El fiscal Molinero retomó el debate por el consumo problemático y la falta de atención estatal

Las muertes acontecidas en estos días por el consumo de cocaína adulterada en algunos partidos del AMBA, volvieron a colocar con fuerza el tema en la agenda mediática y la opinión pública, con dejos de estigma y desinformación. Con más de 20 fallecimientos registrados y  casi un centenar  de personas hospitalizadas, el revuelo en torno al caso disparó el debate para diversos frentes. 

En este sentido, el titular de la Ayudantía fiscal de Estupefacientes y Trata de Tandil, el doctor Fabio Molinero, volvió a la carga con un reclamo que sostiene desde hace años: poner el foco no solamente en la venta, sino en las víctimas del consumo problemático, desde un lugar que se corra de la punición. 

En diálogo con el ciclo radial “Cosas que pasan” 8104.1 Tandil FM), Molinero reparó en que el tema es “preocupante”, pero que la problemática es contundente y no se agota en este caso.

“Esto es novedoso y pone en el tapete cuestiones que hay que abordar, porque no hay que solamente combatir la venta. Hay que abordar los tratamientos y la ayuda a las personas vinculadas al consumo”, sostuvo.

Falta de prevención y asistencia 

Desde 2014, el letrado ha manifestado públicamente la necesidad de generar dispositivos que contengan a los consumidores y que se enfatice en la prevención, independiente  de lo que investigue la justicia en estas causas.

"Hay ausencia de prevención y de opciones de tratamiento. Si nos ubicamos en Tandil, he tenido varias reuniones con madres preocupadas y es muy difícil llevar a cabo una internación y el cuidado que necesitan las personas”, señaló. Al respecto, indicó que hay algunas comunidades terapéuticas privadas que se ocupan de la temática, pero si no se cuenta con los recursos económicos necesarios, es difícil acceder a los tratamientos para salir del consumo. 

En esta línea, aseveró que en el Estado no hay suficientes plazas ni espacios para abordar el problema y detalló que, si bien “hay gente que trata de hacerlo de la mejor manera, el CPA trabaja al respecto, no se puede inventar nada; en 2014 tuvimos una posibilidad interesante de haber arrancado con algo”.

Asimismo, apuntó que es crucial atacar la problemática de modo integral y explicó que si se llega sólo a los allanamientos,  los consumidores quedan en el medio y no se aloja la cuestión de la salud pública, que está contemplada en este tipo de  delitos.  

“Es un tema que se invisibiliza fácilmente, ahora hablan de esto, pero esto pasa todos los días y la gente no sabe a dónde recurrir”, puntualizó. 

El rol de la Justicia 

No obstante, cuestionó que la Justicia tiene que ser eficaz con las herramientas que dispone y deslizó que  “los organismos policiales a veces no funcionan”. Además, en este punto planteó los problemas de límites que existen en la competencia judicial, que en varias ocasiones entorpecen la investigación de un delito. 

La Ayudantía Fiscal a su cargo, que pertenece al Poder Judicial de la Provincia, se dedica a investigar el narcomenudeo. En tanto, las causas grandes de narcotráfico son jurisdicción de la Justicia Federal. En ciertas oportunidades, los jueces no autorizan un allanamiento porque consideran que no es competencia de la Justicia ordinaria y entonces los procedimientos se dilatan. 

“No es fácil avanzar sobre estos temas, podés tener el dato pero tenés que probar la venta de droga. Desarmar una estructura tampoco es fácil, hay que respetar reglas del procedimiento penal y a la parte más oculta es difícil llegar. Además, se necesitan autorizaciones judiciales para poder avanzar”, insistió. 

Consumos  

Por otro lado, Molinero describió que el consumo está “naturalizado”  y que es cada vez más alto. En Tandil, explicó que hay grandes consumos de marihuana y cocaína cortada, nunca de pureza. Esta última sustancia muchas veces se rebaja aún más con otros elementos –para sacarle más rédito- y hay, según expresó, muchos chicos que la fuman como si fuera “crack”.

En tanto, fue cauto al hablar de la legalización de las drogas, un discurso que exponen desde algunos sectores, y sopesó que para poder orientar la materia jurídica en esta dirección primero debería haber un sistema de salud preparado para absorber las contingencias de esta medida. 

“Es algo que no se puede decir livianamente”, sostuvo. en el marco de este debate, también sería lícito cuestionar si una eventual despenalización aumentaría la cantidad de consumidores como para colapsar un sistema sanitario.

La guerra contra el narcotráfico 

Consultado acerca de si la guerra contra el narcotráfico es una “guerra perdida”, el fiscal ponderó que los números son desalentadores pero le gustaría tener un Estado “más activo”.

“Nosotros tenemos que dedicarnos a localizar a los que tienen droga con el fin de venderla, investigarlos y que sean sancionados penalmente en función del delito que cometieron. Hay que ayudar a los consumidores. Y las personas que venden para poder consumir no son parte de este sistema penal, hay que pensarlo desde otro lugar, desde la salud y no desde lo punitivo”, se explayó.

Por último, Molinero enfocó que lo que sucedió en Tres de Febrero con la droga adulterada fue “excepcional”, pero aseguró que “en todas las ciudades está instalada la problemática,  no hay lugar que esté a salvo de la droga y esta se vincula a otros delitos también”.

“Al lado de la persona que consume hay una familia y muchas personas pasan por esto hoy. Tenemos que poner las metas de lo que uno quiere. Como Ministerio Público lo vamos a seguir abordando en forma integral y sistemática, no es solamente hacer allanamientos, no pasa solamente por ahí, pero se necesitan acciones por parte del Estado. Tenemos que preguntarnos qué vamos a hacer con esto porque si no nos quedaremos como espectadores”, cerró. 

Reducción de daños 

La Policía bonaerense realizó varios allanamientos y detuvo a al menos diez personas en Puerta 8, un barrio del partido de Tres de Febrero donde se presume que se preparó y vendió la cocaína adulterada 

Asimismo, desde que se conoció el efecto devastador de esa partida de cocaína, hubo un alerta epidemiológico del Ministerio de Salud provincial dirigido a reducirlos potenciales daños. 

La reducción de daños es una política que apunta a la disminución de las consecuencias negativas del consumo de drogas, a diferencia de la política de abstinencia que se dirige exclusivamente a la disminución del consumo de drogas. 

Frente a la emergencia del caso, desde la cartera sanitaria se solicitó a la población “no ingerir cocaína adquirida en las últimas 24 horas” y advirtieron que si una persona consumió “en cualquiera de sus formas” debe estar atenta a reacciones que pueda tener, entre ellas, “dificultad para respirar en aumento o tendencia al sueño”. 

Dentro de las recomendaciones, se sugirió reforzar el acompañamiento a cualquier persona usuaria de drogas “sin estigmatizar ni juzgar”.