El Oído agudo
COMPETENCIA DESLEAL
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La jornada del viernes transitó entre la incertidumbre, la ansiedad y la intensa actividad en los grupos de Whatsapp en los que participan los comerciantes de la ciudad. Todos procuraban alguna precisión respecto de las restricciones que entraron en vigencia desde el primer minuto del sábado.
Párrafo aparte, el decreto presidencial recién se difundió pasadas las 22 el viernes, a menos de dos horas de comenzar a regir. En tanto, durante toda la jornada la primera ventanilla de atención de las demandas ciudadanas que, sin dudas, es el Municipio, se limitó a responder que aguardaba las disposiciones nacionales y provinciales, que acataría a ciegas frente a la gravedad de la actualidad epidemiológica y sanitaria.
Resignados al inminente cierre total de sus locales, comerciantes de la ciudad insistieron con una demanda que hace pocos días le habían trasladado a las autoridades locales. En concreto, y en nombre de la igualdad de condiciones, pretenden que se inhabilite la venta de productos no esenciales que exhiben las góndolas de las bocas de expendio de la gran cadena de supermercados que opera en la ciudad.
El fundamento es que mientras los negocios no esenciales tienen vedada la atención al público, en esos gigantes se ofrece ropa, calzados, juguetes, artículos de librería y libros, blanquería, bazar, decoración, muebles, electrodomésticos, jardinería, neumáticos, entre miles de artículos. De este modo, muchos clientes pueden optar por satisfacer sus necesidades en diversos rubros, más allá de los alimentos y limpieza, mientras los comercios tandilenses pierden oportunidades de ventas.
Según anticiparon desde Comercios Unidos de Tandil, el concejal de Juntos por el Cambio Mario Civalleri habría trasladado la inquietud al interior del gabinete lunghista, aunque aún no hubo respuestas concretas.
En tanto, en las presentaciones judiciales que concretó la Cámara Empresaria el viernes 14 de mayo, la entidad también realizó el planteo y argumentó que mientras los locales de los rubros no esenciales debían atender a los clientes en la vereda, en los grandes supermercados el público podía revisar góndolas enteras con artículos no esenciales.
HAY ANTECEDENTES
Según informaron medios nacionales, en el conurbano ya hay dos municipios que restringieron las ventas de productos no esenciales en grandes supermercados, con el objetivo de ayudar a los comercios de cercanía. Se trata de Lanús y Tres de Febrero.
En el primer caso, el intendente Néstor Grindetti indicó que la medida rige hasta el 17 de junio, cuando termina este período de confinamiento, y agregó que buscan que los comercios más chicos tengan oportunidades de vender por Whatsapp y redes sociales.
Su par de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, expuso que la acción busca evitar la competencia desleal por parte de los híper y supermercados que tienen sucursales en su distrito.
Más allá de las regulaciones, otra pata importante serán los controles. A nivel local se habló mucho de esta situación que se entiende injusta y los propietarios de los negocios obligados a cerrar buscan que el Intendente reacomode las reglas de juego en estos momentos tan críticos para todos.
EL PRIMER IMPULSO
Esta semana, el Municipio volvió a pedir a la Provincia que autorice las visitas a los hogares de larga estadía cuyos residentes ya tienen el esquema de vacunación completo –dos dosis-, bajo protocolos estrictos.
Cierto es que la Asociación de Geriátricos y Afines regional Tandil insiste, desde el año pasado, con esta cruel realidad, que agrava los cuadros de depresión y angustia en los adultos mayores que siguen aislados en los distintos establecimientos.
Sumado a los reclamos, la semana pasada, en la sesión del Concejo Deliberante, el bloque Integrar impulsó un proyecto de comunicación para que el Comité de Seguimiento del Covid-19 “arbitre los medios pertinentes para implementar un protocolo de actuación en todas las residencias de adultos mayores que posibilite establecer contacto entre los residentes de dichas instituciones y sus familiares y/o allegados”.
Al final del encuentro legislativo, Nilda Fernández dio los fundamentos de la iniciativa y resaltó que tras catorce meses de pandemia, la situación se ha tornado “insoportable” para los adultos mayores que aún no han tenido contacto presencial con sus familiares.
Más allá de las distintas voces que se sumaron en los últimos días, hubo diversas miradas por lo que generó la decisión de la encargada de un geriátrico de permitir el ingreso de las familias, a pesar de que no estaba autorizada. La repercusión a nivel nacional, aunque el acta de infracción corresponde y la decisión de multar es potestad de la Justicia de Faltas, puso sobre la mesa un tema que se venía dilatando. Lamentablemente, el momento epidemiológico conspira y cuesta ser optimista en relación al resultado que puedan tener las gestiones.
CONTRADICCIONES EN LA OTRA VEREDA
Siete días atrás, en esta sección se señalaban las contradicciones en las que incurrían los integrantes del gabinete lunghista a la hora de describir el escenario de la pandemia de la ciudad. Mientras unos señalaban la cruda actualidad que propendía a la necesidad de mayores restricciones para frenar la circulación comunitaria, otros soldados del Gobierno salían por las suyas a considerar que con las restricciones que imperaban (antes de declararse el confinamiento) alcanzaban para controlar la situación.
Los observadores de la realidad, atentos al rol de la dirigencia política vernácula, no tardaron en replicar aquella observación con contradicciones similares en la vereda de enfrente, léase desde la oposición encarnada por el Frente de Todos.
Como también se publicó el domingo pasado, el responsable de la Anses y amigo del concejal Rogelio Iparraguirre, Darío Méndez, no escatimó en críticas contra la gestión de la pandemia por parte del lunghismo, a la cual en un posteo tituló : “Crónica de una gestión agotada”, cuando la Provincia había resuelto ubicar a Tandil en Fase 2.
Lo llamativo es que a las pocas horas, bajo el mismo escenario, la hermana del edil y directora de la Región Sanitaria VIII, Martina Iparraguirre, calificó como “muy inteligente” la decisión del intendente Miguel Lunghi de restringir el horario de cierre de los comercios a las 18.
Las miradas disímiles frente a un mismo asunto por este tiempo se estarían replicando con una frecuencia que descoloca en el Frente de Todos y, en especial, al propio Rogelio Iparraguirre, quien debe liderar el espacio y lidiar con las diferencias expuestas, en algunos casos, más de la cuenta.
Sobre todo al momento de qué y cómo comunicar frente al difícil desafío de ser críticos a la gestión lunghista pero a la vez armoniosos a la hora de conjugar acciones conjuntas y tender puentes con Provincia. Esto le habría generado más de un reproche interno al concejal con aspiraciones a repetir candidatura en el 2023.
Por un lado, cuentan a este Oído, los más cercanos le reprochan el rol activo y la verborragia de su hermana que, pecando de falta de roce político pero muy ensimismada con su especialidad sanitaria, siempre está dispuesta a hablar sin mayores filtros y sin especulaciones políticas, más allá de su clara convicción ideológica.
Por el otro, cual equilibrista, Iparraguirre –el concejal- procura atemperar las críticas por momentos despiadadas de sus máximos aliados, como el caso del citado Darío Méndez.
Quien parece estar sacando ventaja en este delicado equilibrio y escenario, es Federico Martínez, actualmente al frente de la Udai, quien con un perfil más mesurado, parece caer bien en la propia tropa y afuera también, con un trabajo “de hormiga” en el terreno, que genera empatía. Tal vez por ello, es que no pocos ya lo quieran medir a la hora de definir quién encabece la futura lista electoral de las legislativas por venir.
LA SUERTE DE LOS AMPAROS
La semana que se fue tuvo como hecho noticioso los amparos presentados por los padres autoconvocados y por la Cámara Empresaria en representación de sus comerciantes asociados.
Como se informó, ambos planteos tuvieron una suerte similar, con la diferencia que, en el caso del recurso presentado por la entidad camarista, contó con la expectativa que la jueza Silvia Monserrat si bien rechazó la medida cautelar sí aceptó el tratamiento del amparo para resolverlo como tema de fondo, aunque claro, con las nuevas decisiones gubernamentales (confinamiento) difícilmente el entuerto tenga otro destino que el “no ha lugar”.
A propósito de las presentaciones, cuentan en los pasillos judiciales que una de ellas, de haber caído en otro juzgado, hubiese tenido un desenlace diferente. A más precisiones, el de las clases presenciales recayó en el juzgado de Garantías 2, a cargo de Stella Maris Aracil, quien rechazó el recurso. Empero, si el mismo planteo caía en la jueza de Familia Silvia Monserrat podía haber tenido otra definición, sobre todo porque la jueza del fuero señalado podría haber puesto a consideración argumentos que hacen a los derechos del niño.
¿ME TOO TANDILENSE?
A propósito de causas judiciales, corre como reguero de pólvora una presentación en el fuero penal cuyo avance generaría una noticia de ribetes escandalosos y de proporciones difícilmente mensurables para la idiosincrasia tandilense, ya que se pondría en tela de juicio la honorable trayectoria de un reconocido vecino que sirvió de musa inspiradora para discursos políticos varios, habiéndose bautizado -incluso- espacios públicos con su nombre.
Salvando las enormes distancias, de proseguir con la instrucción podría considerarse como el “me too” tandilense, aquel movimiento social iniciado viralmente como hashtag en las redes sociales que surgió en el 2017, cuando mujeres coincidieron para denunciar la agresión sexual y el acoso sexual que habían sufrido con el productor de cine y ejecutivo estadounidense Harvey Weinstein.
Trayéndolo al pago, un grupo de mujeres de la ciudad (no menos de siete) se unieron para realizar una presentación judicial contra un reconocido profesor ya retirado. En sus testimonios, las vecinas que hoy superan los 40 años –promedio- aludieron a abusos que habrían padecido cuando adolescentes de parte de dicho docente.
Los testimonios en cuestión fueron recepcionados por agentes judiciales locales, cuyos principales actores se excusaron de intervenir en la eventual causa, habida cuenta de su relación con el denunciado, en muchos de los casos exalumnos del señalado.
Frente a la causa que “quemaba”, este Oído pudo confirmar que la instrucción pasó a una fiscalía temática de Olavarría, donde por este tiempo se estaría evaluando no sólo la consistencia de la denuncia colectiva, sino también hasta qué punto se podría avanzar en una causa penal con una eventual imputación, ya que a primera vista se trataría de hechos que según el Código Penal habrían prescripto, a la hora de especular con un futuro juicio y posible condena.
El caso es muy escabroso, y no se ha ventilado para preservar a las mujeres afectadas, aunque tampoco está claro si, al tratarse de un presunto delito de instancia privada, quieren que se exponga a la opinión pública.
Sí lo han hecho formalmente en la justicia, donde al decir de los consultados, también hay debate sobre la prescripción o no de los hechos denunciados, incluso con la posibilidad de que podría utilizarse una herramienta pocas veces evaluada que sí fue tenida en cuenta en los delitos de lesa humanidad, como resultaron los Juicios por la Verdad, un procedimiento judicial sin efectos penales que se aplicó en el país (incluso en Tandil) ante la imposibilidad de perseguir penalmente a los responsables de los crímenes perpetrados durante la última dictadura cívico-militar (1976-1983), frente a la sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y a los indultos a los integrantes de las Juntas militares.
