Fernández sentenció: “Nunca más una justicia para saldar discusiones políticas”
El Presidente pidió que la justician esté en “manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”, al presentar la iniciativa del Gobierno de reforma judicial.
Recibí las noticias en tu email
“Sólo busco hacer la República que todos declaman, pero algunos humillaron”, expresó el Presidente, al encabezar el acto en el Salón Blanco de la Casa Rosada, acompañado por la ministra de Justicia, Marcela Losardo; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco; y el futuro consejo asesor de las reformas judiciales.
Tras un repaso histórico sobre el vínculo entre la justicia y los gobiernos que lo precedieron, desde la última dictadura militar, Fernández advirtió que los cuatro años de la gestión de Cambiemos “estuvieron signados por medidas que afectaron las reglas de imparcialidad que deben gobernar la acción judicial en un Estado de Derecho”.
A modo de ejemplo, mencionó el decreto 257 de Mauricio Macri, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal, y el hecho de que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) “volvió a quedar bajo un manto de sospecha” con el permiso que se le otorgó para manejar “fondos reservados” y “participar de pesquisas judiciales”.
“Hemos visto cómo el influjo del poder político y también de otros poderes, fue operando sobre la decisión de algunos jueces”, planteó.
“Se hizo uso de doctrinas que fueron utilizadas para convertir al encarcelamiento preventivo en un sistema de penas anticipadas; de esa manera, el principio de inocencia y de defensa en juicio fueron repetidamente vulnerados”, remarcó el Presidente.
Consideró, en contraposición, que el sistema judicial “debe apegarse a las normas y abstraerse de cualquier influencia que quiera torcer la imposición de justicia” y, para eso, juzgó que “el poder de la justicia debe estar en manos de personas dignas que no sean permeables a ningún tipo de presión”.
Consolidar la independencia
“Busco hacer la República que todos declaman, pero que algunos humillaron”, manifestó el jefe de Estado y consideró que “nadie debe sorprenderse” de la propuesta de su gobierno porque -recordó- en varias oportunidades, antes de asumir y al inaugurar la Asamblea Legislativa, anticipó su objetivo de “consolidar una justicia independiente”.
Ese fin, dijo, se alcanza con una “mejor” organización de la justicia federal para que ese fuero supere “la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento” en su competencia penal.
“La ley debe imponerse en forma igualitaria con prescindencia de quien ejerce el poder y quien resulta opositor”, insistió.
El proyecto tiene como columna vertebral la creación de la Justicia Federal Penal con asiento en la ciudad de Buenos Aires, mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Penal Económico.
Propone también la unificación de las cámaras de apelaciones y la creación de tribunales orales, de fiscalías y defensorías y completar la transferencia de competencias penales a la Capital Federal.
Del acto participaron también los once miembros del Consejo Consultivo: Carlos Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo (por videoconferencia), Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Los once juristas asesorarán al Presidente en varios aspectos del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y la implementación del sistema acusatorio, entre otros. (Télam)
RECHAZO RADICAL
Buscan “reeditar la Corte de los ‘90”
Diputados de la Unión Cívica Radical se expresaron en contra del proyecto de Reforma Judicial que se girará al Senado Nacional y señalaron que esa iniciativa busca “reeditar la Corte Suprema de los 90”, al referirse al tribunal que se diseñó durante la gestión del expresidente Carlos Menem.
De esta manera, legisladores radicales se refirieron al proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández en la Casa de Gobierno y a la creación de un consejo de juristas que asesorará acerca de los cambios en el sistema de administración de justicia.
El presidente de la bancada radical, Mario Negri, dijo que su grupo de legisladores analizará “con máximo rigor la reforma judicial, tal como lo hicimos en 2013 cuando se anunció la democratización de la Justicia, aquel intento burdo de politización de la misma”.
“Ese antecedente nos exige ser sumamente firmes en la defensa de la independencia de la Justicia”, señaló el titular del interbloque de Juntos por el Cambio en Diputados a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de la red social Twitter.
El vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna, afirmó a su turno que “no tiene sentido convocar a una comisión para analizar algo probadamente degradante para las instituciones de la República”.
“Solo se busca darle un barniz académico a una decisión ya tomada de reeditar la Corte de los ‘90”, añadió.
“La ampliación de la Corte nos hace retroceder 30 años. El menemismo la llevó de 5 a 9 jueces en abril de 1990 para generar vacantes y formar una mayoría que avalara las decisiones de un Gobierno que integraron muchos de la actual gestión. El ministro de Justicia era entonces León Arslanian”, indicó Menna. (Télam)
Positiva evaluación
El anuncio realizado por el presidente Alberto Fernández fue recibido de manera positiva por varios juristas, que manifestaron su expectativa ante el tratamiento que la iniciativa recibirá en el parlamento.
“Me pareció un discurso moderado, en la misma línea del de la asamblea parlamentaria. Hay cosas en las que todo el mundo va a coincidir, en el sentido de mejorar el funcionamiento del Poder Judicial”, sostuvo el dirigente radical, abogado y exjuez Ricardo Gil Lavedra en diálogo con Télam.
El exdiputado nacional valoró también que el presidente “rescató la idea del fortalecimiento de la Justicia federal del interior que es una idea del Programa Justicia 2020, del gobierno pasado”, que consiste en crear más cargos de jueces federales en las provincias para evitar que cada uno tenga competencia múltiple.
Por otra parte, Gil Lavedra sostuvo que si bien comparte la intención de desconcentrar el poder que reúnen los doce juzgados federales de Comodoro Py, “no se sabe de dónde surge que el número ideal de jueces federales (en la Ciudad de Buenos Aires) es 46”, cuando la idea es además tender a la implementación del “sistema acusatorio”, que demandará más recursos para el Ministerio Público Fiscal.
El presidente del Consejo de la Magistratura y juez de la Cámara Federal de San Martín, Alberto Lugones, calificó el anuncio presidencial como “una buena idea”, aunque planteó que será importante conocer de dónde surgirán los recursos económicos para concretar las modificaciones propuestas.
Sobre la idea de licuar el poder de los jueces de Comodoro Py al elevar su número, Lugones señaló a Télam que es una “idea interesante” y remarcó que durante el último tiempo “lo que ha ocurrido es la intromisión de la Justicia en temas políticos y esto abre la posibilidad a generar un cambio”.
El titular del Consejo de la Magistratura remarcó además que de concretarse los cambios propuestos por el Gobierno se necesitará de “mucho trabajo” del órgano que preside para elegir a los nuevos jueces.
El magistrado destacó también la conformación del comité de expertos que deberán presentar propuestas sobre el funcionamiento del propio consejo, pero también de la Corte Suprema y de los ministerios públicos. (Télam)