Un fallo peruano reabrió el debate sobre los posibles tentáculos del fujimorismo

(Por Gonzalo Ruiz Tovar, especial desde Lima) - La reciente absolución por “falta de pruebas” de los procesados por el asesinato del líder sindical Pedro Huilca, entre ellos el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, reabrió en Perú el debate sobre la impunidad de varios crímenes atribuidos a agentes del Estado en la década de 1990.

“Hay un largo camino para lograr justicia, pero no vamos a dejar de exigirla”, reaccionó una hija de Huilca, la exparlamentaria Indira Huilca, después de que el jueves se dictara el fallo en que dos de los tres jueces consideraron que no hay claridad en los hechos que supuestamente vinculan al grupo militar Colina con el asesinato.

“La sentencia nos deja la sensación de impunidad y la duda de cuánta influencia tiene el fujimorismo en el sistema de justicia”, añadió Indira Huilca, para quien los argumentos de los jueces Miluska Cano y Otto Verapinto son “bastante sesgados e insuficientes”.

El fallo favoreció, además, a los exjefes de inteligencia Julio Salazar y Juan Rivero, generales del Ejército, y a los oficiales o suboficiales Santiago Martin Rivas, Federico Navarro, Julio Chuqui y Nelson Carbajal, todos integrantes de Colina y quienes pagan o pagaron penas de cárcel por otros casos.

El tercer juez de la Cuarta Sala Penal Superior, Percy Ruiz, se apartó del criterio de Cano y Verapinto: “(Huilca) fue ejecutado por el destacamento de inteligencia Grupo Colina, que sí estaba operando en diciembre de 1992 y (está demostrado) que el móvil del homicidio fue ser opositor al régimen”, escribió en una resolución en minoría.

Huilca, de 43 años, secretario general de la Central General de Trabajadores del Perú y por tanto el principal líder sindical del país, fue asesinado el 18 de diciembre de 1992 por entre ocho y diez hombres que lo acribillaron a balazos cuando salía de su casa para dirigirse a su oficina.

En un principio, la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dincote) atribuyó el homicidio a Sendero Luminoso, grupo armado maoísta que según la Comisión de la Verdad asesinó a cerca de 40.000 personas y que había lanzado reiteradas amenazas a Huilca y a otros varios líderes de izquierda que se oponían a sus posturas extremistas.

“Esa mañana, cuando lo mataron, ya tenían todo preparado; a las 10 de la mañana (dos horas después del atentado), el señor (entonces presidente, Alberto) Fujimori ya estaba cantando: ‘Hemos capturado a los asesinos’ y dijeron que los culpables eran de Sendero; por supuesto era falso”, rememoró para el semanario Hildebrandt en sus Trece la viuda de Huilca, Martha Flores.

La Dincote, organismo especializado de la Policía, identificó como responsables a siete senderistas que en 1993 fueron sentenciados a cárcel por un juez sin rostro (que guardaba el anonimato por seguridad). El caso parecía cerrado y la opinión pública asumió esa versión ante las evidencias de que Sendero asesinaba líderes populares.

Cuatro años después, sin embargo, Flores denunció a Colina a partir de testimonios de dos exintegrantes del Servicio de Inteligencia Nacional que afirmaron que el crimen fue obra del grupo militar que cometió numerosos crímenes en la época, incluidas las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, en las que murieron 25 personas y por las que aún está preso Fujimori. (Télam).