A una semana del secuestro extorsivo que no fue, los interrogantes siguen abiertos
Medianoche de viernes. Un hombre que se presenta como Vizcay llama al 101 pidiendo auxilio porque habían secuestrado a su hijo y su hermano, cuando salían del cine de calle Panamá. Cuenta a los efectivos policiales que al decir del denunciante, tres hombres los abordaron cuando salían con el auto que quedó detenido porque advirtieron que tenía el neumático desinflado. De allí, a punta de pistola los privaron de la libertad.
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Semejante suceso ameritó que los uniformados alerten a la fiscalía para que desde el Ministerio Público coordinen las tareas a desplegar ante el gravísimo ilícito ocurrido. Una vez tomada nota de qué venía el caso (se pedía rescate) los funcionarios policiales y judiciales se vieron obligados a dar intervención a la fuerza competente. Debía asumir la pesquisa la fuerza federal. Así se emprendió una investigación delicada como hermética, cuyo silencio aún persiste por estas horas, a poco más de una semana de un caso sin precedentes en la historia policial vernácula, al menos oficialmente, porque no faltan los mitos y/o verdades ocultas que alguna familia sufrió un suceso similar pero nunca se dio intervención a la policía. Si no hubo intervención, en la estadística nunca ocurrió y todo queda en leyenda urbana.
Pero este caso, en esta oportunidad, sí intervinieron los organismos oficiales, y de hecho se desplegó un amplio operativo que demandó la participación de cuerpos especiales federales más allá de las fronteras serranas. En consecuencia, la historia oficial merece –está obligada- a tener un desenlace, y que ese final sea informado a la población, que se vio conmovida y asustada por aquella atipicidad delictual.
Empero, desde asumida la investigación los actores judiciales federales hasta el presunto final de la causa se encargaron de guardar estricto silencio. A la fecha aún no se conoce conclusión oficial alguna.
Siempre sobre la base de los trascendidos que dieron forma a la versión periodística replicada porque aquellos judiciales se mostraron llamativamente esquivos a comunicar, se informó que el expediente quedó en manos del juez Martín Bava quien, como el mismo recelo, se excusó de dar precisiones sobre lo que hará con las fojas de la instrucción judicial.
Se desprende, bajo el mismo espíritu especulativo periodístico, que el magistrado azuleño resolverá la incompetencia del fuero federal ante las pruebas (¿hay pruebas?) de que todo fue una farsa de un joven que armó un auto secuestro por razones que hasta aquí no fueron tampoco develadas, y a esta altura serán parte privativa de la familia involucrada en un escándalo mayúsculo que quedará guardado en los manuales de las crónicas policiales serranas.
Una vez resuelto el entuerto judicial sobre la competencia, de quedar avalado que no hubo secuestro extorsivo, las actuaciones pasarán al fuero penal provincial, desde donde los funcionarios deberán responder varios interrogantes ante la posible ramificación del hecho, acerca de delitos colaterales como la privación ilegal de la libertad de un menor, la defraudación y hasta la posible extorsión, todas figuras ilícitas que constan en el código penal bonaerense con sensibles sanciones.
Ahora bien, los actores judiciales locales aún no recibieron expediente alguno. Se conoció que los propios jefes policiales de la bonaerense quisieron conocer de primera mano lo que se hizo para comenzar con las diligencias que no serán nada sencillas, pero se toparon con que nada arribó a Tandil. Todo sigue en manos del juez Bava. No se declaró la incompetencia y sigue siendo un gran misterio, como el mismísimo caso denunciado y luego desmontado.
Preguntas
¿Qué consta en el expediente? Nada se sabe. Si a los federales les alcanzó con una confesión para sacarse de encima la instrucción sería una situación extremadamente delicada. No se descarta que el juez de Azul contemple que no se evacuaron las citas y/o pruebas suficientes para excusarse. O por el contrario, podría ser un juez de Tandil quien considere que no se completaron los protocolos de rigor para descartar que el caso merezca ser investigado por el fuero federal y no provincial.
Es que las dudas son muchas y el escenario se presenta denso como tenso entre los actores. No se sabe a ciencia cierta qué hicieron desde la Fiscalía Federal. ¿Secuestraron los teléfonos celulares donde se realizaron las llamadas del falso captor y el damnificado? ¿Se tomó declaración testimonial al menor afectado? ¿Se entregó efectivamente el botín millonario? Nada oficialmente fue respondido y lo más preocupante de todo podría ser que quien deba responder todos esos acertijos sea la justicia y policía provincial, a más de nueve días de un hecho que ya se fue diluyendo de las primeras planas, de la opinión pública y el candombe virtual, pero para los funcionarios en rigor la historia judicial no terminó, de hecho tampoco habría comenzado.
Los roles
Mientras se aguarda por la eventual disputa de intereses jurisdiccionales, otro gran interrogante que se abrió más allá del caso puntual versa sobre la labor, el rol de los que integran el fuero federal con asiento en la ciudad. De corroborarse aquellas posibles falencias investigativas que deberán subsanarse por el otro fuero, sería el botón de muestra sobre la inacción de una dependencia que caprichosamente la dirigencia política le presta atención y demanda gestiones en pos de dotar de más organismos para un accionar desconocido.
A la fecha, no se conoce causa relevante, importante, que la fiscalía federal haya intervenido y resuelto. Hay droga y mucha en la ciudad y de tanto en tanto se realizan operativos policiales, pero todos bajo la órbita provincial, que más allá de alguna organización desmontada, trabaja sobre lo que se conoce como el menudeo, léase tenencia con fines de comercialización. No se sabe de causa alguna iniciada y culminada con juicio de parte del fuero federal. Menos aún por casos de trata de personas, por citar alguno de los delitos a los que tienen injerencia.
Entonces la pregunta apunta a saber por qué el empecinamiento de las autoridades políticas (avalado por el Colegio y Asociación de Abogados) de bregar por un Juzgado Federal. ¿Qué cúmulo de causas tiene? ¿Cuál es la demanda en el fuero para darle prioridad cuando la justicia ordinaria está colapsada?
Hace tiempo se viene denunciando las falencias de infraestructura y falta de recursos humanos que tiene la justicia penal en la ciudad. Con apenas un defensor oficial tapando todos los sensibles baches de cada vez más causas. Con un juzgado Correccional que fija fecha de debates a tres años porque no hay margen de acción.
No hace muchos años, se conocía a la comisaría Federal como una simple dependencia donde se obtenía le célula en pos de una necesidad particular. Algo así como un sello de goma. Hoy a los agentes se los ve custodiando un edificio de un organismo oficial ante el acecho de una manifestación de Altamirano y compañía, actores sociales combativos como funcionales el estatus quo de aquellos dirigentes que se toman de la mala imagen de la militante para buscar un rédito político ante la comunidad que rechaza el modus operandi del reclamo y sus demandantes.
Ahí sí fueron noticia los uniformados de calle Maipú: cuando un grupo de vecinos afín a aquella dirigencia oportunista, se solidarizó con ellos tras recibir en la cara desechos cloacales. Hasta ahí su protagonismo.
Nada más a la vista. Todo tan silencioso que tiende a pensarse en que en verdad aquel recelo informativo transformado en misterio, no tiene que ver con cuidar las formas y proteger a los damnificados, si no más bien con cuidar su propio presente y futuro, sin demasiados sobresaltos. No sea cosa que en verdad pudo ser un secuestro y había que trabajar…
Las cámaras de seguridad
El caso policial que puso en vilo a las fuerzas de seguridad por secuestro extorsivo del que se presume que no fue, además dejó otras aristas que merecen ser atendidas, especialmente cuando desde la comuna se sale orgullosa a informar sobre el rol clave de las cámaras del centro de monitoreo.
Por caso el resonante homicidio de Bustamante sirvieron para permitir reconstruir -una vez consumado el trágico suceso claro está- el circuito por donde circularon víctima y victimarios. Algo similar ocurrió con la pesquisa por lo que se creía un rapto extorsivo, ya que con las imágenes captadas en avenida Alvear habrían permitido derrumbar la versión de la falsa víctima a la hora de contradecir sus dichos de donde y a qué hora estaba esa madrugada del viernes.
Aquí una vez más desde el Municipio se salió con disimulo a lucir las “bondades” del circuito fílmico. Empero, obviaron señalar que ante las primeras averiguaciones de aquella noche, los investigadores se toparon con que varias cámaras de las que se necesitaba información no funcionaban por razones que no fueron develadas.
Más precisamente se trató de las cámaras ubicadas en la avenida Falucho y Ruta 226, como así también unos metros más adelante, en el peligroso cruce con la avenida Pedersen. Por lo que trascendió, dichos dispositivos no estaban en funcionamiento, lo que no permitieron contar con imágenes que hubieran sido importantes para dilucidar el presunto trayecto realizado por captores y raptado, identificando el auto en el que se trasladaba.
Otro dato relevante, tampoco hay cámara alguna en la zona de ingreso al circuito del Lago. Efectivamente cuando los investigadores quisieron corroborar donde fue la presunta entrega del dinero del rescate, en la zona del monumento a Fugl, no hay cámara alguna. El “detalle” no dejó de llamar la atención para los investigadores siendo que se trata de un espacio muy utilizado y concurrido por todo lo que concierne al movimiento en dicho espacio.
Una vez más, la pregunta fue con quién se coordina la ubicación de los dispositivos y bajo qué criterio.
