El último derrumbe de Floresta reabrió el debate por la crisis habitacional en CABA

En ese distrito, uno de cada tres habitantes alquila, la mitad de esos hogares registra hacinamiento y hay unos 4.000 inmuebles con riesgo de derrumbe.

Así lo evaluaron ante Télam distintas organizaciones que estudian las problemáticas urbanas en el territorio capitalino y en el área metropolitana de Buenos Aires, las que afirmaron que existe un “mercado informal” de alquileres al que recurren quienes no cuentan con las condiciones para un contrato legal y el cual “retroalimenta la precariedad habitacional”.

Objetaron también la definición del Gobierno porteño de priorizar los “negocios inmobiliarios” por sobre el financiamiento de iniciativas estatales que tiendan a morigerar la situación y denunciaron que la administración local realiza “controles nulos o ligeros” en las casas usurpadas o con construcciones ilegales en su interior que representan peligro.

Según información oficial, para concretar la fiscalización de propiedades privadas tomadas, como la situada en Rivadavia al 8700 donde ocurrió el trágico derrumbe que provocó la muerte de tres personas y en la cual habitaban unas 35 familias, es necesaria una orden judicial de ingreso y para ello el requisito previo es la denuncia del dueño de la vivienda.

“Si no hay denuncia hecha ni está judicializado el tema, depende de la decisión de quien habite el inmueble permitir el ingreso de las autoridades municipales para constatar alguna irregularidad, ya sea vinculada con alguna construcción ilegal o la veracidad de los supuestos arrendatarios e inquilinos”, señalaron fuentes del Gobierno porteño.

Desde la organización Defendamos Buenos Aires advirtieron que existen en la Ciudad unas cuatro mil viviendas que registran un riesgo de colapso, las que están “representadas por una mayoría de casas tomadas o usurpadas, hoteles en pésimo estado y edificios carentes de mantenimiento”.

Tierra de nadie

Javier Miglino, director de la agrupación, dijo que “las casas usurpadas son una suerte de tierra de nadie donde el Estado nunca llega”, cuestionó “la política de controles ligeros a nulos” en este tipo de propiedades y afirmó que “hay una impunidad del cien por ciento porque el Gobierno de la Ciudad exige todo tipo de documentación y de datos para denunciar”.

La situación irregular de este tipo de viviendas antiguas -en las que las familias subalquilan habitaciones en condiciones de hacinamiento- predominó desde el siglo pasado en barrios como Monserrat, San Telmo y La Boca; no obstante, en las últimas décadas el modelo habitacional de los inquilinatos apareció también en Almagro, Flores, Floresta, Liniers y Nueva Pompeya.

Jonatan Valdiviezo, abogado ambientalista y urbanista, sostuvo que “la Ciudad está en un contexto de crisis habitacional donde uno de los grandes problemas que se está teniendo hace varias décadas es la imposibilidad del acceso a la vivienda de gran parte de la población”. (Télam)