Familiares de colombianos asesinados buscan “desmantelar la impunidad”

"Abrir un camino para todas las víctimas de falsos positivos" y "desmantelar la impunidad" forman parte de los objetivos de los familiares de las víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas de Colombia, que esta semana presentaron una querella contra el expresidente Álvaro Uribe ante la Justicia argentina.

"Lo que me da fuerzas para estar aquí es saber que abrimos un camino para todas las víctimas de falsos positivos, y para que otros hijos puedan disfrutar de los abrazos de sus padres, ya que el Ejército me arrebató el mío", dijo Laura Piña, hija de Álvaro Adolfo Piña, un taxista y pintor automotriz que fue asesinado por las fuerzas de seguridad y forma parte de las más de 6.000 víctimas de "falsos positivos" en Colombia.

La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia, un tribunal especial surgido tras los acuerdos de paz de 2016 con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), cifró en febrero de 2021 en 6.402 las ejecuciones extrajudiciales cometidas por las fuerzas del orden, quienes hacían pasar a las víctimas, sobre todo campesinos e indígenas, por guerrilleros para obtener pagos especiales y reconocimiento militar afirmando que se trataba de milicianos caídos en combate.

"Estamos aquí para visibilizar y así desmantelar la impunidad y el negacionismo que hay en nuestro país", afirmó Piña en diálogo con Télam en Buenos Aires.

"A mi papá le ofrecieron una oportunidad de trabajo y él aceptó confiando, obviamente, en el Ejército Nacional. Vivíamos en el caribe colombiano, en Barranquilla, al lado del sol y del mar. Lo asesinaron por la espalda, junto a otra persona, y la hicieron pasar como muertos en combate", contó la joven atlanticense.

Varios militares en retiro han contado cómo convencían a los jóvenes con ofertas de trabajo para luego asesinarlos a cientos de kilómetros de sus hogares.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, definió recientemente la práctica como un "genocidio" y la calificó como el "peor crimen contemporáneo", después de pedir perdón en nombre del Estado, junto a otros funcionarios, por estas ejecuciones extrajudiciales.

"Las mujeres de mi familia empezaron la búsqueda. Logramos encontrar el cuerpo de mi papá, pero todavía hay muchísima gente que sigue desaparecida en Colombia, y esa fue una política que se extendió en todo el país", contó Piña que, con una bandera colombiana anudada al cuello, participó el jueves pasado de la ronda de las Madres de Plaza de Mayo alrededor de la Pirámide de Mayo.

Para la joven, "caminar junto a estas mujeres luchadoras" era un sueño. "Hoy me llena de esperanza y fortaleza estar acá para vencer lo que veía como algo inalcanzable", relató.

Algunas víctimas cambiaron su identidad en la presentación de la querella por razones de seguridad, como es el caso de María Camila Mendoza, de la Sierra Nevada de Santa Marta, en el norte de Colombia, una de las zonas más complicadas por la inseguridad del conflicto armado y las actividades ilegales.

"Quisiera ya no buscar, ya no esperar a mi hermano en la puerta de mi casa", relató a Télam la mujer, hermana de Pablo Mendoza. "Mi hermano era un jovencito de 17 años, al que le apagaron su voz y le cegaron sus sueños", lamentó.

Por su parte, Sebastián Escobar, coordinador del equipo penal de la organización de derechos humanos colombiana Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (Cajar), que acompañó a Piña y a los demás familiares en la denuncia contra Uribe (2002-2010), explicó por qué eligieron Argentina.

"Argentina tiene una particularidad y es que su Constitución reconoce el principio de derecho 'jurisdicción universal', que permite que las víctimas de crímenes internacionales puedan acceder a la justicia para pedir que se investigue y se juzgue a los perpetradores de estos casos", señaló a Télam el abogado. (Por Paloma García- Télam).