La Cámara baja aprobó el Plan de los 1000 Días y lo envió al Senado para su tratamiento
La Cámara de Diputados aprobó esta mañana y giró en revisión al Senado el proyecto que crea el denominado “Plan de los 1000 días”, que establece una protección integral a la mujer embarazada y al niño hasta los primeros tres años de vida.
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La iniciativa fue aprobada por 196 votos a favor, ninguno en contra y 5 abstenciones, en el marco de la maratónica sesión en la que, previamente y tras un debate de más de 20 horas, la Cámara baja dio media sanción al proyecto de interrupción voluntaria del embarazo.
Las abstenciones en la votación del plan de los 1000 Días correspondieron todas al bloque del PRO, y fueron de Jorge Enríquez, Alicia Fregonese, José Luis Patiño, Francisco Sánchez y Héctor “Tito” Stefani.
Al abrir el debate, el presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, miembro informante del proyecto del Poder Ejecutivo, puso de relieve la importancia de la iniciativa, al señalar que “es un proyecto de ampliación de derechos para el binomio madre-niño”.
Yedlin dijo que “en esta situación de crisis requieren una protección particular” y afirmó que el Estado “ha decidido priorizar recursos para generar la máxima protección del binomio madre-hijo”, al asegurar que “la mayoría de las argentinas van a tener apoyo del Estado si son vulnerables para llevar adelante la maternidad”.
A su turno, desde el PRO, Carmen Polledo, respaldó en general a la iniciativa, aunque planteó disidencias con el proyecto con el argumento de que “se presenta como unificador de políticas publicas ya existentes” y dijo que “está enfocado en el establecimiento de un nuevo subsidio adicional pero que no alcanza”.
“El subsidio es una herramienta necesaria pero no alcanza”, aseguró Polledo en su discurso y se pronunció a favor de instrumentar “políticas más activas para llegar al objetivo deseado”.
Para el diputado pampeano Ariel Rauschenberger (Frente de Todos), tanto este proyecto como el del aborto “muestran la mirada integral que nuestro Gobierno tiene respecto de este tema” y consideró que son proyectos “complementarios”.
En tanto, el diputado de Consenso Federal Eduardo ‘Bali’ Bucca, lamentó la ausencia de gran parte de los diputados en el recinto para debatir esta iniciativa y consideró “insuficiente” el proyecto, al advertir que debía incorporar la atención de niños y niñas expuestos a los fenómenos ambientales “como los que sufren los que están a la vera de la cuenca Matanza-Riachuelo”.
Desde la Coalición Cívica, la diputada Mariana Stilman se preguntó “cómo no estar a favor” del proyecto, aunque advirtió que “existen gran cantidad de programas para atender las necesidades de las poblaciones vulnerables y sin embargo cada día hay más población en esa situación que cae en la pobreza”.
Tras más de 21 horas de sesión, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, puso a votación una moción del diputado radical Facundo Suárez Lastra, para acortar la lista de oradores, propuesta que fue aprobada por unanimidad.
El Plan, conocido como “de los 1000 días”, que se debatió tras la aprobación del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo, apunta a proteger a las mujeres más vulnerables que están embarazadas, y a sus hijos e hijas.
La iniciativa establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.
Además, amplía la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.
También se amplía el pago por Nacimiento y por Adopción a las personas beneficiarias de la AUH, que hasta ahora están excluidas de este beneficio.
Establece que “el Estado Nacional deberá implementar la provisión pública y gratuita de insumos fundamentales para las mujeres y otras personas gestantes durante el embarazo y para los niños y las niñas hasta los tres años, en los casos y condiciones que determine la reglamentación”.
En especial, se establece que se atenderá a la provisión de medicamentos esenciales; vacunas; leche; y alimentos para el crecimiento y desarrollo saludable en el embarazo y la niñez, en el marco de los programas disponibles al efecto.
También, contempla “el derecho a la protección en situaciones específicas de vulnerabilidad” con la creación de “modelos de atención especial” para niños y niñas con necesidad de cuidados especiales en sus primeros años; personas que cursen embarazos de alto riesgo y casos de trombofilia; mujeres u otras personas gestantes en situación de violencia por razones de género; y niñas y adolescentes embarazadas.
