Las cárceles federales tienen superada su capacidad total
Las cárceles pertenecientes al Servicio Penitenciario Federal (SPF) tienen una sobrepoblación de casi dos mil presos y registró en 2018 un récord histórico de detenidos, lo que obligó a las autoridades carcelarias a albergar presos en espacios reducidos o en lugares de esparcimiento, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
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El documento fue difundido por el procurador penitenciario, Francisco Mugnolo, quien consideró que, aunque el Poder Ejecutivo decretó la emergencia carcelaria en abril, “la situación se ha desarrollado en un sentido negativo” y responsabilizó al Poder Judicial y a “muchas modificaciones legislativas incoherentes”.
Mugnolo dijo a Télam que, debido a la situación de gravedad de las cárceles federales, la Procuración Penitenciaria presentó “un proyecto de ley que establece un régimen de cupo carcelario sobre cuántas y cuáles personas tiene que haber en cada cárcel”.
En ese sentido, el informe anual presentado por el organismo indica que en los últimos dos años la población carcelaria en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) creció en 2.390 personas, y que durante 2018 se registró un total de 13.358 personas privadas de su libertad bajo esa órbita, cuando la capacidad es inferior a 12 mil.
Marta Monclús Maso, directora del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración Penitenciaria (PPN), agregó que esa tendencia se observa desde el 2014, cuando “se superó la barrera de los diez mil presos” y que a partir del 2016 “hubo un incremento muy pronunciado de la población detenida”.
Cupos excedidos
“Hoy en día tenemos casi dos mil personas por encima de la capacidad declarada de las cárceles federales, cuando el cupo es de cerca de doce mil”, dijo, aunque señaló que el SPF “no tiene un sistema de acreditación conforme a estándares internacionales”.
Por ese motivo, las instituciones de encierro, por ejemplo, instalan camas en espacios destinados a albergar a una sola persona o en gimnasios, como forma de “incrementar el cupo de una forma que no es legítima, sin habilitar plazas carcelarias genuinas”, dijo Monclús Maso, quien agregó que esto representa “un grave impacto en la posterior inserción social” del detenido.
Por otro lado, el informe de la PPN muestra que la evolución de los casos de maltrato y tortura registrados desde 2009 fue aumentando progresivamente, con un pico en 2014 cuando se produjeron 820 hechos, aunque en 2018 ocurrieron 558 casos, casi un 35 por ciento menos que aquel año.
El procurador adjunto, Ariel Cejas Meliare, detalló al respecto que la institución presentó formalmente una denuncia penal en el 41 por ciento de los casos de abusos penitenciarios, ya que en el resto no contaba con el consentimiento formal de la víctima. (Télam)
