Con movidas judiciales, Guatemala transita una transición inusual

Antes y después de su triunfo en segunda vuelta, Arévalo debió soportar un virtual asedio de parte del Ministerio Público (MP) que le sacó la personería al triunfante Movimiento Semilla, pidió que le quiten la inmunidad que tiene como diputado, cuestionó al Tribunal Superior Electoral (TSE) y finalmente pidió que se declaren nulos los comicios.

Aunque la fiscal general, Consuelo Porras, declarada “corrupta” por Estados Unidos, explique que el MP solo está cumpliendo su deber de investigar, Arévalo denunció de modo permanente que se orquestaba un golpe de Estado para no dejarlo asumir y culpó de la maniobra a lo que llama “el pacto de corruptos”, que se vería afectado por su gestión.

“El ‘Pacto de Corruptos’ -donde se condensan las fuerzas antidemocráticas- teme perder el monopolio del poder. Sabe que un rayo luminoso de democracia atenta contra la impunidad de su régimen corrupto. Por la experiencia 2015-2019, sabe que un Estado de derecho pleno atenta contra sus privilegios”, evaluó, en coincidencia con Arévalo, el excanciller Edgar Gutiérrez.

Analista, asesor en estrategia, responsable del primer diseño y la instalación de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Gutiérrez señaló a Télam que “por eso esos sectores han saboteado tan desesperadamente esta transición, como si se tratara de su propia supervivencia”.

La última apuesta del MP fue hace dos semanas, cuando consideró que debían anularse los comicios por fallas en las actas, pero el TSE rechazó de inmediato esa chance y declaró “irreversibles” los resultados.

La advertencia, casi inmediata, de parte de Estados Unidos, la Unión Europea, el Mercosur, la OEA y la ONU de que se estaba ante un intento de ruptura del orden constitucional funcionó también como un reaseguro de que Arévalo se pondrá el 14 de enero la banda presidencial.

No alcanzó, siquiera, la afirmación de Porras acerca de que cumpliría su “obligación, le guste a quien le guste, lo acepte quien acepte, no sólo por mandato de ley, sino por mandato del de allá arriba (Dios)”.

Se supone que sí seguirá adelante la causa en la que se investiga si hubo irregularidades en el proceso de afiliaciones de Semilla y en su financiamiento.

Gutiérrez definió a ese “Pacto de corruptos” como “una alianza informal de la nomenclatura política, las elites burocráticas, rancias oligarquías que se mueven en las sombras y grupos del crimen organizado, que poco a poco se hacen dueños de grandes porciones de la economía y el aparato estatal”. (Télam)