Allanamientos por la presunta extorsión mediante la utilización de planes sociales

Los procedimientos habían sido solicitados por el fiscal Gerardo Pollicita, quien recibió una denuncia del Ministerio de Seguridad a raíz de los cientos de llamados realizados a la línea 134 que habilitó la cartera que conduce Patricia Bullrich.

Sólo en la Ciudad de Buenos Aires, fueron 45 los casos pues fueron más de 13 mil llamados recibidos, pero a nivel nacional por lo que están fuera de la jurisdicción del titular del Ministerio Público.

La investigación, desde entonces, implicó la identificación de varios dirigentes sociales que ahora fueron imputados por el delito de extorsión.

En total lo fueron 27 los denunciados, entre ellos Jeremías Cantero, Elizabeth del Carmen Palma, Gianna Puppo y María Dotti, todos ellos del Partido Obrero; así como otros dirigentes de Barrios de Pie y otras organizaciones sociales.

En una primera instancia, el fiscal pidió incluso detenciones las cuales no fueron concedidas por el juez Sebastián Casanello y ameritó la intervención de la Cámara Federal que sí habilitó los allanamientos como medida de prueba, lo que se efectivizó este lunes.

Para la fiscalía, hubo tres tipos de extorsión a partir de los planes sociales que giraba el Ministerio de Desarrollo Social, que era cobrarles a los afiliados una “cuota” para aporte de los comedores, obligarlos a vender por la zona los alimentos que recibían del Estado Nacional y también a asistir a manifestaciones, todo bajo amenaza de quitarles la ayuda o bien no entregarles los animales.

Como método de control se tomaba asistencia a las marchas, se imponían castigos con “multas” para los que no cumplieran a rajatabla la asistencia a marchas o bien la prohibición de retirar alimentos que daba el Estado a los comedores. NA