Los centros de detención de migrantes en la mira tras la tragedia en Ciudad Juárez

Tras un incendio que le costó la vida a  39 migrantes en Ciudad Juárez, al noroeste de México. Surgieron críticas de las condiciones inhumanas en la que viven las personas en el centro de detención ubicado sobre la frontera de Estados Unidos.  Según organizaciones humanitarias, violan sus derechos y los exponen a circunstancias peligrosas e inseguras.

"México reconoce que migrar no es un delito, sin embargo, la consecuencia de estar de manera irregular en el país es ir a un centro de detención de migrantes, donde se les priva de la libertad hasta que se resuelva su situación", dijo a Télam Erika Guevara, directora para las Américas de Amnistía Internacional (AI), quien denunció el uso "sistemático" de estos lugares.

El pasado lunes, 18 guatemaltecos, siete salvadoreños, siete venezolanos, seis hondureños y un colombiano fallecieron tras un incendio en una estancia provisional ubicada en esta urbe fronteriza, a la que son llevados quienes no logran comprobar su estancia legal en el país.

A diferencia de las estaciones migratorias, donde las personas pueden permanecer hasta 15 días hábiles -prorrogables en ciertos casos a 60-, en las estancias el período máximo de permanencia es de 48 horas o una semana hasta que se defina su situación, que mayoritariamente suele terminar en deportación.

Según la Fiscalía mexicana, el siniestro fue originado por migrantes que prendieron fuego a unas colchonetas como protesta ante el temor de ser expulsados.

No obstante, un funcionario federal mexicano dijo bajo anonimato al diario Los Ángeles Times que el motivo de la protesta era que los 68 hombres presentes estaban en una celda con capacidad para no más de 50, sin acceso a agua potable.

La falta de estándares mínimos para estos centros es denunciada frecuentemente por diversas organizaciones de la sociedad civil, que reportan en sus informes hacinamiento, falta de acceso a alimentos y agua potable, espacios sin luz solar ni posibilidad de salir al aire libre, así como la dificultad de acceder al derecho a la salud o al de comunicarse con familiares o tener representación jurídica para apoyar sus casos.

Unas condiciones que contrastan con las reglas gubernamentales emitidas en 2012 para estos lugares, que ordenan alimentación adecuada, protocolos de higiene y "resguardo y protección de las personas y del inmueble".

"Hay también constantes alegaciones de malos tratos, insultos y amenazas por parte de las autoridades y guardias de seguridad", agregó Guevara y precisó que muchas veces las personas desconocen los motivos y el tiempo que durará su detención.

Los casos

Tal fue el caso del marido de la venezolana Viangly Infante, herido leve durante el incendio, quien fue arrestado el lunes en las calles de Ciudad Juárez durante un operativo de las autoridades migratorias pese a tener permiso de residencia.

"No le habían dejado abrir su Gmail donde tenía sus papeles, así que me dice que suba yo para mostrar el físico y demostrar que nosotros somos un núcleo familiar y que estamos legales acá", dijo la mujer de 31 años al diario El País.

"Llegué con mis tres hijos y me dejaron esperando todo el día y nunca me lo soltaron, me dijeron solo 'sí, ahorita'. Hasta que comenzó el incendio", añadió.

Ante el avance del humo, el personal migratorio evacuó a las mujeres y niños instalados en el área de las familias, situada en unas carpas al lado del centro. Angustiada por los gritos y golpes que daban los hombres encerrados en la celda del lugar, Infante les preguntó por qué no les abrían las puertas, pero la única respuesta que obtuvo fue, según relató, "ellos se están quemando". (Télam)