REACCIÓN
Perú rechazó las acusaciones tras la excarcelación de Fujimori
El Gobierno rechazó el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo acusa de haber cometido desacato al no cumplir con las resoluciones que prohibían la excarcelación del expresidente.
“El Estado peruano es plenamente respetuoso de los tratados y decisiones del sistema de promoción y protección de los derechos humanos, en el ámbito regional y universal, y ratifica su firme adhesión a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantiza la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad”, declaró el Gobierno en un comunicado publicado en su página oficial.
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“No ha existido desacato alguno por parte del Estado, puesto que las sentencias recaídas en los casos aludidos por la Corte, han sido ejecutadas y se vienen implementando dentro de los parámetros de los instrumentos internacionales de los que el Perú es parte”, agregaron los ministerios de Asuntos Exteriores y de Justicia y Derechos Humanos en el texto.
De acuerdo con el texto, “el Estado peruano presentará el informe de cumplimiento que se solicita en la mencionada resolución, con la argumentación de su posición, según el procedimiento y dentro del plazo señalado por la Corte IDH, que vence el 4 de marzo de 2024”.
La Corte IDH acusó ayer al Estado peruano de desacato por no evitar la excarcelación inmediata de Fujimori que exigió el Tribunal Constitucional, y permitir que continuara el proceso a pesar de que se ponía en riesgo el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta.
El fallo de la Corte IDH, de 29 páginas y publicado en la cuenta de la red X (antes Twitter) del organismo, establece que “la liberación de Alberto Fujimori la tarde del 6 de diciembre de 2023 constituyó un desacato” a una resolución de “adopción de medidas urgentes de no innovar” dictada por la presidencia del tribunal el día anterior.
El 5 de diciembre, el Tribunal Constitucional (TC) de Perú emitió un fallo en el que considera que la Corte IDH no tiene competencia para ordenar la no ejecución de la sentencia judicial emitida en marzo del año pasado, y ordenó la liberación inmediata del exmandatario, de 85 años, decisión acatada por el Instituto Nacional Penitenciario. (Télam)