Pedro Sánchez fue reelecto presidente del Gobierno en una España dividida por amnistía a catalanes

El líder socialista Pedro Sánchez fue reelecto presidente del Gobierno español al frente de una coalición con partidos de izquierda e independentistas, en un país profundamente dividido por su compromiso de conceder una ley de amnistía a independentistas catalanes a cambio de su apoyo en esta investidura.

Sánchez obtuvo 179 votos a favor en el Congreso de los Diputados, tres más que la mayoría absoluta, y 171 en contra, anunció la presidenta de la Cámara, la socialista Francina Armengol, luego de un intenso debate de investidura, donde arreciaron las críticas y advertencias.

"Declaro otorgada la confianza del Congreso a don Pedro Sánchez", anunció Armengol tras la votación, en el segundo y último día de la sesión especial de investidura, informó la agencia de noticias AFP.

En el poder desde 2018, Sánchez, de 51 años, tenía garantizados los votos de esos 179 diputados gracias a alianzas que durante semanas tejió con otras agrupaciones con representación en el Parlamento.

Sánchez jurará o prometerá su cargo ante el rey Felipe VI en una ceremonia que se celebrará en el Palacio de la Zarzuela este viernes a las 10 horas (6 de Argentina), informó la Casa Real.

De esta forma, el actual presidente en funciones volverá mañana a ocupar el cargo con todas las atribuciones, que quedaron en suspenso cuando a horas de perder las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo tomó la decisión de disolver la Legislatura y convocar a elecciones anticipadas para el 23 de julio, para "someter nuestro mandato a la voluntad popular".

El Partido Socialista español (PSOE) quedó segundo en esos comicios de julio, por detrás del opositor y derechista Partido Popular (PP) de Alberto Núñez Feijóo, quien recibió encargo de formar Gobierno antes que Sánchez, pero no fue capaz de reunir una mayoría en el Congreso de los Diputados. Su alianza con el partido de ultraderecha Vox no le alcanzó para llegar a la investidura y fue refractaria para cerrar acuerdos con otras fuerzas.

En las últimas semanas, Sánchez negoció hasta sellar acuerdos con varios grupos regionalistas de Cataluña, Galicia y el País Vasco, cuyo apoyo le resultaba crucial a falta de una mayoría clara en el Parlamento.

Pero el más trascendental fue el que logró con los catalanes de Esquerra Republicana (ERC) y, sobre todo, con Junts pero Catalunya (Junts), para el que el PSOE tuvo que negociar abiertamente con el expresidente catalán Carles Puigdemont, que vive en Bélgica desde hace seis años para eludir su procesamiento por liderar un intento fallido de secesión de Cataluña en 2017.

Puigdemont aceptó, tras intensas negociaciones, apoyar la reelección de Sánchez, y a cambio obtuvo de los socialistas el compromiso de la próxima aprobación de una ley de amnistía para cientos de independentistas procesados, que debería permitirle regresar a España.

Al exponer ayer ante los diputados las prioridades de su nueva legislatura, Sánchez defendió la necesidad y constitucionalidad de este acuerdo con el partido Junts, pese a que se había opuesto a la amnistía en el pasado.

Esto es necesario para "cerrar las heridas" abiertas por la crisis de 2017, afirmó el presidente del Gobierno, asegurando que quiere garantizar "la unidad de España por la vía del diálogo y del perdón".

El socialista prometió actuar como "un muro" frente a la "agenda reaccionaria" que representan las "derechas retrógradas" del PP y del partido de extrema derecha Vox.

De todos, ayer la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, advirtió durante el debate de investidura que su formación votaría hoy a favor de Sánchez, pero no le apoyará ninguna iniciativa si no hay avances en lo acordado entre ambas fuerzas la semana pasada.

Noguera ratificó además que Junts sigue apostando por la independencia de Cataluña. "Se lo digo ahora, porque está a tiempo de desistir", advirtió la legisladora independentista catalana, pero el líder del PSOE no desistió.

Por el contrario, anunció una serie de medidas dirigidas a los sectores populares, entre ellas la rebaja del IVA de los alimentos hasta junio de 2024 y la gratuidad, a partir del 1 de enero, del transporte público para todos los menores y jóvenes y para las personas desempleadas.

Asimismo, se comprometió a destinar 10 euros a la lucha contra la violencia machista por cada euro que un gobierno autonómico municipal retire de lo destinado a su prevención y eliminación.

Además de la amnistía para los independentistas catalanes implicados en la tentativa secesionista de Cataluña en 2017, Sánchez quiere impulsar "un nuevo modelo de financiación" que refuerce la autonomía de las regiones españolas.

Este compromiso político delicado se traducirá en la anulación de una parte de la deuda de las regiones con el Estado central, empezando por 15.000 millones de euros de la deuda del gobierno catalán.

En cuanto al posicionamiento internacional de España, el jefe del gobierno aseguró que mantendrá su apoyo a Ucrania "hasta que el último soldado ruso abandone un país que quiere ser libre y europeo".

Por otra parte, prometió trabajar "para que Europa, y por supuesto, España" reconozca al Estado palestino, en virtud de una resolución no vinculante adoptada en 2014 por el Congreso español y que había quedado en nada.

El PP acusa a Sánchez de haber pactado la amnistía con el único objetivo de mantenerse en el poder a toda costa, y dice que el acuerdo pone en riesgo la integridad territorial de España.

Rechazada por la mayoría de los españoles, según varios sondeos de opinión, esta amnistía llevó el domingo a cientos de miles de personas a salir a la calle en respuesta a una convocatoria del PP.

Para el sábado está prevista en Madrid una nueva manifestación, en la que participarán dirigentes del PP y de Vox.

El miércoles por la noche, 15 personas fueron detenidas por alterar el orden público y enfrentarse a la policía, según la Delegación del Gobierno en Madrid.

Como consecuencia de estas tensiones, más de 1.600 policías se desplegaron de nuevo el jueves en torno al Congreso de los Diputados, completamente acordonado desde el miércoles por las fuerzas del orden.

En este contexto, Sánchez pidió el miércoles a la oposición que sea "responsable" y no aproveche la situación para crear tensión en las calles.