Los desafíos del patrimonio cultural ‘negativo’

¿Existe un patrimonio cultural negativo? La sorprendente respuesta es que sí. Normalmente pensamos en el patrimonio cultural como algo positivo, pero no siempre lo es para todos.

Una pintura de Velázquez no provoca ningún tipo de conflicto acerca de su valor como patrimonio. Sin embargo, una escultura franquista sí puede desencadenar reacciones encontradas: desde exigir su preservación hasta promover su destrucción.

El concepto patrimonio negativo fue introducido en 2002 por la antropóloga Lynn Meskell. Lo define como “un lugar conflictivo que se convierte en el repositorio de recuerdos negativos en el imaginario colectivo”. Otros investigadores han preferido utilizar términos como patrimonio incómodo, en disputa o conflictivo.

Sin embargo, no importa tanto la palabra que usemos, sino comprender que este tipo de patrimonio nos enfrenta a desafíos legales, políticos y de conservación.

Desafíos legales

La Ley de la Memoria Histórica y la de Memoria Democrática han sido una forma de abordar el legado de la guerra civil española y la posterior dictadura. A pesar de estas leyes, la eliminación (o la modificación del significado) de símbolos y construcciones franquistas es una fuente de desafíos legales. El Valle de Cuelgamuros es un buen ejemplo de esta situación.

La última controversia ha sido la Declaración de Bien de Interés Cultural de la Pirámide de los Italianos (Valle Valdebezana, Burgos) por parte de la Junta de Castilla y León. El monumento conmemora los soldados italianos (que luchaban en el bando franquista) que murieron durante la Guerra Civil. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha anunciado que presentará una denuncia por prevaricación contra la Junta por esta declaración.

En España se han implementado leyes para eliminar el patrimonio franquista, lo que ha generado conflictos con los sectores más conservadores. Mientras tanto, en los Estados Unidos se han promulgado leyes para proteger la herencia confederada (el bando que defendía la esclavitud en la Guerra de Secesión estadounidense). Esto ha provocado disputas con los grupos más progresistas y las instituciones locales, quienes consideran que retirar los monumentos conflictivos es ahora más difícil.

Desafíos políticos

El patrimonio confederado es una fuente de controversias sociales y políticas en Estados Unidos desde hace más de un siglo. Esto se debe a su conexión con la historia de la esclavitud, la guerra civil y el movimiento por los derechos civiles.

Algunas bases militares y escuelas en Estados Unidos llevan nombres de líderes confederados. Ha habido intentos (y en algunos casos se ha conseguido) de cambiar estos nombres. Estas propuestas han generado resistencia política, especialmente en aquellas regiones donde persiste una identidad confederada muy arraigada.

En varios estados también se han presentado propuestas para prohibir o restringir el uso de la bandera confederada en lugares públicos. Sin embargo, las mayores controversias se han producido con respecto a la retirada de estatuas y monumentos. Muchos consideran que estas representaciones perpetúan la ideología racista asociada con la esclavitud.

Como señala la historiadora Karen L. Cox, el desafío es encontrar soluciones cuando no hay posibilidad de entendimiento. Esto es evidente con una vida política cada vez más polarizada.

Desafíos en cuanto a su conservación

En octubre de 2023, la estatua del general confederado Robert E. Lee que se encontraba en Charlottesville (Virginia, Estados Unidos) fue cortada y fundida. Finalizaba así un proceso de varios años en los que una parte de la población había exigido su retirada.

El triste protagonismo de esta pieza proviene de una manifestación en agosto de 2017 de grupos de extrema derecha (entre los que se encontraban neonazis), con el objetivo de evitar la retirada del monumento. Durante la manifestación, un hombre vinculado a grupos supremacistas blancos atropelló de forma intencionada a los contramanifestantes. Su acción provocó la muerte de una persona y varios heridos.

Estos acontecimientos reforzaron las opiniones a favor del traslado e incluso de la destrucción de la estatua. Se inició un proyecto con el objetivo de crear una nueva obra de arte público a partir del material fundido de la escultura.

Hay que señalar que las esculturas vinculadas a los regímenes autoritarios del siglo XX, al colonialismo o al supremacismo no suelen tener un valor artístico muy destacable. Muchas han sido realizadas en serie a partir de un modelo o son imitaciones mediocres de esculturas clásicas. La destrucción de esculturas de Lenin o de Sadam Husein no ha provocado ningún tipo de controversia por la pérdida de “obras artísticas”.

En otros casos, piezas que pueden ser calificadas como patrimonio negativo quedan en una situación dudosa. Pueden tener un cierto valor histórico, pero no llegan a ser suficientemente valoradas como para ser restauradas. Suelen acabar en almacenes fuera de la vista del público, como sucede con la gran mayoría del legado material franquista.

Otra posibilidad es que el patrimonio negativo sea expuesto, pero modificando su significado. El 7 de junio de 2020, en plena ola del Black Lives Matter, una estatua de Edward Colston (un traficante de esclavos del siglo XVII) cubierta por pintura roja fue arrojada al puerto de Bristol (Reino Unido). Tras ser recuperada, los restauradores decidieron no remediar los daños causados durante el derribo ni eliminar las manchas de pintura.

La estatua fue expuesta en el museo M Shed, tumbada y manteniendo los daños a la vista. Tras una encuesta realizada a casi 14 000 personas se concluyó que una amplia mayoría apoyaba este criterio de presentación.

Otro ejemplo de modificación es el de la casa natal de Hitler en Braunau (Austria), que se encuentra en proceso de ser convertida en una comisaría de policía. El objetivo es que deje de atraer a simpatizantes del nazismo.

¿Qué sentido queremos dar a una obra clasificada como patrimonio negativo? ¿Un objeto a descartar? ¿Algo que debe ser preservado y mostrado por su valor histórico? ¿Algo que debe ser modificado por un deseo de mayor igualdad y justicia social? La respuesta a estas preguntas es lo que guiará las acciones a emprender en cuanto a su preservación. Las decisiones legislativas y políticas también estarán determinadas por este significado que le otorguemos. Una sociedad democrática es aquella que puede enfrentar este tipo de retos complejos.

José Manuel Barros García, Profesor Titular, Universitat Politècnica de València

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation