El Estado no puede regular las redes, supérenlo

La suspensión de X (antes Twitter) en Brasil levanta una alerta para quienes pensamos en la tecnología como motor de desarrollo del país. La orden del juez Alexandre de Moraes nos pone frente a una realidad que parece molestar a muchos: el Estado no puede regular las redes sociales.

Esta medida, que dejó a millones de brasileños sin acceso a una de sus principales plataformas de comunicación e información, es sólo la punta del iceberg de un problema mucho más profundo relacionado a cómo debería el Estado lidiar con estas nuevas realidades sin recurrir a prohibiciones inaplicables.

Desde su concepción, las redes sociales desafiaron las nociones tradicionales de control y poder hasta convertirse en una especie de Estados supranacionales con el potencial de influir sobre los gobiernos y las decisiones que toman sus representantes.

En Argentina, tenemos un Presidente que prácticamente ganó las elecciones desde la virtualidad, sin un gran aparato político ni demasiados fiscales. Algo que ya había pasado en Estados Unidos con Trump y en Brasil con Bolsonaro. Pero las redes no solamente pueden crear ganadores, también tienen el poder de derrocar mandatarios: entre 2010 y 2012 millones de manifestantes se organizaron a través de las redes sociales en lo que se conoció como la Primavera Árabe y lograron terminar con dictaduras como la del egipcio Hosni Mubarak o la del libio Muamar al Gadafi.

Estas plataformas no solo permiten a las personas conectarse y compartir ideas, sino que también descentralizaron la producción y difusión de la información. Hoy la agenda de los grandes monopolios mediáticos la marca en gran medida lo que pasa en X, Instagram, Telegram o TikTok.

Esta nueva realidad también erosiona la capacidad de los gobiernos para controlar la narrativa pública. Ya no es tan sencillo bajar línea, porque la agenda la construyen millones de usuarios individuales que influyen sobre la temperatura social. Y esto molesta a muchos.

De hecho, en varios países se intentó implementar leyes para obligar a las plataformas a eliminar ciertos tipos de contenido en tiempos récord. En algunos casos de forma prácticamente inaplicable. Al caso de Brasil, se suma la reciente detención del CEO de Telegram en Francia por negarse a hacerlo, como si fuera él el responsable de lo que los usuarios comparten en su aplicación.

Pero estos intentos van en contra de la historia y están condenados al fracaso en el largo plazo. No solo es casi imposible monitorear y filtrar cada pieza de contenido en tiempo real, sino que las plataformas se enfrentan al desafío adicional de navegar por un panorama legal fragmentado, donde las leyes varían de un país a otro. La solución tiene que ser otra.

El mundo cambió. No quieran usar las mismas herramientas.

Este año visité por primera vez Silicon Valley. Quizás el lugar más icónico de la revolución tecnológica que vivimos en el presente. Y si algo me llevé de esa experiencia es la confirmación de que el avance de la tecnología es imparable.

En lugar de querer recuperar un control que ya no existe y que, además, forma parte de una concepción vieja, el Estado debe adaptarse al mundo en que estamos viviendo. La tecnología avanza a un ritmo implacable, y el sector público no puede permitirse quedarse atrás. Prohibir las redes sociales o intentar controlarlas mediante regulaciones de otra época es una estrategia destinada al fracaso.

En lugar de luchar contra lo inevitable, es momento de que el Estado acepte su nuevo rol en un mundo digitalizado: uno que no se basa en el control, la rigidez y el verticalismo, sino en la colaboración, la flexibilidad, la educación y la adaptación continua. Es hora de superar los viejos paradigmas y avanzar hacia una nueva forma de gobernanza que refleje las realidades del siglo XXI.