todas las fuerzas de seguridad local y más allá también, versó sobre un auto secuestro.
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Con el hermetismo que supo imponer la pesquisa en torno al caso, ahora es el magistrado del fuero federal quien debe tomar nota y resolver si coincide o no con el postulado del fiscal, acerca de que no se trató de un rapto extorsivo y, consecuentemente amerita que la causa pase a la justicia ordinaria.
Como se detalló, frente a las conclusiones arribadas por la Fiscalía Federal, todo lleva a especular que más temprano que tarde el juez declare la incompetencia y allí trasladará el expediente al Juzgado de Garantías local, desde donde se remitirá las actuaciones a la fiscalía en turno en pos de investigar la posible comisión de otros delitos contemplados en el Código Procesal Penal bonaerense, que hace a la privación ilegal de la libertad del menor involucrado, como así también se entrará en el debate si se estaría frente a la figura delictual de la estafa.
Al respecto, se explicó que dicha figura no podría correr en este caso para con la falsa denuncia ya que se haber ocurrido, se trató en perjuicio de su propia familia. A saber, sobre los delitos de defraudación el artículo 185 del Código reza: “Están exentos de responsabilidad criminal, sin perjuicio de la civil, por los hurtos, defraudaciones o daños que recíprocamente se causaren los cónyuges, ascendientes, descendientes y afines en línea recta (…) los hermanos y cuñados, si viviesen juntos”, a la vez que se aclara que “la excepción establecida en el párrafo anterior, no es aplicable a los extraños que participen del delito”.
El caso
El hecho ocurrió durante las primeras horas del 18 de enero cuando, según relató Mariano Vizcay, dueño de la compañía de venta de casillas rurales El Yunque, fue interceptado por tres hombres cuando salía del cine con su sobrino menor de edad.
Los presuntos captores abordaron el Ford Focus de Vizcay y lo obligaron a conducir hasta una sede de la empresa ubicada en Colectora Pugliese 510, donde habrían dejado atado al menor, y luego continuaron viaje, según la denuncia del empresario.
El chico fue liberado luego de una primera negociación con los familiares de las víctimas, en la que se pactó el pago de un rescate en dólares, y más tarde los secuestradores volvieron a solicitar un monto de dinero en la misma moneda por el empresario, que apareció ileso en cercanías de la zona del Parque Independencia poco después.
Sin embargo, durante la pesquisa surgieron informaciones cruzadas sobre el motivo del secuestro y la forma en que se desarrollaron los hechos, lo que aún es objeto de análisis de los investigadores a través de las imágenes registradas por las cámaras de seguridad de la zona.
Además, la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos (Ufese) intervino una vez resuelto el episodio, por lo cual no participó de ninguna instancia de negociación ni pudo monitorear las comunicaciones telefónicas entre los familiares y los captores cuando pedían el pago de los rescates.
En ese sentido, las fuentes afirmaron que las evidencias recogidas por los pesquisas se contradicen con la declaración del empresario por lo que no descartan que se haya tratado de un hecho planeado con el objetivo de obtener el dinero en dólares de parte de su hermano.
