No todo es violencia política de género: Identificación y legislación

La violencia política de género es un problema de derechos humanos que impacta sobre la calidad de las democracias. Es un concepto que recoge la discriminación y violencia histórica que tiende a acompañar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres en su diversidad.

La violencia política en todas sus formas es repudiable e incompatible con la dinámica democrática. Más aún, la que se dirige a grupos históricamente oprimidos y violentados como son las mujeres. Afortunadamente, en América Latina la violencia política de género ha cobrado visibilidad a través del accionar de los movimientos de mujeres y ciertos organismos internacionales. Como resultado de ello existe un debate sobre la importancia de 1) delimitar esta problemática y 2) avanzar en la adopción mecanismos orientados a su prevención, atención y sanción.

Es sabido, que la política es un espacio donde se suscitan expresiones violentas más aún en contextos altamente polarizados. No obstante, la violencia política de género posee ciertas especificidades que es importante conocer para facilitar su identificación: 1) Se trata de prácticas que las afecta en magnitud mucho mayor a las mujeres que a los varones, 2) Se dirigen a una mujer por su condición de mujer en cuanto a roles asignados históricamente y 3) Tiene un impacto diferenciado sobre ellas; tal como afirma Alanis Figueroa. Es importante tener presente estos aspectos a fin de no distorsionar el concepto mismo de "violencia política de género" que se asocia principalmente a impedir y/u obstaculizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres por el "solo hecho de ser mujer" con el fin último de expulsarlas de la arena política.

A la luz de esta problemática, doce países de América Latina han adoptado marcos legales al respecto que pueden clasificarse en leyes específicas, leyes de violencia de género que incorporan su conceptualización y leyes que regulan la competencia político electoral.

Argentina, se encuentra en el segundo grupo al haber incorporado la violencia política de género a través de la Ley de Protección Integral de las Mujeres. Sin lugar a duda, el reconocimiento legal de esta problemática constituye un avance insoslayable.

No obstante, resulta posible identificar vacíos en la normativa argentina principalmente respecto a las manifestaciones o prácticas que comprende esta expresión de violencia de género; las instancias institucionales de recepción de denuncias (vías de denuncia); mecanismos de acompañamiento y protección institucional de las víctimas, así como de sus familiares y círculos más cercanos; medidas de reparación inmediata y sanciones.

En este escenario, resulta importante avanzar en la adopción de otros instrumentos capaces de delimitar su abordaje institucional. Una de las opciones sería adoptar una ley específica a la vez de protocolos y/o reglamentaciones.

Por otro lado, es importante recordar que Argentina posee normas del ámbito nacional referidas a la participación política de las mujeres, la discriminación y otras formas de violencia de género. También ha asumido compromisos internacionales tales como el Pacto de San José de Costa Rica (ley 23.054), el Pacto de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de las Naciones Unidas (ley 23.313), la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer (ley 23.179) y la "Convención de Belém do Pará" (ley 24.632); entre otras. Es decir, que ya existe un andamiaje legal que faculta al Estado argentino a actuar al respecto.

Es de destacar que bajo el sustento de este andamiaje jurídico la Justicia Electoral Nacional se expidió por primera vez ante un caso sobre violencia política de género a través de la causa "Unión Cívica Radical y otros/impugnación de acto de órgano o autoridad partidaria.

En este sentido, actuar contra la violencia política de género es un acto de voluntad política. Sólo a través de la efectiva implementación de las normas y compromisos internacionales asumidos; será posible avanzar en la transformación de la cultura política asociada a la participación política de las mujeres y la cultura de impunidad que tiende a acompañar la violencia de género en todas sus formas.

* Lic. en Ciencia Política y Dra. en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del CONICET, integrante de la Red de Politólogas #Nosinmujeres, que reúne a 752 especialistas de 31 países.