Marcieri apuntó contra el Gobierno nacional por “avalar una situación irregular” en la toma

La situación en la toma en el macizo ubicado en la calle Piccirilli al 1100 suma novedades a diario. Mientras que una solicitud de la Justicia instó a la Provincia a realizar un diagnóstico sociosanitario de los menores de edad presentes en la ocupación ilegal, la secretaria de Protección Ciudadana, Alejandra Marcieri, habló con el ciclo radial “Último Bondi” (104.1 Tandil FM y por Eco TV) y apuntó contra el Gobierno nacional de “avalar una situación totalmente irregular” como fue la colocación del terreno dentro del Renabap.

La decisión tomada por los representantes de Unión por la Patria el pasado 6 de diciembre, a días de dejar el Gobierno , de colocar los terrenos pertenecientes a Daniel Moauro dentro del Registro Nacional de Barrios Populares es un punto de quiebre en el conflicto irresoluble que tiene la ciudad. La situación se tornó más complicada para el propietario de la tierra tomada cuando, este mes de junio, un funcionario libertario de apellido Pareja decidió avalar esa decisión.

“Es una situación que realmente es incoherente”, afirmó Alejandra Marcieri en diálogo con este medio sobre dicha disposición tomada por los representantes del gobierno libertario. Luego añadió: “La Libertad Avanza pone como eje central, hasta de su campaña para llegar a la presidencia, el respeto y la inviolabilidad de la propiedad privada y ahora están avalando una situación totalmente irregular llevada adelante por Unión por la Patria. Es de mínimo inentendible”.

Esta situación es una de las principales causas de la preocupación en aumento de los vecinos de la toma y también de otros lugares que tienen a su alrededor barrios populares. A lo que la secretaria de Protección Ciudadana indicó: “Es totalmente lógico porque vos te imaginas que esto se puede dar en otro momento, en otro barrio, extenderlo de manera arbitraria y cualquier terreno de cualquier vecino que esté cerca de la zona puede llegar a ser Renabap. Es un es una locura”.

No obstante, la funcionaria dejó en claro la postura en contra de la toma del Municipio de Tandil al afirmar que “rechazamos cualquier tipo de acción que vaya en contra de la propiedad privada”. A su vez señaló que el compromiso asumido por el Gobierno local es de trabajar para mejorar la calidad de vida de los vecinos con políticas públicas que incluyan a todos. 

“Es la postura que venimos sosteniendo desde el momento uno, no desde esta toma, sino en todas las tomas que se han venido dando. Hemos venido trabajando desde hace años para desalentar estas situaciones”, afirmó Alejandra Marcieri.

Desalojo, urbanización y economía

Según un relevamiento ordenado por el poder Judicial y realizado por la comisaría Segunda, hasta el día de ayer se llevaban contabilizadas un total de 144 familias viviendo en la toma. Un número que ha ido en crecimiento y que deducen que será todavía más importante una vez se concrete el relevamiento en su totalidad.

Este aumento constante que ha tenido la ocupación ilegal ha ido acrecentando la sensación de negatividad de los involucrados a la hora de pensar en un desalojo, tal como solicitaron los vecinos del macizo en las últimas horas mediante una carta al Concejo y a la propia Justicia. 

Respecto al tema, la funcionaria explicó que en caso de darse el desalojo, el protocolo para el mismo lo va a establecer la Justicia junto con las fuerzas de seguridad, mientras que desde el Gobierno municipal se realizarán acciones de apoyo complementarias.

“La vez que estaba dictado el desalojo, al Municipio le pidieron acompañamiento en relación a la presencia de trabajadores sociales para relevar las situaciones de vulnerabilidad habitacional en los cuales podrían quedar en caso de hacer el desalojo. Cuestiones ligadas a la salud, a cortes de tránsito, cuestiones operativas, maquinarias para para trabajar en el lugar en caso de tener que hacer algo en el terreno. Es una cuestión colaborativa”, contó Marcieri.

A su vez, señaló que la preocupación que tiene el Ejecutivo local es sobre el futuro si no se dictamina el desalojo y se avanza con un proceso de urbanización. “¿Quién va a afrontar los gastos de urbanización? Son gastos millonarios que el Estado municipal no puede afrontar sin dejar de hacer cosas que tiene planificada para el resto de la ciudad y que, en muchos casos, también son prioridades”, aseveró.

Esta postura deja de manifiesto el deseo del Ejecutivo local de que esto no suceda para no tener que afrontar estos gastos ya que considera injusto el hecho de quedarse sin presupuesto para cubrir otras demandas y necesidades de vecinos de la ciudad. 

Si bien la Ley de Hábitat previene que en estos contextos se realice la creación de un fideicomiso, el temor de Marcieri como represente del Gobierno local se hace presente a partir de que estas cuestiones muchas veces recaen en los municipios. 

“Esperamos que la justicia determine y se le pueda entregar este bien a su legítimo dueño, que es un privado, para que esta metodología no siga afianzándose en nuestra ciudad como una manera de llegar a obtener un terreno”, concluyó la funcionaria.