Diputados realizó una nueva audiencia de testimonios en el juicio político a la Corte

Uno de los testigos convocados fue el exministro de Justicia macrista Germán Garavano, quien aseguró que el fallo “Muiña” del supremo tribunal “no correspondía”, por lo que se despegó de las denuncias del oficialismo que lo involucran.

Sucede que el oficialismo tiene bajo la lupa a Garavano -pese a no ser acusado sino testigo- por su supuesta participación en “la compra” del voto de la exsuprema Elena Highton de Nolasco en el fallo del 2x1 de mayo de 2017, tomando como caso para sentar jurisprudencia a Luis Muiña, un torturador del centro clandestino “El Chalet” que funcionó en el predio del Hospital Posadas.

Según la denuncia que motoriza el Frente de Todos en la comisión de Juicio Político, habría una causalidad entre el voto de Highton de Nolasco en aquel fallo “Muiña” (firmado además por Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz) con la decisión del Gobierno de no apelar el fallo Schiffrin -dictado apenas un mes y medio antes- que avaló la continuidad de la magistrada en la Corte pese a que ya tenía más de 75 años.

Es decir, un supuesto intercambio de favores para que la jueza no pierda su puesto en el máximo tribunal.

“Golpe a la lucha”

La primera testigo invitada a exponer fue la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, quien leyó un documento en el que definió el fallo Muiña como un “intento de golpe a la lucha” de organismos de Derechos Humanos así como de familiares de víctimas del terrorismo de Estado.

“Todos recordamos lo que significaba ese fallo abriendo las puertas de la libertad a los genocidas, a los pocos que estaban en cárceles comunes como aquellos que gozaban de prisión domiciliaria”, arrancó la referente del movimiento de Derechos Humanos.

Sobre Highton de Nolasco, quien aportó el voto clave en el fallo sumándose al de Rosatti y Rosenkrantz, consideró que “de manera espuria borró con el codo sus anteriores y distinguidos votos favoreciendo indiscriminadamente de manera generalizada a los responsables de los crímenes más atroces que recuerde nuestra historia a sabiendas de que la doctrina y jurisprudencia aplicable de la Corte Suprema indicaba lo contrario”.

“Al mismo tiempo (los magistrados) subestimaron al pueblo organizado que colmó la Plaza de Mayo y la reacción política de este Parlamento que en tiempo récord aprobó la ley interpretativa 27.632 consagrando legislativamente los estándares que aquellos ministros omitieron maliciosamente”, siguió De Carlotto.

De Carlotto no olvidó señalar “la lentitud de la tramitación de las causas que ya tienen sentencia pero que aún esperan la confirmación de la Corte para adquirir firmeza”.

Sumó a la lista de reclamos hacia la Corte la “inactividad de la comisión Interpoderes” que debe ser convocada por la presidencia del máximo tribunal con el fin de delinear los protocolos para acelerar la reanudación de los juicios por crímenes de lesa humanidad. NA