El Gobierno giró a un proyecto para bajar de 16 a 13 años la edad de imputabilidad

El oficialismo argumenta que es necesario bajar la edad de imputabilidad porque “los delitos cometidos por menores de 16 años quedan impunes” y “esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”.

“Es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”, señalaron fuentes oficiales.

Los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona y de Seguridad, Patricia Bullrich, habían anunciado el pasado 28 de junio que iban a mandar esta iniciativa ante el aumento de delitos cometidos por menores de 16 años, que es la edad establecida en el actual régimen penal juvenil.

El proyecto girado a la Cámara de Diputados fue firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cúneo Libarona.

Tras la presentación, Bullrich se manifestó en sus redes: “Tenés 13 años: si las hacés, las pagás. Bajo el liderazgo de Milei, este es el primer Gobierno que se anima a dar este paso firme a la justicia real. La impunidad se termina ahora. No más excusas: quien comete un delito pagará las consecuencias”.

La iniciativa deberá ser analizada por las comisiones de Legislación Penal y de Justicia, que conducen Laura Rodríguez Machado (PRO-Córdoba) y Manuel Quintar (LLA-Jujuy), aunque se estima que no será sencillo, ya que es un tema que divide las aguas dentro del Congreso.

El proyecto establece un régimen penal aplicable a las personas adolescente desde los 13 hasta los 18 años cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal.

A lo largo del proyecto se establece que no se le podrá imponer al menor una pena por reclusión perpetua, siendo el máximo de la prisión de 20 años, aunque la escala penal fuera más elevada producto de la concurrencia real de varios hechos independientes.

También permitirá revisar la pena cuando se hayan cumplido los dos tercios de la misma, para que el resto se pueda cumplir en su domicilio, aunque previamente para eso deberán tener la conformidad del Ministerio Público Fiscal y la oposición de las víctimas deberá ser notificada.

Lugares de detención 

Sobre los lugares para cumplir la pena, serán el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención de menores.

Esta decisión deberá ser tomada por el tribunal o juez en una resolución en el que se expongan los motivos que justifican la privación de la libertad y deberá indicarse el lugar de cumplimiento.

También fijan que se deben imponer al adolescente medidas específicas tendientes a desarrollar su educación, el trabajo y la conciencia de la gravedad del hecho cometido, con vistas a lograr su resocialización y desarrollo de su vida.

A lo largo del proyecto se determina que una vez determinada la pena se deberá designar un supervisor especializado a cargo del seguimiento, asistencia y control del imputado.

También fija que el supervisor deberá contar con conocimientos y formación académica en educación, pedagogía infanto-juvenil, psicología, adicciones y trabajo social.

Se deberá garantizar que la cantidad de adolescentes asignados a cada supervisor permita el adecuado seguimiento y supervisión de cada uno de los adolescentes imputados.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno señaló que “resulta indispensable sancionar una ley especial que regule la materia e incorpore los referidos principios, adecuada a nuestra realidad social”. NA